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Espartaco No. 52 |
Diciembre de 2019 |
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Bolivia ¡Abajo el golpe derechista respaldado por EE.UU.! ¡Por un gobierno obrero y campesino centrado en los indígenas! El siguiente artículo ha sido traducido de Workers Vanguard No. 1166 (29 de noviembre), periódico de nuestros camaradas de la Spartacist League/U.S.
25 DE NOVIEMBRE—El golpe respaldado por Estados Unidos, que obligó al presidente populista burgués Evo Morales a huir e instaló un régimen antiindígena de extremistas católicos, ha sumido a Bolivia en el caos. Los manifestantes insurgentes y los partidarios de Morales han enfrentado una represión brutal —muchos han sido arrestados o se encuentran desaparecidos, decenas han sido masacrados y cientos han sido heridos, y las cifras siguen creciendo—. Manifestantes que ondean la wiphala, bandera multicolor andina, han enfrentado valerosamente a las tropas de choque de la policía y el ejército en las calles de La Paz y en otros lugares, exigiendo que se permita a Morales regresar de su exilio en México y completar su mandato. En un acto siniestro, la semana pasada el gobierno interino acusó a Morales de sedición y terrorismo por haber supuestamente fomentado los disturbios.
La autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, tristemente célebre por llamar “satánicas” a las prácticas religiosas indígenas, celebró que “Dios permitió que la biblia regresara” a Bolivia. Áñez concedió inmunidad a las fuerzas armadas para continuar con el derramamiento de sangre, cuyo blanco son la población obrera y campesina, en gran medida indígena, los militantes sindicales y los izquierdistas. Con las ciudades sometidas a la escasez de alimento y combustible por los bloqueos de los manifestantes, la situación sigue siendo inestable. En un intento de disipar la crisis, el congreso aprobó nuevas elecciones, que permitirán la participación de candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, pero excluirán a éste.
El establishment burgués estadounidense niega falsamente que haya habido golpe alguno, con sus medios insistiendo en la narrativa de que el presidente boliviano “renunció”. El 10 de noviembre, el ejército abandonó a Morales y exigió que dimitiera, en medio de un motín creciente de la policía, que se unió a las manifestaciones antigubernamentales derechistas encabezadas por las fuerzas opositoras de extrema derecha de la oligarquía boliviana. El golpe policiaco/militar fue la culminación de semanas de movilizaciones que acusaban a Morales de haberse robado las elecciones del 20 de octubre. El hecho de que haya podido contender y aún más ganar un cuarto periodo consecutivo enfureció a sus opositores de línea dura, quienes gritaron que hubo “fraude”. Turbas racistas y bandas fascistoides llevaron a cabo disturbios —saquearon y quemaron hogares de políticos del MAS, torturaron a mujeres y a líderes campesinos y quemaron la wiphala—.
En un comunicado de la Casa Blanca, el presidente Trump aplaudió el derrocamiento de Morales y ominosamente advirtió a los “regímenes ilegítimos” de Venezuela y Nicaragua que “la voluntad popular siempre prevalecerá”. Los imperialistas estadounidenses han querido revertir la “marea rosa” que en el último par de décadas llevó al poder a varios regímenes nacionalistas-burgueses y populistas en Latinoamérica, empezando con Hugo Chávez e incluyendo a Morales. Tales intenciones también motivaron al gobierno de Obama en 2009, cuando la entonces secretaria de estado Hillary Clinton avaló el golpe militar que derribó al gobierno de Manuel Zelaya en Honduras.
Tanto el Demócrata como el Republicano son partidos del imperialismo y la guerra, y comparten el interés de clase de mantener la supremacía política y económica de Estados Unidos en su “patio trasero”. Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, las estrellas del liberalismo de izquierda, condenaron el golpe en Bolivia; pero debe señalarse que estos “progresistas” son obedientes pastores del imperialismo estadounidense, como lo demuestra su apoyo al “cambio de régimen” en Venezuela, dirigido contra el presidente Nicolás Maduro.
Morales, electo originalmente en 2005, llegó al gobierno con una significativa base social entre las masas indígenas y los movimientos sociales campesinos tras las guerras del gas y del agua —alzamientos masivos contra las privatizaciones y las medidas de austeridad ordenadas por el FMI—. Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, había sido dirigente del sindicato de cocaleros, que organizaba a los cultivadores indígenas de hoja de coca. Aunque posaba como amigo de los obreros y los oprimidos y ocasionalmente actuaba como una espina en el costado de los amos imperialistas, usaba su retórica supuestamente radical para cooptar y contener el descontento obrero y plebeyo. Mientras tanto, su gobierno burgués del MAS fue un sirviente fiel de la clase dominante capitalista, administrando en su nombre el aparato represivo del estado, lo que necesariamente implica la subordinación al sistema imperialista mundial.
Es urgentemente necesario que el proletariado boliviano se oponga al golpe sin darle ningún apoyo político a Morales o al MAS. Tomamos el lado de los manifestantes contra el golpe y defendemos a los partidarios de Morales frente a la asesina represión estatal y las movilizaciones reaccionarias. Al mismo tiempo, luchamos por que el proletariado, conduciendo tras de sí al resto de las masas indígenas sitiadas, se levante independientemente y bajo su propia bandera. Como marxistas revolucionarios en Estados Unidos, llamamos a la clase obrera de este país a que se oponga a las sangrientas maquinaciones de su clase dominante imperialista.
El imperialismo estadounidense y el “capitalismo andino”
Fue la Organización de Estados Americanos (OEA), un instrumento de la dominación del imperialismo estadounidense con sede en Washington, la que formuló la dudosa acusación de “fraude” en las elecciones del 20 de octubre. La OEA afirmó que habían ocurrido “irregularidades” en el conteo de votos sin aportar evidencia alguna. Desde sus orígenes en la Guerra Fría, la OEA ha sido el “ministerio de colonias” de Washington. Buscaba aplastar los movimientos comunistas e izquierdistas al sur de la frontera, apuntando contra la Revolución Cubana, que en 1960-1961 llevó a la expropiación de la clase capitalista de la isla y al establecimiento de un estado obrero burocráticamente deformado. Recientemente, la OEA promovió al títere de Estados Unidos Juan Guaidó durante el intento fallido de la Casa Blanca de organizar un golpe contra Maduro en la Venezuela capitalista. No es casual que uno de los primeros actos del régimen golpista de Bolivia haya sido expulsar a cientos de médicos cubanos y diplomáticos venezolanos.
Durante décadas, el departamento de estado estadounidense ha intervenido directa e indirectamente en Bolivia, apoyando golpes de estado anteriores, promoviendo “comités cívicos” derechistas y financiando a líderes opositores como Carlos Mesa. Un artículo de Grayzone (13 de noviembre) señala que tanto el comandante del ejército como el jefe de la policía, quienes participaron en el golpe, habían sido ambos agregados en
Washington. Al menos seis de los principales conjurados del golpe fueron alumnos de la Escuela de las Américas, infame por sus carniceros de los escuadrones de la muerte.
La principal figura política que impulsó el derrocamiento de Morales es el millonario católico de ultraderecha Luis Fernando Camacho. Éste representa a la poderosa oligarquía agraria de los valles orientales de Santa Cruz. Esta región rica en minerales y con un movimiento secesionista de la minoría blanca, fue la base de operaciones del intento de “golpe cívico” de 2008 en contra de Morales. Camacho empezó su carrera en una organización paramilitar fascista llamada Unión Juvenil Cruceñista, la fuerza de choque del movimiento secesionista que ataca campesinos indígenas, izquierdistas y periodistas. Después pasó a encabezar el infame comité cívico de Santa Cruz. Ahí se formó bajo la protección del magnate separatista cristiano Branko Marinkovic, cuya familia estaba vinculada, según informes, a la Ustasha croata, que colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
Las élites racistas del oriente boliviano añoran la época cuando los gobernantes de piel clara (descendientes de españoles) mantenían sometida a la mayoría indígena —principalmente quechua y aymara, con otras poblaciones menores como los chiquitanos y los guaraníes, entre muchos otros—. La clase terrateniente resiente el hecho de que el “estado plurinacional” establecido bajo Morales haya usado las regalías del gas natural —una de las principales exportaciones de Bolivia— para mejorar las condiciones de los indígenas y los pobres. La llamada “nacionalización” del gas de 2006 fue en realidad una renegociación del acuerdo con las firmas gaseras extranjeras, que tuvieron que pagarle al gobierno una renta más alta. El estado usó parte de estos pagos, junto con otros ingresos por materias primas, para invertir en programas sociales e infraestructura.
Como resultado, durante casi catorce años bajo el gobierno de Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, el país experimentó una disminución de la pobreza extrema, el desempleo y el analfabetismo. La expansión de la economía permitió al MAS implementar medidas populares y apaciguar las exigencias de diversos sectores sociales, mientras una riqueza inmensa seguía en manos de la diminuta burguesía.
Hoy, Bolivia sigue siendo una de las naciones más pobres de Sudamérica. El grueso de la población indígena está compuesto de campesinos pobres y obreros que perciben salarios bajos en las minas, las fábricas y los campos petroleros. Muchos están en el sector informal —incluyendo a las vendedoras ambulantes y empleadas domésticas—, así como un porcentaje importante de mano de obra infantil. Al mismo tiempo, Bolivia ha visto el surgimiento de una burguesía empresarial indígena. Esta capa de pequeños capitalistas urbanos se exhibe en unas cuantas mansiones coloridas diseminadas en la ciudad abrumadoramente pobre y obrera de El Alto, en las afueras de La Paz.
Una parte de este sector está decidida a cosechar la parte del león de los beneficios de la industria extractiva, como la minería del litio. La región de Potosí se asienta sobre una de las reservas mundiales más grandes de litio, un elemento crucial en las baterías de teléfonos celulares, computadoras y vehículos eléctricos. Los primeros planes del gobierno de Morales de extraer litio mediante empresas conjuntas —entre empresas estatales y firmas alemanas y chinas— enfurecieron al líder indígena del comité cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, quien quería mayores regalías del proyecto. Durante el golpe, Pumari trabajó en estrecha alianza con Camacho.
Aunque gran parte de la izquierda mundial celebraba a Morales como socialista, él nunca ocultó que estaba presidiendo el “capitalismo andino” y defendiendo la propiedad privada y las ganancias. Las políticas del gobierno del MAS siempre beneficiaron a las corporaciones transnacionales involucradas en la extracción de la energía y la riqueza mineral del país. El MAS también incorporó a sus filas elementos de las élites de los agribusiness y de los ganaderos, y transigió con las mismas fuerzas derechistas y secesionistas que buscaron la caída de Morales.
Durante muchos años, Morales contó con la lealtad de los líderes de la principal central sindical, la COB, y controló a los movimientos indígenas. Pero una parte de este control se ha agrietado, si no es que se ha roto. El gobierno del MAS llevó a cabo una brutal represión estatal contra los mismos “movimientos populares” que supuestamente representaba. En 2011, la policía federal atacó a manifestantes indígenas que marchaban contra la construcción de la carretera TIPNIS que atravesaba una reserva de selva tropical y sus tierras protegidas, en la Amazonia boliviana. Durante la huelga nacional de 2013, la policía antimotines atacó a mineros, maestros, trabajadores de la salud y obreros fabriles que exigían pensiones más altas.
¡Por un partido obrero trotskista en Bolivia!
Bolivia es un caso de desarrollo desigual y combinado, donde la industria moderna, como la extracción del gas natural, coexiste con el atraso rural. En este país andino, las distintas formas de dominio burgués —desde las dictaduras militares y los regímenes “neoliberales” hasta los gobiernos populistas— han demostrado su subordinación al orden imperialista. De hecho, a lo largo de Latinoamérica, las débiles burguesías nacionales son incapaces de romper con los imperialistas, a los que están atados por miles de lazos. En la medida en que los gobiernos nacionalistas-populistas movilizan a las masas trabajadoras y ofrecen algo de resistencia a los dictados imperialistas, lo hacen para impulsar los intereses de la burguesía doméstica. Tanto los gobiernos neoliberales como los populistas le temen a la fuerza capaz de romper el yugo imperialista: la clase obrera.
León Trotsky formuló la perspectiva de la revolución permanente, que aplica a los países de desarrollo económico tardío, y encontró su confirmación en la experiencia de la Revolución Rusa de 1917. En la era del imperialismo, sólo el proletariado, ubicándose al frente de las masas oprimidas, puede llevar a cabo tareas clave —como la revolución agraria, la emancipación nacional frente a la subyugación imperialista y el cumplimiento de las aspiraciones democráticas de las masas— al derrocar a los capitalistas y su estado. A través de la expropiación de la propiedad privada burguesa, la clase obrera establecería la dictadura del proletariado apoyada por el campesinado, es decir, un gobierno obrero y campesino basado en la colectivización de los medios de producción.
En Bolivia, un gobierno así necesariamente estaría centrado en la profundamente oprimida mayoría indígena. Para que una revolución como ésa sobreviviera y abriera el camino al futuro socialista, tendría que extenderse más allá de las fronteras de Bolivia y expandirse internacionalmente, abarcando a los centros imperialistas.
Nuestro artículo sobre Bolivia, “Trotskismo vs. nacionalismo burgués” (Espartaco No. 26, septiembre de 2006) señaló el debilitamiento material y político de los mineros del estaño, que alguna vez fueran de los obreros con más conciencia de clase de Latinoamérica, y afirmaba que: “La instrumentalidad proletaria para derrocar al capitalismo ha sido cualitativamente reducida”. Si bien es cierto que la industria minera del estaño fue devastada hace décadas y que unos 20 mil mineros fueron despedidos y desplazados y su sindicato radical fue destruido, nuestro artículo esencialmente negaba que hubiera una clase obrera en Bolivia y por lo tanto argumentaba que en ese país no había una base para la revolución obrera. El artículo también implicaba equivocadamente que la lucha en Bolivia sería fútil a menos de que también se encendiera en países con “concentraciones proletarias más viables”. Estas afirmaciones implicaban un rechazo de la aplicación de la revolución permanente a Bolivia.
Como explicó Trotsky en La revolución permanente (1930), es incorrecto enfocar la cuestión en el marco de países “maduros” y países “inmaduros”. Trotsky escribió:
“El capitalismo, al crear un mercado mundial, una división mundial del trabajo y fuerzas productivas mundiales, se encarga por sí solo de preparar la economía mundial en su conjunto para la transformación socialista.
“Este proceso de transformación se realizará con distinto ritmo según los distintos países”.
Proletariados jóvenes y relativamente pequeños pueden tomar el poder si desarrollan aliados en capas más amplias de los oprimidos, que en Bolivia serían los trabajadores rurales y los habitantes de los barrios marginados.
En la industria extractiva boliviana sigue habiendo un núcleo proletario. Este agosto, unos 830 mineros sindicalizados de la mina boliviana de San Cristóbal, la tercera mayor productora mundial de plata, se fueron a una huelga de tres semanas contra su propietaria, la empresa japonesa Sumitomo. Los huelguistas ganaron sus demandas salariales y de otro tipo, pero siguen luchando contra los patrones, quienes quieren anular el acuerdo haciendo que la huelga se declare ilegal.
Debido a su centralidad en la producción capitalista, la clase obrera tiene el poder social estratégico para derrocar el domino capitalista, pero debe cobrar conciencia de la necesidad de hacer uso de ese poder. La cuestión clave es la dirección. Las tumultuosas luchas del proletariado, centradas en los mineros del estaño, detonaron situaciones revolucionarias y prerrevolucionarias en 1952, 1970-1971 y 1985. Sin embargo, los falsos líderes de los obreros los llevaron a establecer alianzas con la burguesía supuestamente “antiimperialista”, atándolos así a su enemigo de clase y traicionando esas oportunidades revolucionarias.
Para luchar por la victoria, es necesario construir un partido trotskista, sección nacional de una IV Internacional reforjada, en tajante lucha política contra el reformismo y el populismo nacionalista-burgués. Un partido obrero revolucionario actuaría como tribuno del pueblo, luchando por movilizar al proletariado como defensor de todos los oprimidos, especialmente de las mujeres indígenas, que se ven esclavizadas en la familia y sujetas a una explotación brutal y una violencia cotidiana. Fue sobre la base de esta perspectiva que nuestros antecesores en el Partido Bolchevique de Lenin y Trotsky lograron llevar al proletariado al poder en Rusia. Y será sólo sobre esta base que los “condenados de la tierra” bolivianos serán liberados.
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