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	Espartaco No. 41	Junio de 2014

“Reforma” migratoria e hipocresía liberal

La maquinaria de deportaciones de Obama

¡Plenos derechos de ciudadanía para todos los inmigrantes!

El siguiente artículo fue traducido de Workers Vanguard No. 1044 (18 de abril), periódico de nuestros camaradas de la Spartacist League/U.S.

Cualquier día de estos, el gobierno de Obama se anotará el triunfo de haber realizado dos millones de deportaciones, superando por mucho a sus predecesores en la Casa Blanca. Sin duda, este acontecimiento no se festejará con globos y desfiles, ni con un baile de gala en la Casa Blanca al que asistan J. Lo, Rosario Dawson y Carlos Santana para remozar las credenciales de Obama como “amigo” de los latinos. En lugar de esto veremos la característica hipocresía refinada que enorgullecerá a los maestros de Obama de la escuela de Derecho de Harvard. Este talento quedó de manifiesto en la reunión que el presidente celebró el 13 de marzo con congresistas latinos, en la que habló de su “profunda preocupación por el dolor que demasiadas familias sufren al verse separadas por nuestro averiado sistema de migración”. Esto lo dijo mientras la furia que han producido las deportaciones y el que Obama no haya cumplido su promesa de garantizar ni siquiera la más mínima protección a los indocumentados le valían el título de “deportador en jefe”, concedido por Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza.

Hace tres años, Obama lanzó la misma charlatanería de supuesta empatía al anunciar que alteraría su política enfocándola a deportar a aquéllos que hubieran cometido “crímenes graves”. En realidad, de los 368 mil hombres, mujeres y niños que fueron deportados el año pasado, 152 mil no tenían sentencias condenatorias. De entre el tercio de ellos que calificaban como delincuentes, había gente condenada por crímenes tan “graves” como haber llenado un formato de impuestos falso o el no haber comparecido ante un tribunal, así como, claro está, los atrapados en la racista “guerra contra las drogas”. De acuerdo al programa Operation Streamline que en 2005 adoptó el gobierno republicano de Bush, todo intento que hagan los deportados por reingresar al país para reunirse con sus familias se considera un delito que puede acarrear sentencias de hasta 20 años en una prisión federal. Esos casos de reingreso explican la mitad del crecimiento total de las condenas federales desde 1992.

Una consecuencia de la embestida antiinmigrante de Obama ha sido el aumento del encarcelamiento masivo que él y el Procurador General Eric Holder tantas veces han declarado querer reducir. Subrayando dramáticamente la tragedia de los inmigrantes presos, cientos de reclusos en el Centro de Detención del Noroeste, en las afueras de Tacoma, Washington, junto con detenidos en Texas, han estallado una serie de huelgas de hambre protestando tanto por las deportaciones como por sus condiciones miserables, que incluyen la obligación de trabajar por un dólar al día. El Centro de Detención del Noroeste, operado por la compañía privada Grupo Geo, forma parte de una red nacional de instalaciones carcelarias destinadas a recluir a los futuros deportados.

Como reportó el Guardian de Londres (10 de abril), una orden del Congreso conocida como el “mandato de las camas” exige al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (I.C.E., por sus siglas en inglés) que retenga en custodia a 34 mil detenidos al día. Sin embargo, continúa el artículo, “el endurecimiento de los controles fronterizos y la precaria economía han reducido los cruces ilegales a su punto más bajo en décadas”, obligando al I.C.E. y a la Patrulla Fronteriza a esforzarse para mantener la cuota que se les pide. Si bien el número de gente que intenta cruzar a Estados Unidos desde México sin papeles ciertamente ha disminuido en los últimos años, recientemente ha aumentado el número de inmigrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras que intenta cruzar, incluyendo muchos niños.

Como resultado de la cuota mínima de detenidos que se exige, las redadas han barrido con personas como Ramón Mendoza Pascual, un hombre de 37 años originario de México que entró a Estados Unidos sin papeles hace 20 años y que hoy está en huelga de hambre en el estado de Washington. Albañil y padre de tres hijos, todos ellos ciudadanos estadounidenses, Mendoza fue arrestado el año pasado por conducir en estado de ebriedad, aun cuando su coche estaba estacionado. Aunque los cargos contra él fueron retirados, quedó marcado para la deportación debido a una condena previa por algo similar.

El 13 de marzo, la Casa Blanca anunció que el secretario de Seguridad Interna, Jeh C. Johnson, encabezará una revisión de la política de control migratorio del gobierno para ver si ésta puede ser “más humanitaria dentro de los límites de la ley”. Esta promesa tendrá un efecto similar al que tuvo el despliegue de indignación moral del senado con respecto a las técnicas de tortura de la CIA. Bajo el capitalismo, son las necesidades económicas de los gobernantes burgueses lo que fundamentalmente impulsa las leyes migratorias. Como decimos en la “Declaración de principios y algunos elementos de programa” de la Liga Comunista Internacional (Spartacist No. 29, agosto de 1998):

“El capitalismo moderno, es decir, el imperialismo, que alcanza todas las regiones del planeta, en el curso de la lucha de clases y conforme la necesidad económica lo exige, introduce al proletariado por sus estratos más bajos nuevas fuentes de mano de obra más barata, principalmente inmigrantes de otras regiones del mundo, más pobres y menos desarrolladas; trabajadores con pocos derechos que son considerados más desechables en tiempos de contracción económica. Así, el capitalismo, en forma continua crea estratos diferentes entre los obreros; mientras, simultáneamente, amalgama obreros de muchas tierras diferentes”.

Muchos migrantes huyen de su patria para escapar de la pobreza devastadora y la brutal represión que resulta del saqueo imperialista. Afirmamos que quienes hayan logrado llegar a este país deben tener los mismos derechos que aquéllos que ya estaban aquí. Lo que exigimos son plenos derechos de ciudadanía para todos los inmigrantes, desde el derecho al voto y el derecho a un pasaporte hasta el pleno acceso a la atención médica, educación bilingüe y lo que queda de la roída “red de seguridad” social. ¡Ninguna deportación! ¡Libertad a los detenidos!

Los marxistas no buscamos recomendarle a la burguesía una política migratoria distinta, lo que significaría aceptar los límites de un sistema basado en la explotación y la opresión. Nuestra lucha es por unir a la clase obrera, al frente de todos los oprimidos, en el combate por una revolución proletaria que expropie a la burguesía como clase y comience la reconstrucción socialista de esta sociedad. En este esfuerzo, los trabajadores inmigrantes, que representan un vínculo viviente con las luchas sociales y de clase en sus países de origen, serán recibidos como camaradas.

La estafa de la “reforma”

Daríamos la bienvenida a cualquier medida que aliviara en alguna medida real la opresión antiinmigrante. Pero las diversas propuestas de “reforma” que se discuten en el Congreso no ofrecen alivio alguno, sino sólo una estafa. La pieza central de estos esfuerzos es la Ley del Senado 744 (S. 744), que Obama inspiró y que promete un “camino a la ciudadanía” que parece un paseo por el pavoroso Bosque Embrujado de los cuentos de hadas. Plagado de obstáculos legales y financieros prácticamente insuperables, el proceso de trece años no ofrece a los once millones de inmigrantes indocumentados más que una exigua posibilidad de amnistía al final de su calvario.

Mientras Obama presume de haber puesto “más botas sobre el suelo de nuestra frontera sur que nunca antes en nuestra historia”, la ley destina 40 mil millones de dólares para otros 20 mil agentes fronterizos y más de mil kilómetros adicionales de barda fronteriza, prometiendo más detenciones y juicios contra quienes crucen ilegalmente. Lo que esto logrará será cambiar nuevamente las peligrosas rutas que los mexicanos y centroamericanos desesperadamente pobres toman para cruzar, produciendo más muertes por ahogamiento, deshidratación y agotamiento, así como por los asesinatos de la Patrulla Fronteriza.

Los apologistas de los demócratas de Obama justifican esta adopción de buena parte del programa de control fronterizo de los dementes del racista Tea Party como una pieza de negociación en el juego de la “reforma” legislativa bipartidista. El mes pasado, la dirigente demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, presentó una “petición de descargo” para forzar la votación de la S.744, que aprobó el senado en Junio de 2014 pero que la dirigencia republicana en la Cámara ha logrado suprimir. Sin ninguna esperanza de éxito, la maniobra de Pelosi no tenía otro fin que reforzar la falsa imagen de los demócratas como amigos de los inmigrantes, al subrayar la abierta xenofobia racista de sus oponentes republicanos. Esta política del mal menor les funcionó bien a los demócratas en 2012, cuando Obama, que en su primer periodo presidencial había pisoteado a los inmigrantes (y no sólo a ellos), consiguió sin embargo el 71 por ciento de sus votos.

Ahora, tras haber recibido un golpe por el torpe revés de Obamacare, los demócratas sienten la necesidad de apelar cínicamente al creciente voto latino, que en algunos lugares es potencialmente decisivo. Sin embargo, conforme aumenta el enojo por las deportaciones, la prensa informa que muchos latinos favorables al Partido Demócrata planean abstenerse en las elecciones legislativas del próximo noviembre. Por su parte, muchos dirigentes del Partido Republicano han expresado la necesidad de aumentar su fortuna electoral disminuyendo un poco el veneno que escupen sobre los inmigrantes. Al mismo tiempo, los gobiernos estatales republicanos han adoptado nuevas medidas antiinmigrantes así como leyes contra el “fraude electoral” que afectarán desproporcionadamente el derecho al voto de los latinos y de los negros.

Las protestas que tuvieron lugar el 5 de abril en decenas de ciudades de todo el país subrayaron la desilusión de los latinos con las políticas antiinmigrantes de Obama. En las protestas reinó un ambiente de “todo queda en familia” enfocado en presionar al presidente para que cumpla sus promesas. Una demanda central fue el llamado a que Obama use sus atribuciones ejecutivas para detener las deportaciones. Algunos de los organizadores exigían también que el presidente extendiera más ampliamente la amnistía temporal que se le concede a los “Soñadores”, migrantes indocumentados que entraron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años. Para ser candidatos, los Soñadores deben inscribirse en la escuela o servir en el ejército. De hecho, al aumentar la represión contra los inmigrantes, el actual inquilino de la Casa Blanca no hace sino su labor como el jefe del ejecutivo del Estados Unidos capitalista. Notablemente, Obama tomó posesión en las primeras etapas de una profunda recesión, cuando la necesidad de los capitalistas de mano de obra barata estaba a la baja.

Llamando a Obama a postergar algunas deportaciones, un editorial del New York Times (5 de abril) titulado “Él sí puede, en cuestión de inmigración” básicamente le recomendaba llevar a cabo ciertos aspectos del paquete de “reformas” postergado por orden ejecutiva. Lo que muchos Soñadores han obtenido es una probada de la pesadilla americana. Para más del 40 por ciento de ellos, el permiso de trabajo no conduce a nuevos empleos, y sólo el 45 por ciento reportó algún aumento de sueldo. Muchos de estos individuos carecen de grado universitario y aun de un diploma de bachillerato. Incluso los que tienen un grado académico tienen que trabajar “por debajo de la mesa” porque carecen de historial laboral. Pero Obama ha dejado claro que hasta lo poco que se les concede a los Soñadores está descartado para los demás, afirmando que sus adversarios republicanos en el Congreso lo tienen “atado de manos”.

El movimiento obrero debe enarbolar los derechos de los inmigrantes

El énfasis central de las actuales propuestas legislativas es crear una vasta reserva de inmigrantes completamente vulnerables que paguen grandes sumas de dinero por el privilegio de un empleo miserable sin ninguna protección laboral, sin la seguridad de un estatus migratorio, sin derechos democráticos y sin acceso a ningún tipo de seguridad social. Aunque gran parte de la clase dominante quiere conservar la reserva de mano de obra inmigrante barata y vulnerable, para reducir más los niveles salariales de los trabajadores en su conjunto, el ala más nativista de la burguesía despotrica que la “cultura estadounidense” —es decir, la cultura protestante anglosajona— está siendo superada por los que vienen del sur de la frontera. En primer lugar se refieren a México, al que en el siglo XIX Estados Unidos le robó más de la mitad de su territorio, incluyendo Texas. Estos prejuicios tan crudos le permiten a Obama y a los demócratas presentarse como amigos de los inmigrantes.

Con el ojo puesto en aumentar el filo competitivo de las empresas estadounidenses en el mercado mundial, la clase dominante generalmente concuerda en la necesidad de expandir vastamente el número de visas que se concede a las profesiones técnicas. Silicon Valley y las firmas de ingeniería en particular piden a gritos personal capacitado que no pueden reclutar en el país debido en gran medida al lamentable estado de la educación científica y matemática estadounidense. Mientras tanto, los conglomerados de agribusiness se han levantado en armas debido a que el gobierno no expandió los programas de “trabajadores huéspedes”, lo que ha cortado una fuente de mano de obra horriblemente explotada y dejado que la fruta literalmente se pudra en las ramas. Como lo señaló recientemente el New York Times en el artículo “A los granjeros de California les falta mano de obra, y paciencia” (29 de marzo), muchos de estos republicanos de hueso colorado están pensando en dejar de apoyar financieramente al partido debido a su insistencia en expulsar a la mano de obra agrícola inmigrante e impedir que otros inmigrantes más jóvenes la remplacen.

Un informe que presentaron la Sociedad por una Nueva Economía Americana y la Coalición Agraria por una Reforma Migratoria se queja de que la escasez de mano de obra les impide a los granjeros estadounidenses aumentar la producción, disminuyendo así su capacidad de competir en el mercado mundial. El informe le atribuye a la falta de mano de obra una pérdida anual de mil 400 millones de dólares en ingresos agropecuarios. Los voceros liberales justifican ritualmente su apoyo a la ley que permite esclavizar a los trabajadores rurales inmigrantes alegando que son labores que nadie nacido en Estados Unidos querría realizar. La verdad es que se trata de mano de obra calificada que, pese a no recibir casi nada, es difícil de remplazar.

Aunque algunos sindicatos, particularmente en el sector de servicios, tienen un gran componente inmigrante, la burocracia sindical procapitalista en general ve a los obreros nacidos en el extranjero como una amenaza a los empleos sindicalizados que quedan. La primavera pasada, los líderes sindicales y la Cámara de Comercio ayudaron a pavimentar el camino de la ley del senado al redactar un programa que ata el número de visas a las necesidades de empleo, hasta un máximo de 200 mil por año. El fuertemente inmigrante Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, soporte principal de la federación sindical Change to Win [Cambiar para Ganar], también llama a regular las visas de trabajo de acuerdo a “las necesidades de nuestra economía”. El líder de la AFL-CIO, Richard Trumka, también ha acogido el programa E-Verify, una base de datos de todos los que tienen permiso legal para trabajar en Estados Unidos que ha facilitado el despido masivo de inmigrantes, incluyendo a los obreros que participan en campañas de sindicalización.

Desde las empacadoras de carne y los almacenes hasta las construcciones y las granjas de frutas y vegetales, organizar a los trabajadores nacidos en el extranjero será una paso crucial para revivir a los sindicatos tras décadas de guerra unilateral de los capitalistas contra el movimiento obrero. Como escribimos hace 40 años en “Immigration and the Class Struggle” (Inmigración y lucha de clases, WV No. 41, 29 de marzo de 1974):

“Está en el interés de la clase obrera apoyar la lucha de los trabajadores indocumentados por sus derechos, pues de otro modo éstos seguirán siendo usados como un arma contra el resto de la clase obrera. Quienes viven en situaciones desesperadas e ilegales son más difíciles de sindicalizar y deben aceptar salarios inferiores. Por desgracia, el movimiento obrero no siempre ve sus intereses con tanta claridad. Hoy lo dirigen burócratas que no sólo aceptan las ‘reglas del juego’ del capitalismo, que automáticamente toman como algo natural el desempleo y las altas ganancias, sino que las refuerzan activamente...

“De hecho, mientas el movimiento obrero acepte el desempleo, seguirá dividido contra sí mismo. En lugar de luchar por más empleos, luchará contra aquéllos que considere amenazas contra los empleos que tiene. Y los patrones usarán esta lucha muy hábilmente en contra de la clase obrera, rompiendo huelgas y bajando los salarios. La solución de los problemas, tanto de los obreros nacidos en Estados Unidos como de los inmigrantes, consiste en derrocar el sistema que crea desempleo y perpetúa la pobreza”.

Al igual que con la lucha contra la opresión de los negros, que está enraizada en el capitalismo estadounidense, la clase obrera debe combatir activamente los esfuerzos de los patrones por enfrentar a los nativos con los nacidos en el extranjero, una táctica de divide y vencerás que vienen usando desde antes de la Guerra Civil. El movimiento obrero debe combatir todos los casos de discriminación, salarial o de otro tipo, contra los inmigrantes, oponerse a las deportaciones y emprender acciones concertadas para sindicalizar con plenos derechos a los obreros inmigrantes. Estas luchas harían mucho por promover el entendimiento de que el proletariado multirracial y multiétnico tiene intereses de clase propios —contrapuestos a aquéllos de los racistas y chovinistas gobernantes capitalistas—, que deben expresarse políticamente a través de su propio partido de clase, un partido obrero revolucionario que luche por el poder obrero.