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	Espartaco No. 40	Febrero de 2014

EE.UU.: Cacería de brujas asesina

“Delincuentes sexuales” marcados por el estado: Parias de por vida

(Mujer y Revolución)

Traducido de Workers Vanguard No. 1030 (20 de septiembre de 2013).

Durante las últimas décadas, la policía sexual de este país ha capturado a cerca de un millón de personas. Se les encarcela, se les humilla públicamente y se les pone en peligro mediante los registros de “delincuentes sexuales” en Internet, se les rastrea con tobilleras de GPS, se les expulsa de sus propias comunidades y se les obliga a vivir bajo los puentes o en los bosques. Se han convertido en parias sociales, en los leprosos de la actualidad.

Incluso mientras el matrimonio gay —y los boy scouts (abiertamente) gays— son cada vez más aceptados, el esfuerzo de los gobernantes por legislar el sexo y la “moralidad” parece no tener fin. Su más reciente expresión es el frenesí azuzado contra un supuesto brote de incorregibles “depredadores sexuales”, especialmente los que supuestamente tienen como blanco a niños en Internet (es decir, un mundo fantástico) o a través de la pornografía (también pura fantasía). No hay tal epidemia; sin embargo, parece haber un gran número de policías infiltrados al acecho en los chat rooms. Se ha victimizado a miles sólo por mirar pornografía o por intentar comunicarse con otros, por no hablar del sexo consensual con menores, nada de lo cual sería un crimen en una sociedad racional.

Tal como ocurrió con la histeria de los años ochenta y noventa sobre las supuestas redes satánicas de abuso de menores en las guarderías, el depredador de Internet es un mito manufacturado por el gobierno y los medios. Incitando y manipulando el miedo y las actitudes sociales atrasadas, su finalidad subyacente es legitimar y fortalecer los poderes del estado capitalista. Mientras los políticos demócratas y republicanos sermonean sobre “proteger a nuestra niñez”, los imperialistas estadounidenses bombardean a niños en todo el mundo y millones pasan hambre incluso en este país, donde la tasa de mortalidad infantil llega al lugar 51 del mundo.

Entre las innovaciones legales más perniciosas, diseñadas para aumentar el control del gobierno, están las leyes federales que firmó el presidente demócrata Bill Clinton a mediados de los noventa y que le exigen a los delincuentes sexuales liberados que se registren en Internet y notifiquen a la comunidad su paradero. Otro estatuto le exige a las autoridades estatales que transmitan sus datos y huellas digitales al FBI para que éste forme una base de datos nacional. También está el “confinamiento civil”, que permite mantener a los prisioneros recluidos más allá del término de sus sentencias. Con estas leyes, los convictos de delitos sexuales se ven inmersos en un laberinto kafkiano de presunta culpabilidad, ostracismo social, castigos preventivos, miedo y violencia, frecuentemente de por vida.

Para Charles Parker de Jonesville, Carolina del Sur, y para su esposa, registrarse como delincuente sexual fue una sentencia de muerte. En julio, Jeremy Moody halló el nombre de Parker en el registro y ubicó su hogar en un mapa, se dirigió ahí y disparó y apuñaló a la pareja. “No he venido a robarte. He venido a matarte porque eres un abusador de niños”, dijo Moody, quien tiene la palabra “skinhead” [cabeza rapada] tatuada en el cuello. (Parker no había sido convicto por abuso de menores.) Posteriormente, Moody admitió que se preparaba para matar a otra persona que figuraba en el registro.

Un caso de estudio: Los Friedman

Hace poco volvió a las noticias el caso de Arnold Friedman y su hijo adolescente Jesse, documentado en la escalofriante película nominada al Oscar de 2003 Capturando a los Friedman. La película muestra cómo los dos hombres de Long Island, víctimas del abuso policiaco, la histeria de la comunidad y el sesgo judicial, fueron obligados a confesar en falso decenas de casos de abuso de menores que supuestamente ocurrieron en las clases de computación de Arnold, con la ayuda de Jesse. Un amigo adolescente de éste, Ross Goldstein, también fue condenado a trece meses de prisión tras ser obligado a confesar y a hacer acusaciones falsas contra Jesse.

Los cargos de esa cacería de brujas iban desde lo inverosímil hasta lo imposible. Como lo puso Jesse Friedman, un niño de diez años que asistía a las clases semanalmente alegó que había sido forzado a tener sexo anal u oral 30 veces en un periodo de diez semanas y —tras reinscribirse— fue violado 41 veces a lo largo del siguiente año. Entre lo que un cargo describía como abusos en grupo se incluía el “salto de rana”, en el cual Arnold y Jesse supuestamente sodomizaban a toda la clase de niños desnudos saltando de uno al otro. Pese a las historias de violencia física, abuso verbal y sexo forzado frente a toda la clase, no se presentó una sola evidencia: ni moretones ni ropa manchada de sangre. Ni uno solo de los padres expresó la menor sospecha hasta que la policía llegó a sus casas a interrogar a sus hijos.

El único hecho incuestionable es que en 1987 los agentes aduanales interceptaron un paquete dirigido a Arnold Friedman que contenía pornografía infantil, lo que llevó a la policía a allanar el hogar de los Friedman en el suburbio de Nueva York de Great Neck. La policía confiscó unas 20 revistas de pornografía infantil tomadas de varias partes de la casa y una lista de los niños que asistían a las clases de Arnold.

¡Al poseer pornografía infantil, Arnold Friedman no cometió crimen alguno! Fotografías, sexo de fantasía, entretenimiento: la pornografía no hace daño a nadie. ¿Cuántos de nosotros podríamos librarnos de la prisión si los “pensamientos desviados” se castigaran con cárcel? Al contrario de ciertos feministas y de los maoístas del Revolutionary Communist Party [Partido Comunista Revolucionario], quienes quisieran prohibir la pornografía sobre la espuria base de que provoca violencia contra la mujer, nosotros reconocemos que las leyes antipornografía dañan a todos al legitimar la censura y desatar la interferencia estatal en la vida privada. Nos oponemos a las leyes contra la pornografía y a las leyes contra los “crímenes sin víctimas”, como la prostitución, las drogas y las apuestas. ¡El gobierno debería sacar los ojos, oídos y narices de las alcobas y de las vidas privadas de la gente!

Según la retorcida lógica que esta sociedad promueve, Arnold Friedman, espectador de pornografía, debía ser por lo tanto un abusador de menores, por lo que fue condenado a una sentencia de diez a 30 años de prisión y murió en la cárcel en 1995, aparentemente por suicidio. Jesse recibió una sentencia de seis a 18 años tras las rejas. Lo liberaron en 2001 después de trece años, sólo para que comenzara una cadena perpetua de persecución legal y social.

Ya antes de que comenzara el juicio, las autoridades promovieron la noción de que cada uno de los estudiantes de Arnold debía ser considerado una víctima. Cientos de padres de familia histéricos se apiñaron en reuniones comunitarias exigiendo asesoría sobre cómo ayudar a sus hijos. Se les dijo que fueran a terapia. Años después, muchas supuestas víctimas testificaron respecto al terrible daño que sufrieron ellos y sus familias cuando el estado los obligó a inventar historias, y luego por la subsiguiente “terapia” basada en esas ficciones.

En 2013, la oficina del mismo fiscal que condenó a los Friedman revisó el caso en respuesta a una acusación de calumnia que el Tribunal de Apelaciones del II Distrito emitió en 2010. El tribunal escribió: “Aquí las actas indican una ‘probabilidad razonable’ de que Jesse Friedman fuera injustamente sentenciado”. Para la revisión de la fiscalía, Ross Goldstein (a quien los documentos legales se refieren como Kenneth Doe) habló por primera vez en 23 años. En un documento de nueve páginas dirigido al fiscal de distrito, afirmó: “Ninguno de los sucesos que Kenneth Doe supuestamente describió o que se atribuyen a él tuvo lugar en realidad”. Goldstein reunió a numerosos ex alumnos que hoy afirman que en las clases no ocurrió absolutamente nada y que la policía los intimidó para que rindieran falsos testimonios. Sin embargo (predeciblemente), el resultado del autoexamen fue que la oficina del fiscal se absolvió a sí misma de cualquier falta en el proceso.

La sexualidad infantil y el estado

El caso Friedman, una tragedia incesante para toda una familia, subraya varias cuestiones políticas importantes. El enfoque de la Spartacist League deriva de nuestra concepción marxista del mundo y nos enfrenta con el moralismo burgués y con frecuencia también con muchos grupos autodenominados socialistas. La sexualidad humana es muy amplia, pero su práctica está condicionada por cada sociedad particular. La sociedad burguesa estadounidense, con su componente de fanatismo religioso, destina una cantidad considerable de energía a delimitar los apetitos sexuales en nombre del orden social. Con sus policías, jueces y prisiones, la intervención del estado en las relaciones sexuales privadas tiene como fin imponer la moralidad que profesa la burguesía, y con frecuencia transforma una experiencia inofensiva y muchas veces positiva en una pesadilla. El estado burgués no es ni un árbitro neutral ni un protector de la ciudadanía; existe para asegurar la conservación del dominio capitalista.

La premisa de muchas leyes contra el sexo es que los niños son seres asexuales. De manera absurda, los púberes y los adolescentes con las hormonas desbocadas son considerados niños. De hecho, la sexualidad es parte de la constitución humana desde la infancia. Como discutimos con amplitud en el artículo “Unholy Alliance of Feminists and Christian Right—Satan, the State and Anti-Sex Hysteria” (La impía alianza de los feministas y la derecha cristiana—Satanás, el estado y la histeria antisexo, Women and Revolution No. 45, invierno-primavera de 1996), los niños son pequeños animales inquisitivos que en su camino a la madurez llevan a cabo experiencias y observaciones sexuales y de todo tipo. Tal como ocurre con otras especies de primates, el sexo entre los humanos tiene un amplio componente de aprendizaje. Hoy, en gran parte del país se le niega a la juventud el acceso oportuno a los métodos anticonceptivos y a la educación sexual, dejándola vulnerable a los embarazos no deseados y a las enfermedades de transmisión sexual. Si intenta actuar como la televisión e Internet le enseña, se mete en problemas.

Las leyes contra el estupro varían mucho de un estado a otro, pero todas criminalizan toda actividad que un tribunal considere sexual por el solo hecho de que un menor (alguien que no haya llegado a la “edad de consentimiento”) participe en ella, independientemente de si lo que suceda sea o no consensual. La ley mezcla deliberadamente el sexo consensual con el ataque sexual violento y con la violación. Cualquiera que sea hallado culpable de haber tenido sexo con un menor, o cualquier cosa considerada contacto sexual, se considera automáticamente un delincuente violento. La designación “depredador” puede aplicarse cuando un tribunal decide que una relación fue establecida o promovida con fines de “victimización”.

El único lineamiento para cualquier relación sexual debería ser el consentimiento efectivo —es decir, el entendimiento mutuo de las partes participantes— independientemente de la edad, el género o la preferencia sexual. Sin duda, determinar incluso lo más básico —por ejemplo, si un acto tuvo lugar realmente y si fue consensual— puede ser problemático a veces. Y ciertamente hay muchos casos en que la víctima de una violación o de un abuso violento puede recurrir a la ley. Al mismo tiempo, como alguna vez comentó el dramaturgo irlandés Brendan Behan en un contexto diferente: “Nunca he visto una situación tan terrible que un policía no pueda empeorar”. Además, desentrañar las cuestiones de la sexualidad humana del entramado de prejuicios sociales es casi imposible en esta sociedad dividida en clases y razas. Libre de la crueldad y la fría indiferencia que resultan de la búsqueda de ganancia, una sociedad socialista buscaría un enfoque científico a estas cuestiones difíciles.

Enciérrenlos...

Las leyes antisexo han creado una enorme masa de blancos potenciales, alimentando pesquisas con vastas sumas de dinero para trabajo encubierto y alentando procesos fraudulentos mediante el uso de oscuras invenciones siquiátricas y “testigos expertos”. En consecuencia, cada vez más víctimas caen en las fauces del sistema carcelario estadounidense, que ya es el mayor del mundo. Las cifras de la guerra contra los “depravados” sexuales se suman a las de la anterior “guerra contra el crimen” y a la continua “guerra contra las drogas”, eufemismos para nombrar la persecución legal racista que ha cuadruplicado la población carcelaria a cerca de 2.2 millones de personas al día de hoy, de las cuales casi la mitad son negras.

Desde los años setenta hasta hoy, el número de personas encarceladas como delincuentes sexuales se ha multiplicado. El libro Sex Panic and the Punitive State (Pánico sexual y el estado punitivo, University of California Press, 2011), de Roger N. Lancaster, aporta una investigación útil que describe el desarrollo de estos pánicos y muestra con precisión cuán vasto es el archipiélago de víctimas de la persecución sexual estatal. Lancaster escribe: “Nacionalmente, los casos reportados de abuso infantil saltaron de seis mil en 1976 a 113 mil en 1985 y a 350 mil en 1988: la cifra se multiplicó 58 veces en doce años”. Apuntando al terror irracional al “desconocido que acecha”, en un artículo publicado en el New York Times del 20 de agosto de 2011 titulado “Sex Offenders: The Last Pariahs” [Delincuentes sexuales: Los últimos parias], señaló: “El riesgo de que un niño sea asesinado por un depredador sexual desconocido es comparable al de morir fulminado por un rayo”. Lancaster también señala que “la mayoría de los perpetradores de abusos sexuales son miembros de la familia, parientes cercanos, amigos o conocidos de la familia de la víctima”.

Las cacerías de brujas antisexo han sido usadas para deshacerse de elementos básicos que los estadounidenses habían aprendido a considerar inherentes a la democracia, así como la “guerra contra el terrorismo” ha destripado toda una gama de derechos constitucionales. Como puede verse en el caso Friedman, lo primero que se pierde es la privacidad, seguida de la presunción de inocencia, cuando los acusados son satanizados. Luego se marca a los convictos de por vida. Hoy, cerca de 750 mil personas están en el registro de Internet que instituyó la “Ley Megan” de la era Clinton, promulgada tras el brutal asesinato de la pequeña Megan Kanka de siete años en un ataque sexual en 1994.

Al salir de la cárcel, Jesse Friedman —quien para empezar no había hecho nada— fue clasificado como “depredador sexual violento nivel III”, es decir, como alguien en alto riesgo de reincidir y como una amenaza a la seguridad pública. Como tal, tuvo que abandonar su casa tres veces. Con respecto a las restricciones de residencia, que le prohíben la proximidad con niños, escribió en su página web: “Si miras un mapa, te darás cuenta de que eso significa prácticamente cualquier parte. En algunos estados y ciudades se me prohibiría estar en cualquier lugar ‘donde se sabe que los niños se congregan’, incluyendo bibliotecas, museos, acuarios, playas e incluso eventos deportivos públicos”. “La Ley Megan”, escribió, “es el exilio social”.

Otros miles han sido convertidos en parias de manera similar. En Southampton, un destino vacacional para las celebridades neoyorquinas y los tiburones de Wall Street, unos 40 hombres convictos de diversos delitos sexuales se ven obligados a vivir en dos tráilers alejados de los centros habitados. Sólo uno de los tráilers tiene regadera y los que viven en el otro tienen que tomar el autobús dos veces por semana para ducharse.

La novela agudamente realista de Russell Banks, Lost Memory of Skin (La memoria perdida de la piel, HarperCollins, 2011), explora el horrendo mundo de los nuevos parias. El héroe es un joven tímido e ingenuo al que se le llama “el Chico”, cuyo fiel compañero y único amigo es su iguana Iggy. El Chico va a conocer a “brandi18”, con quien había tratado sólo por Internet, sólo para encontrarse con que en casa de ella lo esperan el padre de Brandi y cinco policías. Tras ser arrestado y condenado, se halla a sí mismo sin hogar, viviendo bajo un puente junto a otros “delincuentes sexuales”, pepenando comida de los basureros. En nombre de políticos que buscan un encabezado de prensa, la policía allana incluso ese lugar diminuto, sucio y semioculto, con resultados trágicos. A estos hombres del puente se les obliga implacablemente a recargar constantemente sus tobilleras de monitoreo:

“Toma media hora cargar completamente la batería del monitor, y durante esa media hora el Chico se siente íntimamente conectado a los demás millones de delincuentes sexuales, jóvenes, viejos y de otras edades...todos los cuales han conectado sus tobilleras electrónicas a contactos y están sentados en alcobas, salas y sótanos de casas, apartamentos y remolques, en estacionamientos, refugios de indigentes, parques públicos, aeropuertos, estaciones de tren, salas de espera, oficinas, en las trastiendas de restaurantes de comida rápida, bajo pasos a desnivel y puentes peatonales —como si todos ellos fueran hojas temblorosas en las ramas grandes y pequeñas de un vasto árbol eléctrico cuya sombra cubriera todo el país—”.

...y tiren la llave

Las diversas leyes estatales y federales de “confinamiento civil” que se han aprobado desde 1990 son una burla de la noción de “cumplir tu sentencia” y de la pretendida rehabilitación. Por ejemplo, la “Ley Adam Walsh de Protección y Seguridad de los Niños” de 2006 posibilita la detención indefinida de cualquier prisionero federal —incluso si nunca ha sido convicto de ningún delito sexual— que haya cumplido su sentencia pero sea considerado mentalmente “anormal” y se crea probable que cometa algún delito sexual en el futuro.

En el artículo “When the Feds Decide Who’s Sexually Dangerous” [Cuando los federales deciden quién es sexualmente peligroso], publicado en The Atlantic (20 de mayo de 2010), Wendy Kaminer señala: “Quienes confían en la burocracia federal y creen que los funcionarios usarán su poder adecuadamente, con imparcialidad y buena fe, pueden sentirse protegidos por él; a los demás debe preocuparles que el gobierno pueda detener ciudadanos indefinidamente, sin juicios con jurado, basándose en especulaciones sobre su futura peligrosidad”. Díganselo a los prisioneros de Guantánamo.

Bajo algunas leyes estatales, los sometidos a confinamiento civil pueden tener derecho a un proceso ante un juez, pero no a un juicio con la posibilidad de preparar una defensa. La mayoría no recibe “tratamiento” y prácticamente nadie obtiene algo de él. ¡Incluso se dio el caso de un hombre de Wisconsin de 102 años que no pudo someterse a tratamiento por fallas en la memoria y problemas de oído!

Hasta 2007, dos mil 700 hombres estaban recluidos en centros de confinamiento civil. Para escapar de las garras de estas instituciones penales/“terapéuticas” en las que se encuentran sepultados, algunos prisioneros incluso solicitan ser castrados, como lo relata el artículo “The Science of Sex Abuse” [La ciencia del abuso sexual] de Rachel Aviv (The New Yorker, 14 de enero de 2013). La primera persona detenida bajo la Ley Adam Walsh, Graydon Comstock, cuestionó la legislación en un caso ante la Suprema Corte en 2010. Aviv observa: “Para cuando el caso fue atendido, cuatro años después de que la sentencia criminal de Comstock expirara, él tenía ya 67 años y padecía del corazón, de diabetes e incontinencia. Ya dos veces había solicitado ser castrado, creyendo que la operación ayudaría en su caso, pero se le dijo que no estaba médicamente justificada”. En años recientes, la Suprema Corte ha refrendado diversos estatutos del confinamiento civil.

El poderoso análisis de Aviv de los horrores del confinamiento civil gira en torno al caso real de un soldado solitario llamado John, que se hizo amigo en un chat room de “Indy-Girl”. Sí, era un policía encubierto. El soldado, invitado a un tentador picnic al aire libre, rápidamente fue capturado por la Unidad Militar de Investigaciones y el FBI. John fue sentenciado a 53 meses en una prisión federal por poseer pornografía infantil y por “usar Internet para inducir a un menor a tener sexo”. Pero entonces fue cuando empezaron sus verdaderos problemas.

Tras salir en libertad condicional, John recayó y volvió a mirar pornografía con menores, por lo que rápidamente fue sentenciado a otros dos años en prisión. Seguía preso cuando el Congreso aprobó la Ley Adam Walsh, por lo que se le transfirió a una prisión médica de Massachusetts y, sin audiencia legal, se determinó que era de “alto riesgo”. Así pasaron cuatro años. En 2011 comenzó su audiencia de confinamiento civil. Al año siguiente, un juez dictaminó que John era demasiado peligroso para ser liberado y lo condenó a un “confinamiento terapéutico” indefinido en el sistema carcelario federal. Desde entonces sigue en ese limbo, donde una “terapia” diaria lo alienta a declarar cada vez más historias fantasiosas para ganarse la aprobación de los siquiatras, historias que sólo contribuyen a incriminarlo. Vivir en una tienda de campaña bajo un puente parece un destino preferible.

Nuevas brujas, nuevos inquisidores

En Estados Unidos, con su vena profundamente puritana y su insidioso racismo, la combinación de sexo y raza siempre ha sido usada como medio de control social. El mito del hombre negro depredador acosando a mujeres y niños blancos se conjuró para mantener aterrorizada a la población negra cuando la ley linchadora imperaba en el Sur de Jim Crow. Con frecuencia se ha recurrido a leyes antisexo para poner a hombres negros tras las rejas, incluyendo a celebridades como el boxeador Jack Johnson en 1912 y a Michael Jackson en 1994 y de nuevo diez años después.

Las cruzadas antisexo fueron una de las armas que se usaron para revertir las conquistas de las luchas por los derechos civiles y para apagar el descontento social de los años sesenta y principios de los setenta, especialmente el provocado por la Guerra de Vietnam. Tras tomar posesión en 1977, el gobierno demócrata de Jimmy Carter desató un asalto de reacción social interna mientras llevaba a la Casa Blanca el fundamentalismo religioso de los “renacidos”. Bajo el lema de los “derechos humanos” lanzó también la Segunda Guerra Fría del imperialismo estadounidense con el objetivo de destruir a la Unión Soviética.

La siguiente década presenció una de las cacerías de brujas más terribles y peculiares de la historia estadounidense: la histeria respecto al “abuso satánico” en las guarderías, que le arruinó la vida a cientos de hombres, mujeres y niños. El auge de esta cacería de brujas, que se extendió hasta principios de los años noventa, coincidió con la reacción reaganista —la cual, entre otras cosas, intentó enviar a las mujeres de vuelta a los hogares—. Se recortaron los fondos para el bienestar social y otros programas sociales, como las guarderías y preescolares para madres trabajadoras, provocando enormes dificultades y daños a las mujeres y los niños. El pánico del “abuso satánico” sirvió para encubrir un abuso real por parte del gobierno.

En el juicio más largo de la historia estadounidense, que se extendió de 1986 a 1990, el caso de la escuela preescolar McMartin, los niños testigos contaron historias de sacrificios animales, orgías, pasadizos secretos, mutilación de cadáveres y otras ficciones. El caso comenzó en 1983, y para el año siguiente el gran jurado había reunido 354 declaraciones que implicaban hasta 369 supuestas víctimas, mientras la policía anunciaba una enorme conspiración criminal. Más de 70 personas fueron condenadas injustamente. Mientras tanto, decenas de otros casos de “satanismo” barrieron el país, desde el condado de Kern en California, hasta Fells Acres en Massachusetts y la guardería Little Rascals de Carolina del Norte. En estos casos no se encontró evidencia alguna. Los acusados eran completamente inocentes, como señalamos entonces (a diferencia de prácticamente todo el resto de la izquierda) al defender a los trabajadores de las guarderías. Los Friedman fueron arrestados en medio de esa cacería de brujas.

Los liberales y feministas burgueses ayudaron a impulsar esa locura. Aunque se presentan como protectores de las mujeres y los niños, su remedio es pedirle al estado leyes más numerosas y más duras, así como más vigilancia policiaca. La versión más extrema de esa misma política fue el libro de 1975 de Susan Brownmiller, Against Our Will [Contra nuestra voluntad], famoso por su aseveración de que la violación es la principal forma en que todos los hombres controlan a todas las mujeres. Su propuesta: más mujeres policías.

En los años setenta y ochenta, los florecientes escuadrones de dios, dirigidos por gente como el fundamentalista católico Patrick Buchanan y el líder de la Mayoría Moral Jerry Falwell, se movilizaban contra el aborto y declaraban que el sida era un castigo de dios a los gays. Mientras los fanáticos de derecha sitiaban las clínicas de aborto, los feministas apuntaban contra la pornografía y un imaginario abuso satánico. Al impulsar este programa antisexo, los “progresistas” entablaron una alianza temporal con los evangélicos.

El estado respondió gustoso. En 1974, el demócrata Walter Mondale promovió la Ley de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil, que obligaba a los terapeutas, maestros y trabajadores sociales a informar a la policía de cualquier indicación de abuso. Así, se suponía que cientos de miles de educadores y trabajadores sociales actuarían como auxiliares de la maquinaria de represión del estado capitalista. En los años ochenta, el procurador general de Reagan, Edwin Meese, lanzó una gran campaña contra la pornografía, con bastante ayuda de sus aliados liberales. Con Internet, las cosas no hicieron sino empeorar. En los últimos quince años, las sentencias federales por posesión de pornografía infantil han aumentado en extensión más de 500 por ciento y pueden ameritar hasta cadena perpetua, la sentencia que suele darse al homicidio en primer grado.

Entre las feministas más prominentes que impulsaban las reaccionarias campañas antiporno estaba la fundadora de la revista Ms., Gloria Steinem, quien empezó su carrera como informante de la CIA. La despreciable Steinem también se subió con furor al tren del ritual satánico y la memoria reprimida. A mediados de los ochenta financió una excavación que los padres de familia de la escuela preescolar McMartin realizaron en busca de los (inexistentes) túneles y calabozos de los que habían hablado sus hijos bajo coerción. En 1993, Ms. salió con el encabezado: “El abuso ritual de las sectas existe —¡Créanlo!”.

En 1995, Steinem narró el documental de HBO The Search for Deadly Memories. Los apócrifos “recuerdos recuperados” de abuso cumplieron una función perniciosa en numerosos casos. Estos “recuerdos reprimidos”, como los llaman los trabajadores sociales fraudulentos, son la versión secular liberal de la histeria religiosa. Como materialistas convencidos, no nos lo creímos. Como señalamos en “Satan, the State and Anti-Sex Hysteria”, las técnicas que supuestamente revelan traumas reprimidos han demostrado ser excelentes para inducir recuerdos falsos, especialmente en niños pequeños y susceptibles. En ocasiones, es la policía quien implanta los supuestos recuerdos en el curso de los interrogatorios, como ocurrió en el caso Friedman. Los traumas verdaderos realmente trauman a la gente, que tiende a recordarlos.

El sexo, el matrimonio y la familia

¿Cómo es que la expansión de la tolerancia (salvo en reaccionarios endurecidos y fanáticos religiosos) respecto al matrimonio gay puede coexistir con una implacable cacería de brujas antisexo? Esto se debe a que el matrimonio, un contrato legal, es uno de los principales sostenes sociales del estado burgués. En una presentación el pasado mayo, David Thorstad, quien en 1978 estuvo entre los fundadores de la North American Man/Boy Love Association (NAMBLA), señaló la desbandada del movimiento radical gay:

“El anterior desafío a la heterosupremacía, dirigido a liberar la sexualidad reprimida de todos, ha sido remplazado por un enfoque conservador y convencional por la aceptación de la sociedad capitalista heterosupremacista. Donde esto es más obvio es en la búsqueda del matrimonio y la participación abierta en instituciones opresivas como el ejército, así como los llamados a fortalecer las fuerzas represivas del estado mediante las leyes contra los llamados crímenes de odio”.

Así, en la búsqueda de la respetabilidad burguesa, las marchas del orgullo gay acogen contingentes de policías gays, cuyo trabajo incluye el arresto de “delincuentes sexuales”. Mientras tanto, los organizadores de las marchas vetan a organizaciones como NAMBLA, que llama por la despenalización de las relaciones consensuales entre hombres adultos y menores de edad.

A diferencia de los feministas, el establishment gay y, asquerosamente, la mayor parte de la izquierda “socialista”, nosotros siempre hemos defendido a NAMBLA y a sus miembros tanto de la represión estatal como de la victimización por parte de los patrones. Se trata de algo más que una cuestión de “libertad de expresión”. Muchísimos jóvenes, torturados y confundidos por sus propios sentimientos, en conflicto con la severidad represiva de esta sociedad, encontrarían reconfortante hablar de estas cosas con personas más experimentadas, como lo han hecho generaciones anteriores. En esta época, sin embargo, tener cualquier tipo de intimidad intergeneracional es jugar con fuego.

En un artículo titulado “Youth, Sexuality and the Left” [Juventud, sexualidad y la izquierda], Sherry Wolf de la International Socialist Organization (ISO, Organización Socialista Internacional) se sumó al linchamiento de Thorstad acusándolo de ser “el más constante y sonoro defensor de la pederastia en la izquierda” (socialistworker.org, 2 de marzo de 2010). Conservando la premisa reaccionaria de las leyes de la edad de consentimiento, Wolf cita su libro Sexuality and Socialism: History, Politics and Theory of LGBT Liberation [Sexualidad y socialismo: Historia, política y teoría de la liberación LGBT]: “Es incongruente que un niño dé verdadero consentimiento, libre de la desigualdad de poder, a un hombre de 30”. El artículo de Wolf continúa: “En nuestra sociedad, los adultos y los niños no se enfrentan como iguales en lo emocional, lo físico, lo social o lo económico. Los niños y los adolescentes más jóvenes no tienen la madurez, la experiencia ni el poder necesarios para tomar decisiones verdaderamente libres en sus relaciones con los adultos. Sin ello, no puede haber verdadero consentimiento”.

No importa que la mayoría de las relaciones entre adultos no cumpla con este criterio de consentimiento. En cuanto a la afirmación de Wolf de que “los adolescentes maduran a distintas edades”, ¿quién debe determinar la edad adecuada para la actividad sexual en una especie en la que esta edad ha estado, durante el 99 por ciento de su existencia, muy por debajo de la supuesta “edad de consentimiento” de la actualidad? Bajo el inhumano status quo capitalista, se asume que es el estado. Para los comunistas, es el ABC el oponernos a la intervención del gobierno en la vida privada de la gente y defender a cualquier grupo que luche por aumentar la libertad en las relaciones sexuales. Esto es una expresión del ideal de la vanguardia leninista como tribuno del pueblo. La ISO y cía. bailan a un son diferente, acomodándose a los valores burgueses y a la cacería de brujas contra aquéllos cuyas proclividades sexuales se consideran verboten [prohibido, en alemán en el original].

En El origen de la familia, la propiedad privada y el estado (1884), Friedrich Engels rastreó el surgimiento simultáneo de la familia y el estado como medios que la clase propietaria usó para consolidar y reproducir su poder cuando emergió de la sociedad humana primitiva. La monogamia de la esposa era necesaria para asegurar la paternidad para la transmisión hereditaria de la propiedad. Actualmente, la familia sigue siendo la principal fuente de opresión de la mujer. A los niños, la familia debe imbuirles la sumisión y el respeto por la autoridad, lo que frecuentemente engendra frustración y violencia. Como escribimos en “Satan, the State and Anti-Sex Hysteria”: “Las proclividades sexuales de las especies gregarias de mamíferos, como la nuestra, claramente no encajan con la rígida monogamia heterosexual que constituye el fundamento ideológico de la institución de la familia, reforzada por la religión organizada”.

La mayor parte del terrible daño que se inflige a los jóvenes y las mujeres tiene lugar en el seno de la familia. Sin embargo, en esta sociedad capitalista, la familia suele ser lo único que le queda a uno. Son escasos los servicios alternativos que la sociedad provee para criar a los hijos o cuidar a los enfermos y a los ancianos.

El fanatismo antisexo y la perversa persecución estatal persistirán mientras imperen la propiedad privada y la producción por ganancias. El estado capitalista no puede ser reformado para que sirva a los intereses de los explotados y los oprimidos. Debe ser barrido y sobre sus ruinas debe erigirse un estado obrero basado en la expropiación de los medios de producción. Para erradicar la opresión de la mujer y de los homosexuales, se requiere construir una sociedad socialista donde las funciones de la familia sean colectivizadas —guarderías y cocinas comunales, atención médica gratuita y de calidad, etcétera— liberando a la mujer de la carga de la crianza de los niños y de la esclavitud doméstica. En cuanto a lo que una sociedad racional conservaría de las relaciones sexuales, y de las relaciones sociales en general, los marxistas compartimos la amplitud de la visión que expresó el fallecido Gore Vidal (a quien tanto echamos de menos) en su artículo “Pink Triangle and Yellow Star” (Triángulo rosa y estrella amarilla, The Nation, 14 de noviembre de 1981):

“Cualquiera que sea el arreglo al que llegue la sociedad del futuro, debe reconocerse que los niños que lo necesiten serán criados con bastante más cuidado que hoy, y que a los adultos que no deseen ser padres ni madres debe dejárseles en paz”.