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	Espartaco No. 32	Otoño de 2010

¡Por la revolución obrera en ambos lados de la frontera!

¡Abajo la militarización de la “guerra contra el narcotráfico”!

¡Romper con el PRD! ¡Forjar un partido obrero!

El siguiente artículo ha sido traducido de Workers Vanguard No. 953, periódico de la Spartacist League/U.S., 26 de febrero de 2010.

La masacre de 16 personas, en su mayoría adolescentes, el mes pasado en Ciudad Juárez, es tan sólo la evidencia sangrienta más reciente de la “narcoviolencia” que ha cobrado casi 20 mil vidas en México desde 2001. El año pasado, tan sólo en Ciudad Juárez unas 2 mil 700 personas fueron asesinadas, lo cual la hace una de las ciudades más violentas del planeta. Con frecuencia, las ciudades mexicanas son escenario de tiroteos, muchos de ellos a plena luz del día, conforme los cárteles de la droga y sus adjuntos policiacos se disputan el control del pujante tráfico, dirigido en su mayoría a abastecer el mercado estadounidense. Los cárteles con frecuencia torturan y decapitan a sus rivales en el negocio, colocando sus cabezas junto a carteles con mensajes amenazantes. Los videos de este sádico trabajo artesanal son subidos regularmente a YouTube. Un hombre, apodado “El Pozolero”, admitió que en los últimos diez años había disuelto unos 300 cuerpos en ácido para deshacerse de ellos a petición del Cártel de Tijuana.

La horrenda realidad de la narcoviolencia ha proporcionado al presidente Felipe Calderón del derechista Partido Acción Nacional (PAN) un pretexto para fortalecer sistemáticamente el aparato represivo del estado burgués. Calderón ha desplegado unas 45 mil tropas del ejército a lo largo del país, junto con miles de policías federales. En muchas ciudades, entre las cuales se encuentran centros industriales del norte como Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Reynosa y Nuevo Laredo, el ejército ha asumido funciones policiacas.

Si en algo ha resultado el despliegue del ejército ha sido en un incremento del derramamiento de sangre aunado a la represión intensificada contra la clase obrera y los pobres del campo y la ciudad. Lo que está en juego en la guerra contra el narcotráfico es el control de un negocio que puede redituar hasta 25 mil millones de dólares al año (más o menos el equivalente de las remesas enviadas desde EE.UU.) y que desempeña un papel central en la economía capitalista al involucrar directamente a un estimado de 150 mil personas y estar relacionado con un 78 por ciento de las actividades empresariales legales, según la revista Proceso (15 de marzo de 2009). Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, jefe del Cártel de Sinaloa, incluso ha sido nombrado en la lista de multimillonarios de la revista Forbes. Y es que, desde las secretarías de estado hasta los policías, el aparato estatal capitalista mexicano está profundamente compenetrado con los cárteles de la droga.

Desde el inicio de su régimen, Calderón ha realizado acciones para fortalecer al estado burgués, entre las cuales se encuentra la acrecentada dependencia en el ejército. Al tomar posesión en 2006, Calderón enfrentaba un contexto de agitación social, cuando millones de personas se manifestaban contra su fraudulenta victoria electoral sobre Andrés Manuel López Obrador, del populista burgués Partido de la Revolución Democrática (PRD). Los mineros, al igual que los maestros y comunidades indígenas en Oaxaca y campesinos en el Estado de México, protestaban contra la represión gubernamental y los ataques contra sus medios de subsistencia. Una de las primeras medidas del gobierno de Calderón fue elevar en un 45 por ciento los sueldos militares en febrero de 2007 con el fin de asegurar la lealtad del ejército. Respaldado por una masiva ayuda militar estadounidense, el régimen ha dependido de la creciente militarización del país para empujar sus ataques contra los sindicatos e incluso más medidas de austeridad.

Aunque el nivel de lucha social ha disminuido en el último par de años, México sigue siendo una sociedad profundamente inestable, en la que la clase obrera y los pobres han sufrido un saqueo aún mayor debido a la recesión económica mundial. Describiendo la militarización reforzada con la “guerra contra el narcotráfico”, nuestros camaradas del Grupo Espartaquista de México señalaron en Espartaco No. 31 (primavera de 2009) que “la movilización masiva del estado burgués —una máquina de represión que sirve para proteger la propiedad privada y el régimen de los capitalistas— no tiene nada que ver con ‘proteger’ a la población; se trata de un despliegue de fuerza para lanzar una advertencia a las masas empobrecidas ante la brutal crisis económica”. Esto se vio claramente el 10 de octubre de 2009, cuando miles de policías federales y soldados ocuparon las instalaciones de la industria eléctrica de la Ciudad de México para destruir al sindicato que era un obstáculo al intento de privatizar la industria eléctrica (ver el volante “¡Defender al SME! ¡Movilizar la fuerza de la clase obrera!”, 11 de octubre de 2009).

El movimiento obrero en ambos lados de la frontera debe oponerse a la “guerra contra el narcotráfico”, la “guerra contra el terrorismo” y a otras campañas cuyo fin es fortalecer los poderes represivos del estado capitalista. En México, aunque son las redadas contra los grandes traficantes en sus mansiones lo que ocupa los titulares, la guerra contra el narcotráfico ha sembrado el terror asesino en los barrios pobres de todo el país, como es el caso de Tepito, en el centro de la Ciudad de México —uno de los blancos favoritos de las redadas policiacas—. En Estados Unidos, la “guerra contra las drogas” ha servido durante décadas a los racistas gobernantes capitalistas para llevar a cabo encarcelamientos masivos contra la población negra y, cada vez más, los latinos y los inmigrantes.

La Spartacist League/U.S. y el GEM, secciones de la Liga Comunista Internacional, llaman por la despenalización de las drogas. Nos oponemos a todas las leyes contra los “crímenes sin víctimas” —desde el uso de drogas hasta la prostitución, las apuestas y la pornografía— que en el fondo sirven para preservar el orden social que favorece a la clase capitalista dominante. Al eliminar las enormes ganancias que derivan de la naturaleza ilegal y clandestina del narcotráfico, la despenalización reduciría también el crimen y otras patologías sociales asociadas con éste.

Como marxistas, también nos oponemos a las medidas del estado burgués que restringen o impiden que la población porte armas. En EE.UU., el Partido Demócrata en particular ha buscado durante años restringir este derecho, que supuestamente está garantizado por la Segunda Enmienda a la Constitución. La histeria en torno a la narcoviolencia en México está siendo utilizada actualmente para arremeter contra los expendios de armas en Arizona y Texas que supuestamente arman a los cárteles, ¡a pesar del hecho de que estos pequeños negocios familiares difícilmente son los lugares en donde los narcotraficantes obtienen los lanzagranadas, los cohetes antitanque y otro equipo de categoría militar que utilizan! En México, donde el control de armas es mucho más estricto, la guerra contra el narcotráfico sirve como pretexto para limitar aún más los derechos de la población. Las leyes para controlar la posesión de armas están diseñadas para asegurar que el ejército, la policía y los criminales —que con frecuencia son los mismos— tengan el monopolio sobre las armas. ¡Abajo el control de armas!

La “guerra contra el narcotráfico”: Hecha en EE.UU.

Tanto bajo los gobiernos demócratas como los republicanos, el imperialismo estadounidense ha utilizado la “guerra contra las drogas” como un medio para incrementar el control que ejerce sobre su “patio trasero” latinoamericano. El “Plan Colombia”, iniciado en 2000, canalizó miles de millones de dólares al sangriento gobierno colombiano, cuya asesina campaña contra las guerrillas de izquierda se ha disfrazado desde hace mucho con el estandarte “antidrogas”. Mientras el Pentágono y la CIA despotrican que el narcotráfico amenaza con convertir a México en un “estado fallido”, EE.UU. ha incrementado la ayuda militar a México en un factor de siete a través del “Plan Mérida” que involucra mil 400 millones de dólares. Este programa, iniciado durante el gobierno de George W. Bush, ha sido continuado y ampliado por Barack Obama, quien se empeñó en venir a México la primavera pasada, junto con su secretaria de estado Hillary Clinton, para sermonear a Calderón por su modo de lidiar con la crisis. ¡Abajo el “Plan Mérida” y toda ayuda militar estadounidense a México!

El gobierno de Obama también ha aprovechado la histeria en torno al narcotráfico para reforzar aún más la seguridad en la frontera con México. La recesión económica que ha llevado al desempleo de millones de trabajadores, nativos e inmigrantes, en EE.UU., ha acarreado también una aguda disminución tanto de inmigrantes legales como de indocumentados. Mientras tanto, el gobierno ha incrementado el número de agentes de la patrulla fronteriza y está acelerando el paso en la deportación de extranjeros “ilegales” encarcelados. Al igual que el racismo antinegro, el chovinismo antiinmigrante ha sido utilizado durante mucho tiempo por los gobernantes capitalistas para dividir a la clase obrera y debilitar sus luchas contra la explotación. Exigimos: ¡Plenos derechos de ciudadanía para los inmigrantes! ¡Ni una deportación!

Al tiempo que los voceros de Washington lamentan el caos generado por la guerra contra el narcotráfico, la dominación económica imperialista de México es lo que ha sentado las bases para la espiral de violencia. A partir de la década de 1980, el Fondo Monetario Internacional y otras agencias imperialistas impusieron programas de “reestructuración de la deuda” en México y en todo el Tercer Mundo que eliminaron los subsidios agrícolas así como los programas de bienestar social. El resultado fue la ruina de la producción agrícola a pequeña escala, desatando una afluencia masiva de campesinos arruinados a las ciudades, creando a su vez un terreno fértil para el ascenso del narcotráfico y otros sectores de la “economía informal”.

Esta tendencia se aceleró cualitativamente con la imposición del tratado de “libre comercio”, TLCAN. En los 16 años posteriores a la firma del TLCAN, el campo mexicano ha sido devastado, entre otras cosas por la eliminación de las medidas de protección contra el maíz y el frijol producidos en EE.UU., granos que son la base de la dieta para la población pobre y alimentos básicos clave cultivados por los campesinos depauperados. En Ciudad Juárez y otras áreas de la frontera, muchos campesinos buscaron trabajo en las maquiladoras de “libre comercio”, en donde los fabricantes estadounidenses y de otros países pagan sueldos de miseria. Pero para la mayoría de los que llegaron a las ciudades, fue imposible encontrar trabajo. Además, la actual recesión ha limitado fuertemente la válvula de escape tradicional que constituye la migración a EE.UU., y el envío de remesas por parte de los mexicanos que viven “del otro lado” —una fuente importante de divisas extranjeras y un salvavidas para millones de personas, especialmente en el campo— se ha desplomado.

Bajo estas circunstancias, en gran parte del México rural, y en especial en las comunidades indígenas de las regiones más remotas y áridas, el cultivo de drogas es la única fuente de sustento. Como lo puso un artículo en el Nation (3 de agosto de 2009): “Hoy día, con la caída en las remesas, los precios del petróleo y el turismo, el narcotráfico es probablemente la fuente individual más extensa de divisas fuertes en México”.

Hace casi 20 años, mientras se negociaba el TLCAN, la rapiña de “libre comercio” contra México, la SL/U.S., el GEM y la Trotskyist League of Canada emitieron una declaración conjunta que afirmaba: “Existe la necesidad candente de una oposición proletaria internacionalista que luche al lado de la clase obrera y el empobrecido campesinado de México contra el asalto imperialista. Las secciones canadiense, estadounidense y mexicana de la Liga Comunista Internacional están dedicadas a construir una vanguardia revolucionaria que sea capaz de unificar a las masas trabajadoras del continente en una lucha de clases común” (Espartaco No. 2, verano-otoño de 1991).

Esta perspectiva internacionalista proletaria contrasta agudamente con la de las burocracias sindicales proimperialistas de EE.UU. y Canadá, cuya oposición al TLCAN se basaba en el proteccionismo chovinista. También está en oposición al populismo nacionalista promovido por los falsos dirigentes sindicales en México, que ata a los obreros a la burguesía mexicana. La pequeña izquierda reformista mexicana actúa en consonancia, principalmente a través de su apoyo al PRD burgués. La clave para la emancipación del proletariado en ambos lados del Río Bravo es la lucha por su independencia política respecto de todos los partidos de la burguesía.

El único camino a la liberación de las masas empobrecidas urbanas y rurales en México es la revolución permanente: la perspectiva desarrollada por León Trotsky, codirigente junto con V.I. Lenin del Partido Bolchevique que encabezó la revolución proletaria de octubre de 1917 en Rusia. Para resolver las tareas de la revolución agraria y la completa modernización social y económica es necesario que el proletariado de México tome el poder a la cabeza de todos los oprimidos y explotados. Al expropiar a los capitalistas agrícolas e industriales, un gobierno obrero y campesino en México sentaría las bases para construir una economía planificada y enfrentaría de inmediato la necesidad de extender la revolución socialista al coloso imperialista estadounidense.

La emancipación de la clase obrera y los oprimidos en México está indisolublemente ligada a la de los trabajadores en EE.UU., donde millones de inmigrantes de México y otros lugares son un componente clave del proletariado multirracial. Esto subraya la necesidad crucial de construir partidos leninistas-trotskistas a lo largo de las Américas como parte de la lucha para reforjar la IV Internacional.

Narcoviolencia y terror estatal

Al mismo tiempo que aplicaban brutalmente los dictados económicos de los imperialistas, los gobernantes capitalistas de México se ataban cada vez más al pujante narcotráfico. El régimen de Carlos Salinas (1988-94), penúltimo presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) estuvo marcado por una corrupción descarada incluso para los estándares de México, y por un giro respecto al tradicional populismo que caracterizó por décadas al gobierno del PRI. México fue azotado por la corrupción relacionada con las drogas, al tiempo que se privatizaban sectores clave de la economía. Durante el primer año de gobierno de Salinas, su jefe de policía nacional fue encontrado con 2.4 millones de dólares relacionados con drogas en la cajuela de su coche. Empezando por la familia Salinas misma, los políticos se acercaron más a los capos de la droga, que adquirían más poder conforme el Cártel de Medellín de Pablo Escobar era destruido en Colombia.

La institucionalización de la corrupción relacionada con las drogas bajo el régimen del PRI sirvió, de hecho, para controlar el tipo de violencia que ha sacudido a México en los últimos años. Pero la situación cambió cuando el clerical derechista PAN llegó al poder con Vicente Fox en 2000 y Washington empezó a presionar intensamente al gobierno mexicano para que tomara medidas enérgicas contra el narcotráfico. Durante su gobierno, 80 mil personas fueron arrestadas bajo cargos de narcotráfico, la mayoría de ellas traficantes de poca monta, pero también quince dirigentes de cárteles, veintenas de “lugartenientes” y 428 sicarios. En su persecución contra los cárteles, Fox comenzó a extraditar ciudadanos mexicanos a EE.UU., lo que para los nacionalistas priístas era anatema. Esta campaña destruyó el equilibrio entre los distintos cárteles y también entre éstos y el gobierno, dando origen a enfrentamientos cada vez más violentos.

Muchos de los muertos por la narcoviolencia han sido agentes gubernamentales —policías, soldados, etc.— que se habían vendido a uno u otro cártel. Incluso antes de la actual guerra contra el narcotráfico, los policías mexicanos con frecuencia tenían otros trabajos como agentes del crimen o secuestradores. Ahora cada cártel presume de tener su propia fuerza paramilitar, con armamento sofisticado y dirigentes entrenados profesionalmente. Como en el caso del infame grupo de Los Zetas, estas fuerzas son reclutadas de entre los escuadrones militares y policiacos de élite (los cárteles pagan mucho más que el gobierno).

Los gobernantes de México han canalizado el miedo y la indignación entre la población por la narcoviolencia en apoyo al incremento de la represión, que incluye restricciones más severas a los derechos democráticos. A Calderón, la “guerra contra el narcotráfico” también le ha dado la posibilidad de purgar el aparato gubernamental, instalando a sus secuaces del PAN en lugar de los remanentes del PRI.

La principal fuerza para la violencia es el estado burgués. Aunque los policías en México —y no sólo en México— son abundantemente corruptos, la brutal violencia que emplean deriva del papel que desempeñan —junto con el ejército, los tribunales y las prisiones— como componente esencial del estado capitalista. Este asesino aparato de represión no puede ser reformado en interés de los trabajadores y los pobres. Debe ser aplastado a través de la revolución socialista y remplazado con un nuevo estado que imponga el dominio de la clase obrera —la dictadura del proletariado— para expropiar y suprimir a los explotadores capitalistas.

Ciudad Juárez: Ciudad bajo sitio

El escenario principal de la guerra contra el narcotráfico de Calderón es Ciudad Juárez, una importante ciudad industrial de un millón y medio de personas cuyas decenas de maquiladoras han atraído a miles de inmigrantes del interior del país. Tristemente célebre desde hace tiempo por los brutales asesinatos no resueltos de cientos de jóvenes obreras (ver “Ciudad Juárez: Capitalismo y terror misógino”, Espartaco No. 21, otoño-invierno de 2003), Juárez es también un centro clave del narcotráfico debido a su proximidad con EE.UU.—con El Paso al otro lado de la frontera—. El Narco News Bulletin en línea (17 de abril de 2009) describía la “Operación Conjunta Juárez” del ejército como una “situación de ley marcial de facto”, en la que el despliegue previsto de 8 mil 500 soldados y 2 mil 300 policías militares implicaba que habría un agente por cada 130 residentes y cerca de 92 tropas por milla cuadrada. El artículo informaba: “Los soldados han desarmado a 380 policías de tránsito y los acompañarán mientras lleven a cabo sus tareas. Trece militares retirados y en activo han asumido el control de la policía de Juárez: el General retirado Julián David Rivera Bretón, que se hizo de fama en Chiapas cuando era uno de los oficiales militares a cargo de las operaciones contra los zapatistas, es el nuevo jefe de la policía”. Se planea que las tropas permanezcan en Juárez al menos hasta diciembre. Los nuevos oficiales de policía, que remplazaron a los purgados, fueron entrenados en combate urbano en una base militar y llevarán rifles de asalto alemanes diseñados para operaciones militares.

Los obreros y los pobres de Juárez son el blanco directo del despliegue militar. Desde junio de 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua investigaba 2 mil 500 casos reportados de tortura que involucraban a personal militar y policías federales. El activista veterano Géminis Ochoa, líder de la Liga de Comerciantes Ché Guevara, fue asesinado mientras organizaba una manifestación contra los abusos a vendedores por parte del ejército. Al menos siete profesores universitarios han sido asesinados; todos estaban involucrados en el activismo social o sindical. En mayo de 2009, el Dr. Manuel Arroyo Galván, catedrático de sociología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que realizaba una activa labor en pro de los derechos de los obreros en las maquiladoras, fue asesinado de seis tiros en la cabeza en el centro de Juárez.

México, como otros países latinoamericanos dependientes del imperialismo de EE.UU., nunca ha sido una democracia burguesa estable. Su ejército (el tercero más grande en América Latina), no está diseñado primordialmente para combatir en el extranjero, sino para reprimir a la población, como deja en claro la campaña de 15 años contra los zapatistas en Chiapas. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en gran parte de América Latina, el ejército mexicano ha hecho lo que el gobierno civil ha querido desde finales de la Revolución Mexicana. Bajo el régimen del PRI, la bota sangrienta del estado se vio en el asesinato y la desaparición de miles de izquierdistas, obreros y campesinos combativos. En la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, las fuerzas gubernamentales asesinaron a unos mil manifestantes estudiantiles en la Ciudad de México. Durante la extendida guerra sucia contra la izquierda, que abarcó desde fines de la década de 1960 hasta principios de la de 1980, al menos 2 mil personas fueron desaparecidas o asesinadas. Hoy en día, la clase dominante mexicana no enfrenta una amenaza significativa de la izquierda, que opera en su mayoría a la sombra del PRD.

El dramático incremento en el papel que desempeñan actualmente los militares sólo hará crecer el número de víctimas del terror estatal. Los oficiales del ejército han sido colocados al mando de varias fuerzas policiacas municipales y estatales. Los militares operan retenes en calles y carreteras, en tanto que las ciudades son patrulladas por soldados en camionetas con armas automáticas que apuntan a diestra y siniestra. Muchas de las ciudades bajo ocupación son centros industriales con una historia de combativas luchas obreras. Los abusos del ejército —que incluyen cateos y arrestos sin motivo, violaciones, abuso sexual, tortura y muerte— reportados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos han aumentado de 182 en 2006, cuando Calderón desplegó al ejército, a mil 230 en 2008. Cuando residentes de Monterrey, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Veracruz protestaron contra los militares el año pasado, fueron denunciados en los medios burgueses como herramientas de los cárteles.

Frontera NorteSur (4 de septiembre de 2009), un periódico por Internet publicado por la Universidad Estatal de Nuevo México en Las Cruces, señaló: “Conforme se incrementa el número de cadáveres, la violencia se parece cada vez más a la ‘limpieza social’ llevada a cabo por los escuadrones de la muerte de Honduras, Brasil y otras naciones latinoamericanas”. Los críticos del gobierno y los activistas sociales se encuentran entre los blancos. Los periodistas en el norte de México son intimidados y amenazados con frecuencia por revelar la corrupción gubernamental. En el sur de México, los partidarios de los zapatistas han sido torturados con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico justo como ha sucedido con los activistas indígenas de Guerrero, un estado con un largo historial de represión estatal asesina en contra de izquierdistas. La revista Proceso (22 de marzo de 2009) describió las áreas militarizadas permanentemente en ese estado como una “estrategia contrainsurgente disfrazada de acción federal contra la siembra de enervantes”. En otras partes de México, han circulado rumores de grupos de vigilantes paramilitares relacionados con la policía, un siniestro recordatorio de la guerra sucia.

¡Ninguna ilusión en el populismo del PRD!

La “guerra contra el narcotráfico” ha sido respaldada por políticos a lo largo de todo el espectro de la política burguesa en México. Evocando los tiempos en los que los gobernantes del país ofrecían ciertos programas sociales y retórica populista de la mano de la fuerza bruta, los dirigentes del PRD como López Obrador culpan a los regímenes neoliberales mexicanos, y especialmente a los del PAN, como causantes de la violencia y el caos, debido a su corrupción y a los recortes en las instituciones estatales. Pero cuando circuló el rumor de que los traficantes planeaban asesinar a Calderón, el PRD cerró filas detrás del Comandante en Jefe, con Carlos Navarrete, líder del PRD en el senado, declarando que: “El estado mexicano debe hacer uso de todos sus recursos y sus fortalezas” (El Imparcial, Hermosillo, 11 de agosto de 2009). El PRD ha implementado por años la “guerra contra el narcotráfico” en la Ciudad de México —por ejemplo, con las redadas en Tepito—.

El grupo reformista Militante, copensadores de la Tendencia Marxista Internacional del fallecido Ted Grant, hace eco de la histeria reaccionaria contra las drogas. Cuando el gobierno estaba planeando reducir las penas por posesión de pequeñas cantidades de drogas —una reforma apoyable aunque mínima— Militante denunció a Calderón desde la derecha, afirmando en un artículo del 2 de mayo de 2009 publicado en su sitio de Internet que “los gobiernos panistas han intentado legalizar las drogas con el objetivo de minar la capacidad organizativa y política de la juventud mexicana”. Esto concuerda perfectamente con la larga historia de posiciones sociales retrógradas de los grantistas a nivel internacional, incluyendo su aclamación al vigilantismo antidrogas en Francia, en donde los jóvenes africanos negros y norafricanos son particularmente perseguidos por la policía (ver el folleto espartaquista de 1994, Militant Labour’s Touching Faith in the Capitalist State [La conmovedora fe en el estado capitalista de Militant Labour]).

En EE.UU., International Socialist Review (julio-agosto de 2009), publicado por la International Socialist Organization (ISO, Organización Socialista Internacional), opinaba que, a través de la despenalización, “los miles de millones de dólares desperdiciados en la guerra contra el narcotráfico en México podrían emplearse en reconstruir la economía mexicana para proporcionar la educación y los empleos que los mexicanos necesitan tan desesperadamente. En EE.UU., el dinero podría ser empleado para tratar la adicción a las drogas, en vez del encarcelamiento”. Uno podría pensar que la ISO ha estado fumando alguna sustancia peculiar. Pero el sueño de que los imperialistas que explotan salvajemente a los trabajadores en casa y en el extranjero, y sus subordinados al sur de la frontera, abrirían las puertas de la cárcel y “reconstruirían” la economía que saquean sistemáticamente es ilustrativo del marco de referencia entero de los reformistas: la noción de que el estado burgués puede ser presionado para servir a los intereses de los explotados y los oprimidos.

La súplica reformista de la ISO es un tenue eco del plan ofrecido por el perredista López Obrador, que el pasado marzo apeló en una carta abierta a Hillary Clinton: “Creemos que es un error querer enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia sólo con mano dura, con militares, con cárceles, con leyes más severas y con penas más largas. La solución al flagelo de la delincuencia pasa, necesariamente, por rescatar al Estado, por cambiar el actual modelo económico y por garantizar mejores condiciones de vida y de trabajo a la población”.

Los partidos populistas burgueses como el PRD no pueden mejorar fundamentalmente las condiciones de vida y trabajo de los obreros y los campesinos. Cuando están en el poder, su trabajo es administrar el sistema capitalista de ganancias e imponer sus necesidades contra los trabajadores, en ocasiones agregando algunos programas sociales para tratar de mantener la paz entre las clases. Cuando se enfrenta a obreros, estudiantes y otros que luchan por sus derechos y su sustento, el PRD utiliza la violencia organizada del estado tanto como el PRI o el PAN.

Los llamamientos populistas, ofrecidos como una alternativa al neoliberalismo, sirven para reforzar las cadenas que atan al combativo proletariado mexicano al orden capitalista. Al pregonar que existen intereses comunes en “el pueblo”, el nacionalismo populista oscurece la división irreconciliable de clases entre el proletariado y la burguesía que explota su trabajo para obtener ganancias. Como escribió el GEM en defensa del SME:

“El proletariado posee intereses de clase únicos y una enorme fuerza social, derivados de su posición en el engranaje productivo, que lo llaman a desempeñar el papel dirigente en la consecución de las aspiraciones de todos los pobres y oprimidos mediante su propia emancipación y el establecimiento de un gobierno obrero y campesino. A la clase obrera no le falta ánimo de lucha; pero, mientras ésta se mantenga dominada por la política del populismo nacionalista burgués, será descarrilada hacia las ilusiones en la reforma democrática del capitalismo”.

El GEM lucha para hacer que los obreros combativos y los jóvenes radicales rompan con el PRD y con todas las formas de nacionalismo burgués. Como secciones norteamericanas de la LCI, el GEM, la SL/U.S. y la TLC están dedicadas a la lucha por forjar partidos obreros trotskistas que dirijan la lucha por la revolución socialista del Yukón a Yucatán.■