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	Espartaco No. 33	Primavera de 2011

Tras la destrucción del SME

Bolchevismo vs. sindicalismo “independiente”

¡Romper con AMLO y el PRD burgués!

¡Por un partido obrero leninista-trotskista!

La destrucción del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha significado la derrota sindical más importante en décadas. La liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LyF) —puesta en vigor mediante la brutal ocupación policiaca de las instalaciones de la paraestatal el 10 de octubre de 2009— echó a la calle a 40 mil obreros y dejó en la incertidumbre a más de 20 mil jubilados. Este nuevo ataque se dio en el marco de un largo proceso de implementación de reformas económicas neoliberales. La intención del gobierno panista de Felipe Calderón, tras haber conseguido aprobar la “reforma” privatizadora de Pemex en 2008, fue quitar de un golpe al sindicato percibido como el más combativo del país frente a los intentos de privatizar la industria eléctrica.

En un volante del 11 de octubre de 2009 escribimos: “Esta nueva embestida patronal es un ataque salvaje contra el movimiento obrero y contra todos los pobres. ¡Defender al SME! ¡Movilizar el poder social de la clase obrera—por huelgas obreras en solidaridad con el SME! ¡Abajo la privatización del sector energético!” En la secuela del ataque, una serie de movilizaciones masivas de trabajadores y estudiantes fueron convocadas en la capital, incluyendo un paro del STUNAM el 11 de noviembre de ese año, en solidaridad con los electricistas. Pero el SME carecía ya de fuerza social propia, la cual derivaba de poder controlar, y en particular cortar, el suministro de electricidad a la principal ciudad del país. En tanto que las venales dirigencias priístas del SUTERM y el resto de la CTM apoyaron la liquidación rompesindicatos, el SME fue, en esencia, dejado morir solo por sus supuestos “aliados” a la cabeza de los sindicatos alineados tras el PRD burgués y falsamente llamados “independientes” —como la UNT—, así como del sindicato minero.

Los sindicatos mexicanos están dirigidos, sin excepción, por burocracias procapitalistas que representan no los intereses históricos de la clase obrera, sino los intereses de una delgada capa privilegiada —una verdadera aristocracia obrera—. Consciente del enorme poder social de la clase obrera a la que encabeza, la burocracia hace todo lo que está en sus manos para desmovilizar a sus bases; en el mejor de los casos, los burócratas las movilizan para renegociar los términos de explotación del trabajo cuando ven sus propias prerrogativas amenazadas. La perspectiva política de los dirigentes obreros actuales está enteramente enmarcada en el nacionalismo burgués impulsado prominentemente por el PRD —un partido del capital— y se centra en la falacia de la comunidad de intereses entre explotados y explotadores a veces condimentada con vacua retórica “antiimperialista”. La constante política de colaboración de clases y subordinación de los sindicatos a políticos burgueses —desde el PRI hasta el PRD— y la consecuente ausencia de una respuesta obrera decidida ante el panorama de ataques continuos contra el proletariado y todos los pobres ha llevado a una derrota tras otra.

Ante este oscuro panorama es desesperadamente necesario luchar. Compuesta por asalariados que no poseen sino su fuerza de trabajo, la clase obrera tiene el interés objetivo de derrumbar el sistema de explotación capitalista; teniendo las manos en el engranaje de la producción, tiene además un enorme poder social. Para desatar esta fuerza, hay que luchar por el forjamiento de una dirección clasista de los sindicatos, lo cual empieza con la lucha por la independencia política del movimiento obrero —concretamente, por romper con el nacionalismo burgués y toda ilusión en el PRD y/o AMLO—.

“Neoliberalismo” y “populismo”: Dos caras de la explotación capitalista

La privatización masiva de la vieja base industrial nacionalizada y la eliminación de aranceles mediante el TLC —tratado de rapiña imperialista contra México— han minado los fundamentos económicos del viejo régimen del PRI y conducido a una creciente subyugación económica a EE.UU., que coincidió y se vio reforzada por la caída de la URSS en 1991-92. La desesperación económica en amplios sectores sociales sólo se ha intensificado con la crisis mundial actual, que ha significado la pérdida de cientos de miles de trabajos industriales y altas tasas de desempleo oficial. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de medidas antiinmigrantes por parte del gobierno de Obama, la crisis y el concomitante desempleo en EE.UU. han restringido severamente la tradicional válvula de escape de la migración, en tanto que el envío de remesas —la principal fuente de ingresos para muchos mexicanos, sobre todo en el campo— ha caído significativamente.

Para el PAN “neoliberal” el viejo corporativismo es un lastre, y se ha dedicado a destruir sindicatos más que a procurar controlarlos. Otro ejemplo de ello lo da el sindicato minero —antiguo pilar del corporativismo—, que ha estado constantemente en la mira del gobierno y al cual los espartaquistas hemos defendido desde el principio. Ahora, el gobierno panista está impulsando otra vez una reforma salvajemente antiobrera a la Ley Federal del Trabajo —una nueva versión de la vieja “Ley Abascal” que atenta contra derechos básicos de los trabajadores como el derecho a huelga y la existencia de un contrato colectivo—. La estructura sindical corporativista ha estado pues en una prolongada agonía y las prestaciones que el viejo régimen priísta otorgaba a algunos sectores sindicalizados —como vivienda barata, subsidios alimenticios y estabilidad laboral— se han convertido en una cosa del pasado. Consciente de su propia ilegitimidad y en respuesta al descontento masivo, el régimen burgués actual descansa cada vez más en la represión abierta, “justificada” especialmente mediante la infame “guerra contra el narcotráfico” (ver: “¡Abajo la militarización de la ‘guerra contra el narcotráfico’”, Espartaco No. 32, octubre de 2010).

Por su parte, AMLO, el PRD y el PT —también un partido capitalista— ofrecen a la burguesía una opción de recambio nacionalista para procurar la estabilización del país con base en una versión de las políticas corporativistas del PRI de antaño, epitomizadas por el gobierno de Lázaro Cárdenas. “Populismo” y “neoliberalismo” no son más que dos formas alternativas de administrar el brutal régimen de explotación capitalista. Analizando especialmente la política de Lázaro Cárdenas, León Trotsky —dirigente junto con V.I. Lenin de la Revolución Rusa de 1917— explicó en 1940 la aparente dicotomía entre quienes hoy se conocen comúnmente como “populistas” y “neoliberales”:

“En la medida en que el papel principal en los países atrasados no corresponda al capitalismo extranjero, la burguesía nacional ocupa, en lo que respecta a su posición social, una situación inferior a la que corresponde al desarrollo de la industria. En la medida en que el capital extranjero no importe trabajadores, sino que proletarice a la población indígena, el proletariado nacional pasa a desempeñar rápidamente el papel más importante en la vida del país. En estas condiciones, el gobierno nacional, en la medida en que trata de resistir al capital extranjero, se ve obligado a apoyarse más o menos en el proletariado. En cambio, los gobiernos de esos países, que consideran inevitable y más provechoso para ellos ir mano a mano con el capital foráneo, destruyen las organizaciones obreras e instauran un régimen más o menos totalitario”.

¡Por un partido obrero leninista-trotskista!

La clave para la liberación de los explotados y oprimidos del Tercer Mundo está en la teoría de la revolución permanente de Trotsky —confirmada en la práctica por la Revolución de Octubre de 1917—, que explica que en la actual época imperialista las revoluciones democrático-burguesas, en el modelo de la inglesa o la francesa de los siglos XVII y XVIII, son cosa del pasado precisamente porque la burguesía de los países de desarrollo capitalista atrasado están inextricablemente subordinadas a sus amos imperialistas. Las cuestiones democráticas candentes en estos países subyugados —como la emancipación nacional y la revolución agraria— sólo pueden ser resueltas mediante la dictadura del proletariado apoyada por el campesinado, es decir, un gobierno obrero y campesino en el que, a través de los soviets o consejos, sean los proletarios y campesinos pobres quienes dirijan el nuevo poder estatal.

La búsqueda incesante de un ala “antiimperialista” de la burguesía tercermundista sólo ha conducido a derrotas sangrientas para el proletariado. La emancipación de México y de todos los países subyugados por el imperialismo, así como el progreso real, social y económico de estas sociedades, está ligada invariablemente a la perspectiva de una revolución proletaria y su extensión internacional a los países industrializados, especialmente EE.UU. (ver: “El desarrollo y la extensión de la teoría de la revolución permanente de León Trotsky”, Espartaco No. 29, primavera de 2008).

Ésta fue la perspectiva de los bolcheviques de Lenin y Trotsky en Rusia en 1917. Para hacerla realidad de nuevo son necesarias, en palabras de Trotsky, tres cosas: “el partido, de nuevo el partido y siempre el partido”. La historia ha mostrado que la clase obrera, exclusivamente por medio de su propio esfuerzo y experiencias cotidianas, no puede desarrollar una conciencia más alta que la sindical, es decir, la necesidad de unirse en sindicatos para la lucha económica contra los patrones y el gobierno. La conciencia sindical, sin embargo, es conciencia burguesa. El sindicalismo en sí y por sí no cuestiona el modo de producción capitalista, sino que sólo procura mejorar las condiciones inmediatas y los salarios de los obreros en luchas contra patrones individuales. Para llevar a la clase obrera la conciencia de su misión emancipadora universal es necesaria la intervención de un partido proletario revolucionario.

En otras palabras, los sindicatos representan a la clase obrera tal cual es; el partido revolucionario la representa como debería ser. Así, en tanto que los comunistas estamos por la unidad de la clase obrera en los sindicatos independientemente de la perspectiva política de los obreros que los forman —cuanto más amplias son las masas que aglutinan los sindicatos, éstos cumplen mejor su misión—, un partido proletario revolucionario requiere homogeneidad ideológica y unidad de acción y de organización. Como Trotsky escribió en 1929:

“La independencia con respecto a la burguesía no puede ser un estado pasivo. Esta independencia sólo puede manifestarse en actos políticos, es decir, en la lucha contra la burguesía. Este combate debe estar presidido por un programa particular, cuya aplicación exige una organización y una táctica apropiadas. Es esta fusión del programa, la organización y la táctica lo que constituye el partido. En este sentido, la independencia real del proletariado con respecto al poder burgués no es factible si el proletariado no se coloca en su lucha bajo la dirección de un partido revolucionario...”.

—“Comunismo y sindicalismo”

Nacionalismo y corporativismo

El corporativismo es la organización de la sociedad dentro de corporaciones o “sectores” nominalmente representados en el gobierno capitalista —en el caso de los sindicatos, por intermedio de la burocracia—; su propósito central es mantener un control directo sobre el movimiento obrero y oponerle el contrapeso de sectores de la pequeña burguesía, especialmente el campesinado. Al mismo tiempo, el corporativismo ayuda a oscurecer el hecho de que el estado capitalista sirve para defender los derechos de la burguesía y mantener a la clase obrera explotada y oprimida.

El régimen de Lázaro Cárdenas (1934 a 1940) fue crucial en la estabilización del régimen burgués mexicano tras décadas de guerra civil intermitente, así como en el establecimiento del grillete corporativista. Consciente de la necesidad de una base de apoyo obrera ante las exigencias excesivas del imperialismo, Cárdenas patrocinó la formación de sindicatos y de la CTM, al tiempo que imponía una férrea burocracia contra elementos más izquierdistas. Así, desde finales de los años 30 la CTM y la mayoría de los grandes sindicatos de industria (originalmente incluyendo al SME) han formado parte orgánica del PRM/PRI burgués —el cual fue durante décadas el partido gobernante de un estado fundamentalmente unipartidista—. (Cárdenas esencialmente continuó y profundizó la política de Plutarco Elías Calles en los años 20, bajo cuyos auspicios la CROM de Morones se desarrolló como un punto de apoyo servil para el gobierno burgués y un baluarte anticomunista en el movimiento obrero.)

Muchos obreros, campesinos y jóvenes izquierdistas se identificaron con Cárdenas debido a las nacionalizaciones del petróleo y los ferrocarriles y el reparto agrario —medidas que los comunistas defendemos contra ataques privatizadores o derechistas—, así como por su retórica nacionalista. Incluso hoy, muchos añoran la política de Cárdenas. Pero sus reformas, como las aplicadas en nuestros días por Hugo Chávez en Venezuela, no tienen nada que ver con el socialismo. El objetivo fundamental de Cárdenas era modernizar el país en beneficio de la burguesía nacional, y nunca poner en cuestión su dominio. Una vez lograda su meta, él mismo desató la fuerza represiva del estado contra la clase obrera, en particular contra los huelguistas de la refinería de Azcapotzalco en 1940. El resultado de la confianza del proletariado en Cárdenas fue la atadura de los sindicatos al estado mediante la camisa de fuerza corporativista y siete décadas de priato brutal. (Para un análisis más detallado del periodo de Cárdenas ver Espartaco No. 14, otoño-invierno de 2000.)

Los siguientes gobiernos del PRM/PRI, hasta principios de los años 80, siguieron utilizando retórica nacionalista y algunas concesiones significativas a la clase obrera combinadas con la represión brutal contra huelguistas, la izquierda y los disidentes en los sindicatos. La dirigencia del SME durante la mayor parte del régimen priísta representó un ala de la burocracia oficialista crítica del charrismo excesivo de la CTM, de la cual se escindió en 1937. Esto redundó, por lo menos a partir de los años 50, en la existencia de alguna medida de democracia formal al interior del sindicato —ante lo cual los comunistas ciertamente no somos indiferentes—. Sin embargo, la actividad política del SME siempre estuvo regida —al igual que la de la CTM— por el pacto de unidad nacionalista con la burguesía mexicana con la retórica eterna del “progreso de la nación”. Un ejemplo de esto fue el Pacto de Unidad Obrero Nacional firmado en 1942, a través del cual el SME, la CTM, el PCM y la CROM, entre otros, acordaron no estallar ninguna huelga mientras durara la Segunda Guerra Mundial.

La nacionalización de la industria eléctrica y la Tendencia Democrática del SUTERM

En el contexto de las movilizaciones del SME a finales de 2009 y principios de 2010, el pantano reformista de la izquierda mexicana sacó a colación la experiencia de la Tendencia Democrática (TD) de Rafael Galván en el SUTERM en los años 70 como algo a emular. Vale la pena detenerse en este pasaje histórico para desmentir esta idea de la historia.

Para 1960 existían tres sindicatos en la rama eléctrica: el STERM (antes FNTICE) de Rafael Galván, el SME y el SNESCRM (o SNE) cetemista. En 1968, el gobierno reestructuró la industria eléctrica en dos organismos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que constituía el conjunto de las empresas nacionalizadas ocho años antes, y Luz y Fuerza del Centro. El STERM y el SNESCRM se disputaron la titularidad del contrato colectivo con la CFE hasta la formación del SUTERM en 1972 con base en la fusión —auspiciada por el gobierno— de ambos sindicatos. El SME, a pesar de haber participado en discusiones de unificación con Galván, se mantuvo fuera de la fusión y siguió siendo el único sindicato de LyF (nacionalizada en 1974).

Galván había impulsado durante años la unificación de todos los sindicatos electricistas. Los comunistas habríamos luchado por tal unificación con base en la movilización de las bases obreras —sin otorgar ningún apoyo político a Galván ni a ninguna de las demás burocracias contendientes—. Oponiéndonos a la escisión de la clase obrera en sindicatos gremiales o competidores basados en diferentes tendencias políticas, estamos por la formación de sindicatos de industria: todos los trabajadores, calificados y no calificados, de un mismo ramo industrial deben pertenecer a un mismo sindicato. Además, los comunistas nos oponemos por principio a cualquier intervención estatal en el movimiento obrero. En cambio, la perspectiva entera de Galván —incluso en cuanto a la unificación sindical— se basaba en ganar el “apoyo” del estado capitalista.

En efecto, históricamente las burocracias sindicales mexicanas han concentrado sus esfuerzos en la ilusión de “influenciar” al estado y ganarlo a su lado como un tutor. Trotsky explicó las bases materiales de esta dependencia en el Tercer Mundo:

“Los países coloniales y semicoloniales no están dominados por un capitalismo autóctono, sino por el imperialismo extranjero. Pero esto no quita, sino que refuerza todavía más la necesidad de establecer lazos cotidianos y prácticos entre los magnates del capitalismo y los gobiernos que de hecho dependen de ellos —los gobiernos coloniales y semicoloniales.

“Puesto que el capitalismo imperialista crea en los países coloniales y semicoloniales una aristocracia y burocracia obrera, ésta implora el apoyo de los gobiernos coloniales y semicoloniales, como protectores y tutores suyos, a veces como árbitros. Esto constituye la base social más importante del carácter bonapartista y semibonapartista de los gobiernos en las colonias y en general en los países ‘atrasados’. Constituye también la base de la dependencia de los sindicatos con respecto al estado”.

Los obreros y militantes de izquierda deben entender que el estado capitalista —en cuyo núcleo se encuentran la policía, el ejército, las cárceles y los tribunales— es una máquina de represión sistemática, dirigida contra todos los explotados y oprimidos, al servicio de la burguesía para mantener sometida a la clase obrera y asegurar el dominio de clase de los capitalistas. El estado no puede ser reformado para que sirva a los intereses de la clase obrera; debe ser destruido por una revolución socialista y remplazado por un estado obrero para defender al proletariado como nueva clase dominante.

Claramente, Galván esperaba quedar al frente de la nueva agrupación unificada. Sin embargo, al momento de la unificación su contraparte cetemista, con el apoyo evidente del gobierno, lo desplazó de la dirección, concediéndole un puesto sindical secundario y dando la dirección nacional a Francisco Pérez Ríos, dirigente del SNESCRM cetemista y predecesor de “La Güera” Rodríguez Alcaine.

Aunque la burocracia cetemista era ciertamente más brutal, derechista y pragmática que la galvanista —cardenista de vieja cuña—, no había ninguna diferencia programática principista entre ellas. Durante el primer par de años del nuevo sindicato, las cosas parecían estar en relativa calma. Sin embargo, el conflicto estalló en 1974, cuando los obreros de General Electric estallaron una huelga y nombraron un Comité Ejecutivo sustituto. Al principio, los cetemistas y Galván presentaron un frente común y tomaron directamente la dirección seccional. Sin embargo, elementos policiacos y esquiroles rompieron la huelga el 1º de julio, y Galván acusó a los cetemistas de haber auspiciado la ruptura de la huelga —lo cual no habría sido raro en absoluto—. Los burócratas cetemistas quisieron imponer su acostumbrado régimen totalitario y finalmente expulsaron a Galván en 1975.

Quizá la más célebre de las movilizaciones de la Tendencia Democrática de Galván fue el Congreso Nacional en Guadalajara en abril de 1975, donde los electricistas de la TD votaron la “Declaración de Guadalajara”, que sostenía demandas como la reivindicación de sindicatos nacionales de industria y la sindicalización de todos los asalariados. Estas exigencias son justas como consignas de lucha para movilizar a los propios obreros. Sin embargo, exigir estas demandas al estado capitalista es, en el mejor de los casos, una muestra de fe conmovedora en la burguesía. En el caso de Galván se trataba más bien de su visión del estado como tutor de la clase obrera. La Declaración incluía otras demandas apoyables como una escala móvil de salarios, congelación de precios, mejoramiento del sistema de seguridad social y viviendas para obreros. Exigía también la “expropiación de empresas imperialistas” y, finalmente, la “colectivización agraria” —algo imposible de realizar sin una revolución proletaria—.

Pese al aparente radicalismo de las demandas, la misma “Declaración de Guadalajara” deja ver la falacia del “nacionalismo revolucionario” de Galván y sus odas típicamente charras al presidente en turno —que sucede que se trataba de uno de los más brutales asesinos de izquierdistas en la historia de México—: “nosotros sostenemos que cuando el desarrollismo se encuentra en franca crisis y el propio presidente Echeverría levanta banderas nacionalistas y revolucionarias, estamos ante victorias populares indiscutibles y ante una sensibilidad política indesdeñable”.

Un año después, la TD emitió un emplazamiento a huelga para el día 30 de junio de 1976, mismo que aplazó para el 16 de julio, ¡para no interferir con las elecciones presidenciales del día 1º! Los electricistas atestiguarían en carne propia la “sensibilidad política” de Echeverría cuando éste mandó al ejército a ocupar instalaciones de la CFE y locales sindicales a nivel nacional horas antes del vencimiento del emplazamiento. Tras la represión, la disidencia electricista se desmoronó. Poco después los integrantes de la TD fueron despedidos en una campaña concertada por la empresa, la CTM y el gobierno.

Sin dar ningún apoyo político a Galván, los comunistas tenían un lado en esta lucha: era necesario pelear por la movilización del poder social de la clase obrera en defensa de la TD y contra los despidos, cualquier represalia y la intervención estatal en los sindicatos. Una lucha así podría haber significado un paso adelante en la formación de una dirección obrera genuinamente revolucionaria y en la independencia política del movimiento obrero. Y esta perspectiva no era descabellada: la lucha en el SUTERM encontró amplio eco en el proletariado y animó también a estudiantes y campesinos. Numerosos sindicatos se sumaron a la lucha estallando una ola huelguística —la llamada “Insurgencia Sindical”— que no se ha vuelto a ver en el país.

Según un tal Lorenzo Arrieta (“20 años de lucha en el Sindicato Mexicano de Electricistas” en Los sindicatos nacionales en el México contemporáneo: Electricistas, México, 1989), desde 1975 la dirigencia del SME se negó a participar en cualquier movilización de la TD. Mientras el ejército tomaba instalaciones y locales sindicales, los dirigentes de las secciones del SUTERM de Puebla y Guadalajara —las más numerosas de las que apoyaban a Galván— aceptaron volver al trabajo y reconocieron al Comité Ejecutivo sindical cetemista encabezado ya por Rodríguez Alcaine. Según Elektron (boletín del Frente de Trabajadores de la Energía —el cual se reclama heredero de la TD—, Vol. 10, No. 206, 16 de julio de 2010), “para la defección, el gobierno instrumentó las acciones a través de Jorge Torres Ordoñez, secretario general en turno del SME”.

Tras el aplastamiento de la Tendencia Democrática —a la par con la infame guerra sucia librada por Echeverría durante la primera mitad de los años 70 contra las organizaciones guerrilleras y la izquierda en su conjunto—, el régimen priísta optó por adoptar una fachada más “democrática” para apaciguar el desasosiego obrero y comprar a la izquierda: la “reforma política” de finales de los 70. El gobierno otorgó facilidades a los partidos de la izquierda para participar en las elecciones y obtener el registro oficial —y, con éste, un millonario subsidio—. Y la izquierda aceptó el trueque. Así, toda la gama de organizaciones supuestamente “marxistas” —desde el PCM estalinista hasta el PRT seudotrotskista— se abalanzaron a las contiendas electorales y, por supuesto, al subsidio estatal (ver también “De Tlatelolco a Atenco: La guerra sucia del capitalismo mexicano”, Espartaco No. 19, otoño-invierno de 2002).

La izquierda entera presenta a Galván como una especie de apóstol de la democracia sindical, si acaso víctima de un programa “equivocado”. Un ejemplo de ello lo da el Grupo Internacionalista (GI), una agrupación que se reclama trotskista. Si bien presenta críticas aparentemente ortodoxas a la perspectiva colaboracionista del “nacionalismo revolucionario” de Galván y la confianza suicida en una supuesta ala “antiimperialista” de la burguesía (El Internacionalista, noviembre de 2009), el GI resume: “La Tendencia Democrática liderada por Rafael Galván en los años 70 buscó deshacerse de la garra de los dirigentes charros de la CTM, pero no supo romper con todo el sistema corporativista del priato, y por eso finalmente fue derrotada” (volante del Comité de Lucha Proletaria, asociado al GI, 15 de enero de 2010). El problema con Galván no era su ignorancia; el corporativismo priísta era, de hecho, su programa. Para Galván, los sindicatos debían colaborar con el gobierno para “consolidar un Estado Nacional Revolucionario”. Como él mismo lo puso en 1978, “es necesario lograr la independencia ideológica de los trabajadores sin renunciar a su participación en el Estado a través del PRI [¡!]”. Según él, “hasta Cárdenas, el Estado tenía la misión de construir la unidad nacional. El Estado era del pueblo y no de una clase”.

Galván fue un miembro prominente del PRI. En los años 60 fue senador por este partido —incluyendo en 1968, cuando el senado emitió una declaración de apoyo a la masacre de Tlatelolco—. La perspectiva entera de la TD se basó en tratar de ganar el apoyo del mismísimo Echeverría. En suma, Galván personificó la política con la que el proletariado debe romper si ha de avanzar en la consecución de sus tareas históricas.

La bancarrota del sindicalismo “independiente” ante el neoliberalismo

El contrapeso militar y económico de la URSS obstaculizó por décadas la expansión imperialista desenfrenada a los países neocoloniales. Así, a principios de la década de los 80, la inversión privada estadounidense en México era esencialmente cero; veinte años después, la quinta parte de las plantas y equipos industriales de corporaciones estadounidenses en el Tercer Mundo se hallaban en México. La crisis de la deuda de 1982 y el colapso del auge petrolero, en el contexto de la cruzada antisoviética de la Segunda Guerra Fría de Reagan y Thatcher, significaron mayor apertura económica en México y, correspondientemente, mayores ataques brutales contra los sindicatos.

Procurando incrementar cada vez más la tasa de explotación de la clase obrera, desde principios de los años 80 Miguel de la Madrid Hurtado impulsó políticas gubernamentales que debilitaron el papel de la CTM y el Congreso del Trabajo (CT) como interlocutores con el gobierno y eliminaron conquistas esenciales de los contratos colectivos. Así sentó las bases para la privatización —por mandato del Fondo Monetario Internacional— de gran parte de la industria nacionalizada durante el salinato. De 1982 a 1996, las mil 155 entidades que tenía el sector paraestatal se redujeron a 185. En reacción a los ataques privatizadores, una serie de huelgas estalló de 1983 a 1987, incluyendo una en el ramo aéreo, dos huelgas de los telefonistas, y la última huelga del SME en 1987, la cual fue requisada.

La campaña de represión contra los sindicatos, con la justificación de que significan un grillete para la economía mexicana, se intensificó dramáticamente con el Bazukazo en contra del sindicato petrolero, en el que su dirigente, “La Quina”, fue detenido y encarcelado el 10 de enero de 1989 por su oposición a la privatización de Pemex y por haber coqueteado con Cuauhtémoc Cárdenas. Los espartaquistas fuimos los únicos en la izquierda en oponerse al ataque estatal contra el sindicato y exigir la libertad de los dirigentes petroleros encarcelados, lo cual hicimos sin darles ningún apoyo político.

El PRD —surgido del FDN de Cárdenas— se desarrolló desde finales de los 80 como una nueva fuerza burguesa que canalizó el descontento obrero hacia las ilusiones en el regreso al viejo corporativismo mediante comicios electorales. El PRD burgués aglutinó a la mayoría de las fuerzas y partidos de oposición en torno a un núcleo de expriístas —Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo centralmente—. Acorde con este reordenamiento burgués, desde principios de los 90 se formaron nuevas alineaciones dentro del sindicalismo mexicano, pero las burocracias sindicales aceptaron a grandes rasgos el marco de la reforma impulsada por el gobierno. Así, por ejemplo, el SME asumió explícitamente el principio de la “productividad” impulsado por Salinas de Gortari como base de sus relaciones con la empresa y el estado en su contrato colectivo de 1990-1992. El movimiento sindical “forista” surgió en febrero de 1995 a instancias de sindicatos, incluyendo el SME y el SNTE. Las organizaciones “foristas” pidieron “un nuevo pacto en el marco de un gran acuerdo nacional” y manifestaron su apoyo a las políticas gubernamentales de productividad y reforma de la Ley Federal del Trabajo. Como escribimos en Espartaco No. 7 (invierno de 1995-96) en oposición al proyecto “forista” de los “neocharros”, su propósito era “construir una nueva camisa de fuerza para someter [a] la clase obrera a sus verdugos explotadores”.

En 1997 el “forismo” se escindió, y una parte dirigida por Francisco Hernández Juárez formó la UNT, mientras que la otra, dirigida por Elba Esther Gordillo del SNTE, rechazó la formación de una nueva central. En tanto que “La Maestra” ha competido desde entonces con los dirigentes cetemistas por el estandarte del nuevo charrismo neoliberal, la UNT (a la cual el SME no se adhirió, quedándose dentro del CT), a la cola del PRD, se dedicó a apoyar la legislación de una “reforma laboral y productiva que forme parte de una reforma social, económica y democrática del Estado mexicano”. Como escribimos en el mismo número de Espartaco:

“Cuando los nacionalistas burgueses y sus acólitos seudoizquierdistas...plantean la lucha como una en contra del ‘modelo neoliberal’, están pidiendo a la clase dominante que reimplante alguna versión de los viejos ‘modelos’ de explotación con los que la burguesía disciplinaba a las masas trabajadoras. Pero el neoliberalismo ha sido la expresión reciente de los intereses de clase de los capitalistas en un período cuando, bajo el rótulo del ‘libre comercio’, las respectivas potencias imperialistas —cuya rivalidad se agudizó monstruosamente con la destrucción contrarrevolucionaria de la URSS— están conformando nuevos bloques comerciales. La raíz del problema no está en uno u otro ‘modelo’ (como si fueran sabores de helado entre los cuales hay que escoger). Es el sistema capitalista, que conlleva necesariamente miseria y opresión para la mayoría explotada y la riqueza fabulosa de unos cuantos explotadores quienes se protegen con el aparato represivo del estado burgués. La única alternativa a esa explotación y represión es la revolución socialista”.

La estrategia del SME contra la privatización de la industria eléctrica

Con el arribo al poder de Vicente Fox del neocristero y proimperialista PAN en 2000, las medidas privatizadoras y antisindicales se profundizaron aún más y las centrales obreras continuaron su apoyo esencial al proceso. En 2002 la fracción parlamentaria del PRD junto con la UNT presentaron proyectos de reforma de la ley laboral en acuerdo fundamental con el “proyecto Abascal” —¡incluso el mismo sindicato de telefonistas dirigido por el charro Hernández Juárez había propuesto más de una década antes la privatización de Telmex!—. El gobierno permitió en 1998 la entrada de capital privado en obras de electrificación desplazando a Luz y Fuerza y poniendo en riesgo los empleos del SME mediante la privatización.

El SME no era parte de la CTM, aunque seguía siendo parte del Congreso del Trabajo —cuya formación en 1966 respondió a la necesidad del gobierno de mantener un control más cercano de los grandes sindicatos nacionales de industria que se encontraban fuera de la CTM—. Aunado a lo anterior, su oposición a los planes privatizadores del PRI y el PAN volvió al SME un referente de combatividad para la izquierda especialmente a partir de los años 80, cuando se popularizó la noción de que era un sindicato “independiente”. Sin embargo, la perspectiva política de la dirigencia del SME se mantenía en el mismo marco burgués populista que el de la CTM. Así, toda la campaña del SME contra las privatizaciones estuvo basada en el nacionalismo burgués y conscientemente trazada por parte de la dirigencia del sindicato para evitar la movilización clasista. La estrategia de su Diálogo Nacional, en el cual participaban priístas siniestros como Manuel Bartlett, estaba totalmente subordinada al PRD y su nuevo caudillo, AMLO, y tenía como meta no muy encubierta la llegada a la presidencia de éste. En el más puro estilo galvanista, el documento del VII Diálogo Nacional de febrero de 2009 llamaba, entre otras cosas, por “que el Estado juegue el papel de promotor, gestor, regulador del desarrollo económico bajo el control de la sociedad”.

La fe ciega de los dirigentes del SME en el estado burgués se puede ver al considerar las constantes alabanzas que reservaban para el presidente Adolfo López Mateos, a quien rendían honores en su mausoleo y en general exaltaban por haber nacionalizado la industria eléctrica. López Mateos aplastó la gran huelga ferrocarrilera de 1958-59, envió al ejército a reprimir a los combativos huelguistas e incluso mandó sitiar sus barrios, en lo que fue una de las mayores derrotas históricas infligidas al proletariado mexicano —de hecho, la libertad de los dirigentes ferrocarrileros presos fue una de las demandas del movimiento estudiantil de 1968—. Alabar a este represor capitalista dice mucho sobre lo que significa confiar en el estado como defensor de los intereses de la clase obrera. De manera irónica el régimen capitalista ha remunerado la lealtad histórica del SME con su propia destrucción.

Romper el grillete corporativista sobre los sindicatos requiere un programa revolucionario basado en la independencia de clase respecto a la burguesía. A su vez, la genuina democracia sindical es inseparable del forjamiento de una dirección revolucionaria. En palabras de Trotsky, “Los sindicatos de nuestra época pueden servir, ya sea como instrumentos auxiliares del capitalismo imperialista para subordinar y disciplinar a los trabajadores e impedir la revolución, ya sea, por el contrario, como instrumentos del movimiento revolucionario del proletariado”.

El Grupo Internacionalista: Reformismo “combativo”

La política del GI se basa en el seguidismo a las burocracias pro-PRD supuestamente “independientes” disfrazado con palabrería marxistoide y perennes llamados rimbombantes a la “huelga general”. El GI traza una diferencia de clase entre los sindicatos priístas, con sus venales dirigencias —como la del SUTERM— que generalmente están postradas de manera crasa ante el estado, y los supuestamente “independientes” sindicatos perredistas. La palabrería democratizante y antimarxista del GI se traduce en su negativa a defender a los sindicatos priístas contra el estado capitalista —como en el caso del sindicato minero—.

El GI, en los hechos, propaga la noción de que el SME y los sindicatos perredistas son genuinamente “independientes”. Así, en un artículo de 2009 titulado “La batalla del SME: lucha a vida o muerte para los sindicatos independientes”, escribe que “aunque el SME es formalmente un sindicato independiente, aún se encuentra bajo el control de la legislación laboral” (El Internacionalista, octubre de 2010). El GI reduce la cuestión a la naturaleza de la legislación burguesa vigente. Si bien, por supuesto, nos oponemos a la legislación corporativista, para los trotskistas genuinos la independencia de los sindicatos respecto al estado y la burguesía es una cuestión política, no legal. El problema fundamental es que la perspectiva de las burocracias dirigentes de los sindicatos supuestamente “independientes” es totalmente burguesa y está subordinada al PRD. Para alcanzar la genuina independencia de los sindicatos se necesita remplazar a las burocracias procapitalistas con direcciones proletarias revolucionarias. Como lo puso Trotsky: “En la época de la decadencia del imperialismo, los sindicatos sólo pueden ser realmente independientes en la medida en que asuman conscientemente y en la acción el papel de órganos de la revolución proletaria”.

El GI —entre otros— nos ha recriminado amargamente el habernos atrevido a hablar, en un artículo de enero de 2010, de la destrucción del SME como una enorme derrota. Un dirigente del GI escribió en abril de 2010 a un partidario espartaquista:

“En el supuesto ‘realismo político’ de la posición del GEM, se esconde una clara posición menchevique. Si bien es cierto que el curso político de la lucha del SME la llevará inexorablemente a la derrota, es obvio que el 29 de enero ésta no se había consumado (como creo que aún no se consuma ahora, pues miles de trabajadores, con cada vez menos que perder, siguen dispuestos a luchar)”.

Lo que era más que obvio para finales de enero de 2010 era que el SME había sido traicionado por las burocracias de los demás sindicatos perredistas. Los otrora poderosos obreros de LyF, en efecto con “cada vez menos que perder”, recurrieron a medidas desesperadas como la huelga de hambre para presionar al gobierno. Como escribimos entonces:

“Los miembros del SME, habiendo sido separados de la industria que era la fuente de su poder social, necesitaban la solidaridad concreta, mediante la acción huelguística, de otros sindicatos poderosos. Ahora, tres meses y muchas manifestaciones más tarde, los electricistas han sido reducidos a huelgas de hambre y el ocasional bloqueo de vialidades”.

De nada sirve negar la derrota —como si los antiguos obreros de LyF fueran incapaces de darse cuenta de ella—, excepto para lavarle la cara a las burocracias procapitalistas que subordinan a la clase obrera al PRD burgués. Esta incapacidad de reconocer derrotas es típica de la izquierda reformista, para la cual, siguiendo a Eduard Bernstein, el movimiento lo es todo, y el objetivo final —la revolución socialista—, nada. El núcleo fundador del Grupo Internacionalista desertó del trotskismo revolucionario hace casi quince años, incapaces de lidiar con una derrota mucho mayor: la destrucción contrarrevolucionaria de la URSS y el retroceso en la conciencia que acompañó a esta derrota histórico-mundial. Como escribimos en 1997 del entonces flamante GI:

“Ellos están tratando de negar las vastas implicaciones del fallecimiento de la URSS conformando el Nuevo desOrden Mundial, dibujando una pintura de un mundo en ebullición con luchas obreras, un tipo de ‘resistencia’ universal. Esto sirve para su negación del papel de la conciencia, y la necesidad indispensable de un partido leninista de vanguardia luchando por esa conciencia en el proletariado. Ellos glorifican la combatividad sindicalista para obscurecer el papel de la vanguardia que trae la conciencia revolucionaria a la clase desde fuera —con la finalidad de sugerir que la clase obrera adquirirá la conciencia revolucionaria ‘espontáneamente’ en el curso de sus luchas económicas, mientras que esas luchas ‘inevitablemente’ se hacen más y más grandes y más y más combativas”.

—“La idiotez de las Villas Potemkin” (Espartaco No. 9, primavera-verano de 1997)

Lo fundamental ahora es obtener las lecciones centrales de esta experiencia para no repetir la historia —para que las futuras luchas del proletariado tengan un final radicalmente distinto—, pero los obreros no podrán obtenerlas de organizaciones como el GI. Por nuestra parte, los espartaquistas preferimos guiarnos por el documento de fundación de la IV Internacional: “Mirar la realidad cara a cara; no buscar la línea de la menor resistencia; llamar a las cosas por su nombre; decir la verdad a las masas por amarga que ella sea; no temer los obstáculos, ser fiel en las pequeñas y las grandes cosas, ser audaz cuando llegue la hora de la acción, tales son las reglas de la IV Internacional”. ¡Forjar un partido obrero leninista-trotskista! ¡Por nuevas Revoluciones de Octubre alrededor del mundo!