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	Espartaco No. 32	Otoño de 2010

¡Plenos derechos de ciudadanía para todos los inmigrantes!

¡Abajo la racista ley de pases de Arizona!

¡Ninguna ilusión en Obama y los demócratas!

El siguiente artículo ha sido traducido de Workers Vanguard No. 958, periódico de la Spartacist League/U.S., 7 de mayo de 2010.

A pocos meses de la publicación de este artículo, se hizo pública la masacre de 72 inmigrantes de Centro y Sudamérica en un rancho del municipio de San Fernando, Tamaulipas, presuntamente a manos del narco. Este aterrador asesinato masivo, el peor (que se conoce) desde la matanza de Acteal, Chiapas, en 1997, es un recordatorio fúnebre de que México es un literal infierno para los inmigrantes latinoamericanos que buscan cruzar el Río Bravo. Según un informe reciente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sólo entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 hubo 9 mil 758 inmigrantes secuestrados, es decir, más de mil 600 por mes.

La burguesía hoy llora lágrimas de cocodrilo ante esta masacre, cuando en realidad su estado funge como el perro guardián de la puerta trasera de EE.UU. Víctimas de vejaciones y violaciones, los inmigrantes indocumentados son sometidos a niveles impensables de explotación, opresión y tortura. El racismo y la xenofobia inherentes a la ideología nacionalista burguesa del gobierno mexicano crean un campo fértil para esta situación atroz. Está en el interés de la clase obrera romper con este veneno chovinista y movilizarse en defensa de sus hermanos inmigrantes. Los espartaquistas del GEM buscamos forjar un partido obrero de vanguardia que sirva como el tribuno de todos los oprimidos: ¡Plenos derechos de ciudadanía para todos los inmigrantes! ¡Plena libertad de tránsito a través de México! ¡Por la revolución socialista en todas las Américas!

* * *

Tener piel morena en el estado de Arizona equivale a ser sospechoso de un crimen según las disposiciones de la recientemente aprobada “Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhood Act” [Ley de Apoyo a Nuestras Fuerzas Policiacas y de Vecindarios Seguros]. Esta ley de pases antiinmigrante, al estilo del apartheid, ordena que los policías detengan e interroguen a cualquier persona que consideren un posible inmigrante “ilegal”. Quienes sean incapaces de mostrar inmediatamente los documentos que prueben su “derecho” a estar en Estados Unidos podrían ser arrestados y arrojados tras las rejas. Ésta es la codificación legal de las redadas racistas contra los latinos que ha conducido durante años el infame sheriff de Arizona, Joe Arpaio, que encadena a sus prisioneros en grupos y los obliga a vivir en ciudades de tiendas de campaña bajo el abrasador sol del desierto.

La indignación contra la ley Arizona llevó a decenas de miles a protestar en las calles en diversas ciudades a lo largo del país el 1º de mayo. Pero como sucedió con las manifestaciones masivas en defensa de los derechos de los inmigrantes del Primero de Mayo de 2006, los dirigentes de las protestas están canalizando esta indignación hacia la estafa política que constituye uno de los pilares centrales del dominio capitalista en Estados Unidos: la idea de que el Partido Demócrata es “amigo” de los inmigrantes, los trabajadores y los negros. El grito de “Hoy marchamos, mañana votamos”, usado en 2006, dio excelentes resultados a los demócratas, que se hicieron de la mayoría de los votos latinos en la última elección presidencial. Este año, la consigna “¡Sí, se puede! Yes, we can!”, el eslogan de campaña del Comandante en Jefe del imperialismo estadounidense, Barack Obama, fue el coro impulsado por las organizaciones latinas, los políticos del Partido Demócrata y los burócratas sindicales que encabezaron las protestas.

En un mensaje televisivo dirigido a los cientos de miles que participaron en la manifestación del 21 de marzo en defensa de los derechos de los inmigrantes en Washington, D.C., Obama prometió “construir un futuro digno de nuestra historia como una nación de inmigrantes y una nación de leyes”. La capacidad de usar ese tipo de palabras melosas para enmascarar un sistema basado en la explotación de la clase obrera y enraizado en la perversa opresión racial es precisamente lo que ha hecho que la burguesía estadounidense recurra con frencuencia al Partido Demócrata en tiempos de guerra y crisis económica.

Detrás de estas palabras se alza el puño de hierro de la represión estatal capitalista. Esto quedó demostrado en Arizona tan sólo una semana antes de la aprobación de la nueva ley, con las redadas antiinmigrantes llevadas a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional de Obama (actualmente encabezado por la antigua gobernadora de Arizona, Janet Napolitano). Bajo el zumbido de los helicópteros, hasta 800 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Bureau of Immigration and Customs Enforcement, ICE) y otras agencias policiacas, algunos con pasamontañas negros, llevaron a cabo un ataque estilo militar contra las empresas de camionetas que transportan a los trabajadores inmigrantes en Phoenix, Tucson, Rio Rico y Nogales. Anunciadas como el golpe contra el tráfico de personas más importante en la historia del ICE, estas redadas son un escalofriante retrato del programa para la “reforma migratoria” de los demócratas.

Como expuso un artículo del Washington Post (1º de mayo):

“El ‘marco’ legislativo de los demócratas incluye una serie de medidas nuevas contra la migración a ser aplicadas en las fronteras y los lugares de trabajo de Estados Unidos. Esto engrosaría aún más la Patrulla Fronteriza, que cuenta con 20 mil efectivos; triplicaría las multas contra los patrones estadounidenses que contratan trabajadores ilegales y, de manera más controversial, haría un requisito que todos los trabajadores estadounidenses (tanto los que son ciudadanos como los que no) obtuvieran nuevas tarjetas de Seguridad Social asociadas a sus huellas digitales para facilitar la revisión de su derecho a trabajar”.

Obama prometió “abrir un camino a la ciudadanía” para los más de once millones de indocumentados en este país. Lo que esto significa queda claro en la actual propuesta por parte de los demócratas de que estos trabajadores, desesperadamente empobrecidos, se entreguen como “infractores”, paguen fuertes multas e impuestos atrasados, superen revisiones de antecedentes y hablen inglés fluidamente. Incluso en ese caso, se les otorgaría solamente un estatus provisional por ocho años.

Esto no ha sacudido las ilusiones de los reformistas en Obama como un “cambio” en el que pueden “creer”. Como de costumbre, la International Socialist Organization (ISO, Organización Socialista Internacional) se lleva las palmas. Un artículo del 30 de abril en su periódico Socialist Worker opina: “La discusión sobre una reforma migratoria realmente progresista debe comenzar por definir estratégicamente cómo detener la amenaza de Arizona y cómo obligar a Obama, que ha reconocido en repetidas ocasiones que el sistema no funciona, ¡a que detenga las deportaciones!” Esto, argumentan, “puede ganar tiempo para que el movimiento presione por leyes...que pongan por delante el interés de toda la clase obrera, tanto inmigrante como nativa”.

La cruda realidad es que el sistema capitalista está basado en la explotación brutal de todos los trabajadores; la clase dominante atiza las hostilidades raciales y étnicas para mantener dividida a la clase obrera y, de ese modo, asegurar una mayor extracción de ganancias. De igual modo que los trabajadores inmigrantes son traídos en tiempos de prosperidad económica como fuente de mano de obra barata, el actual incremento de los ataques contra los inmigrantes en todo el mundo está siendo exacerbado por la crisis económica global y el desempleo galopante que ésta trae como consecuencia. Como escribimos en la “Declaración de principios y algunos elementos de programa” de la Liga Comunista Internacional (Spartacist [Edición en español] No. 29, agosto de 1998):

“El capitalismo moderno, es decir, el imperialismo, que alcanza todas las regiones del planeta, en el curso de la lucha de clases y conforme la necesidad económica lo exige, introduce al proletariado por sus estratos más bajos nuevas fuentes de mano de obra más barata, principalmente inmigrantes de otras regiones del mundo, más pobres y menos desarrolladas; trabajadores con pocos derechos que son considerados más desechables en tiempos de contracción económica. Así, el capitalismo, en forma continua crea estratos diferentes entre los obreros; mientras, simultáneamente, amalgama obreros de muchas tierras diferentes. Por todos lados, los capitalistas, apoyados por oportunistas de la aristocracia obrera, intentan envenenar la conciencia de clase y la solidaridad entre los obreros, fomentando las divisiones religiosas, étnicas y nacionales. La lucha por la unidad y la integridad de la clase trabajadora en contra del chovinismo y el racismo es por lo tanto una tarea vital para la vanguardia del proletariado”.

Nosotros no procuramos ajustar el sistema capitalista recomendándole a la burguesía que adopte una política migratoria alternativa. Llamamos por plenos derechos de ciudadanía para todos los inmigrantes como parte de nuestra lucha por elevar la conciencia y la solidaridad de clase en la clase obrera multirracial, preparándola para la batalla revolucionaria necesaria para dar fin al dominio de la clase capitalista. Una verdadera lucha a favor de los derechos de los inmigrantes en EE.UU. comenzará sólo cuando los trabajadores —blancos, negros, latinos y demás— combatan con base en sus intereses comunes como clase. Esto implica oponerse a todos los partidos políticos y las agencias estatales de la clase capitalista. Para desatar el poder social de la clase obrera multirracial será necesaria una lucha política contra los falsos dirigentes procapitalistas del movimiento obrero que han atado a la clase obrera a sus explotadores, particularmente a través del apoyo al Partido Demócrata.

Lugartenientes del capital en el movimiento obrero

Muchos de entre los 1.8 millones de miembros del Service Employees International Union (SEIU, Sindicato Internacional de Empleados de Servicios) son inmigrantes, y muchos de ellos han participado en combativas luchas para organizar sindicatos. Sin embargo, los líderes sindicales traicionan sus intereses. En un comunicado sobre la ley antiinmigrante de Arizona, Eliseo Medina, vicepresidente ejecutivo del SEIU, declaró:

“Esta ley radical contra la inmigración debe ser un despertador para el Congreso y la Casa Blanca. La inmigración es un problema nacional y necesita una solución nacional... Necesitamos políticas migratorias que eliminen la economía clandestina, insertando a los inmigrantes indocumentados en el sistema, de modo que paguen multas e impuestos atrasados, aprendan inglés y se vuelvan contribuyentes fiscales a nivel local, estatal y federal. Necesitamos una reforma que verdaderamente acabe con la inmigración ilegal y haga responsables a los patrones que han actuado mal, que han provocado la caída de los salarios y violado el derecho de todos los trabajadores a un lugar de trabajo seguro”.

De igual forma, un comunicado de Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, en oposición a la ley Arizona exigía que “nos enfoquemos más bien en una solución integral al sistema migratorio, que ha dejado de funcionar”.

El año pasado, la federación sindical “Cambiar para Ganar” del SEIU y la AFL-CIO emitieron una declaración conjunta por una “reforma migratoria integral”. Al adoptar la campaña del gobierno contra los trabajadores indocumentados, estos traidores sindicales sólo buscan maquillar sus métodos de represión. Para regular la inmigración, su “marco unificado” pide una “comisión independiente que evalúe y administre los futuros flujos” de trabajadores inmigrantes, dejando abierta la posibilidad de que ellos mismos participen en esta comisión como la policía sindical del estado capitalista. También exigen “un control operativo más racional de la frontera” y un “mecanismo seguro y efectivo para la autorización de trabajadores”.

Desde que llegó al poder, financiado por millones de dólares en contribuciones otorgadas por los jefes sindicales, el gobierno de Obama ha extendido los “mecanismos de autorización de trabajadores” como el programa E-Verify, diseñado para confirmar el estatus legal de los trabajadores comparando sus números de Seguridad Social con las bases de datos del gobierno. En un lugar de trabajo tras otro, estas auditorías han conducido a despidos masivos de trabajadores inmigrantes. El año pasado, 254 obreros, en su mayoría mujeres, en la planta de comida procesada Overhill Farms y otros mil 500 empleados del fabricante de ropa American Apparel, ambas empresas del área de Los Ángeles, fueron despedidos de sus empleos después de las llamadas “redadas de escritorio”. El gobierno de Obama se jacta de que, en su primer año, deportó un número récord de “ilegales”.

Este tipo de redadas son una invitación abierta a deshacerse de los activistas sindicales y otros “revoltosos”. En 2006, los patrones de la planta Smithfield, dedicada al procesamiento de carne de puerco, en Tar Heel, Carolina del Norte, trataron de detener una lucha por el reconocimiento del sindicato al despedir a 75 obreros cuyos datos “no correspondían”. Un paro de dos días que involucró tanto obreros negros y blancos como latinos obligó a que la compañía los reinstalara a todos. Los obreros ganaron su sindicato a fines de 2008, pero para entonces las redadas del ICE en el lugar de trabajo habían expulsado a un número significativo de obreros inmigrantes.

La batalla en Smithfield subraya la necesidad de una campaña masiva y combativa de organización sindical en todo el país y especialmente en el sur no sindicalizado. Sólo el 6.5 por ciento de los trabajadores en Arizona, un estado infame por su política de “derecho al trabajo”, están sindicalizados. Ahora, en respuesta a la nueva ley antiinmigrante, un artículo en el Phoenix Business Journal (30 de abril) informa que los representantes sindicales del SEIU “afirman que están viendo un incremento en las solicitudes de informes por parte de los trabajadores hispanos en Arizona que están preocupados por la nueva ley y por el potencial de más redadas e investigaciones policiacas en sus lugares de trabajo”. Enlistar a los trabajadores inmigrantes —muchos de los cuales tienen historias de lucha combativa en sus países de origen— en las primeras filas del movimiento obrero es una tarea urgente tanto para combatir la explotación de las capas más vulnerables de la población como para aplastar las leyes antisindicales del gobierno. Esto, a su vez, podría revertir el declive que por décadas han sufrido los sindicatos en este país. En vez de defender a la clase obrera en su conjunto o incluso a los propios miembros de sus sindicatos, la burocracia sindical adopta los intereses “nacionales” de los gobernantes capitalistas de EE.UU. como propios.

Los planes de “reforma migratoria” de los demócratas incluyen la institución de una tarjeta nacional de identificación biométrica para cada persona en Estados Unidos. Esto fortalecerá los poderes al estilo de un estado policiaco y el aparato represivo del estado capitalista, que ya han sido ampliamente incrementados bajo la llamada “guerra contra el terrorismo”. Bajo el programa de la Transportation Workers Identity Credential (TWIC, Credencial de Identidad de los Trabajadores del Transporte), se ha hecho obligatorio que cientos de miles de trabajadores portuarios tengan identificaciones biométricas de ese tipo. Para obtener una credencial TWIC, todos los trabajadores portuarios tuvieron que someterse a exhaustivas revisiones de antecedentes penales y migratorios. Para los trabajadores portuarios negros y latinos, que han sido uno de los principales blancos de la racista “guerra contra las drogas”, el hecho mismo de solicitar la credencial trajo consigo el riesgo de posiblemente ser deportados o perseguidos como una suerte de “fugitivos de la justicia”. Las solicitudes de decenas de miles de trabajadores portuarios fueron rechazadas, aunque algunos finalmente ganaron sus casos en apelación. Un número desconocido de estibadores y otros trabajadores portuarios han sido despedidos de forma permanente, etiquetados como un riesgo para la “seguridad nacional” por ofensas triviales como posesión de drogas con la “intención” de distribuir, o simplemente por ser inmigrantes “ilegales”.

En vez de luchar contra esta ley “antiterrorista”, la respuesta de los dirigentes del International Longshore and Warehouse Union (ILWU, Sindicato Internacional de Muelles y Almacenes) —que todavía es considerado ampliamente como un bastión de poder y combatividad obrera— ¡fue llamar por una implementación más expedita y “justa” del programa TWIC! Como escribimos en “Represión en el puerto por la ‘guerra contra el terrorismo’” (Workers Vanguard No. 936, 8 de mayo de 2009):

“Para que el ILWU y otros sindicatos de estibadores libren un verdadero combate contra la TWIC y las leyes racistas y antisindicales de la ‘guerra contra el terrorismo’, el evidente punto de partida debe ser la oposición al estado mismo que está aplicando estas leyes. Esto significa luchar por plenos derechos de ciudadanía para todos los inmigrantes y luchar para sindicalizar a los trabajadores nacidos en el extranjero... En un país construido sobre la subyugación de los negros, en el que la reacción racista ha servido por mucho tiempo para apuntalar la explotación de la clase obrera en su conjunto, la lucha por la libertad de los negros está estrechamente ligada a la lucha por romper las cadenas de la esclavitud asalariada capitalista y las leyes y fuerzas estatales que la preservan. Pero para librar esa clase de lucha, los sindicatos deben estar dirigidos por otro tipo de dirección, una que esté basada en un programa de lucha de clases, en contraste con la de los falsos dirigentes actuales, cuyas políticas de colaboración de clases subordinan cada vez más a los sindicatos al estado capitalista”.

Cuando el ILWU acepta la TWIC, convirtiéndose en un auxiliar de la represión racista contra los camioneros portuarios; cuando los sindicatos automotrices presionan a favor de los esquemas patronales de rescate, comprometiéndose a reducir el costo del trabajo sindicalizado para competir con los bajos salarios y las horrendas condiciones de las plantas no sindicalizadas; cuando el poderoso sindicato de los Teamsters alega que debería prohibirse que los “inseguros” camioneros mexicanos manejen en las carreteras estadounidenses, los burócratas conservadores se alinean en contra de los intereses de clase básicos del proletariado internacional. Su máxima lealtad es con la rentabilidad capitalista en nombre de su propia clase dominante racista, cuyos beneficios supuestamente deberían “filtrarse hacia abajo”. Esto significa enfrentar a unos trabajadores con otros en una competencia por simples migajas, así como el incremento de la pobreza y el desempleo, particularmente entre las capas sociales más vulnerables.

Los derechos de los negros y los derechos de los inmigrantes

Una serie de políticos del Partido Demócrata, desde el gobierno de la ciudad de San Francisco hasta Al Sharpton en Nueva York, han llamado por un boicot económico contra Arizona, con la izquierda reformista, como el Workers World Party (Partido Mundo Obrero), a la cola ¡exigiendo que los inversionistas y los negocios capitalistas “retiren sus inversiones de ese estado policiaco tipo apartheid!” La última vez que se hicieron llamados a un boicot similar fue en respuesta a la negativa por parte del gobierno estatal de Arizona a reconocer el natalicio de Martin Luther King como día feriado oficial. Esta negativa, junto con la ley antiinmigrante al estilo del apartheid, captura un poco de la historia de Arizona. Esta historia, a su vez, es emblemática en términos de la opresión racial de los negros y la reacción antiinmigrante que están al centro de la preservación del capitalismo estadounidense.

Hasta la Guerra de 1846-48 entre México y Estados Unidos, Arizona, como la mayoría del suroeste, era parte de México. Fue la campaña de los esclavistas sureños por extender el sistema de esclavitud lo que en gran medida motivó la invasión de México en 1846, que resultó en el robo por parte de EE.UU. de la mitad del territorio de México. Hoy día, los latinos —en gran medida mexicanos o mexicoamericanos— conforman más del 30 por ciento de la población del estado. Aunque la gente negra constituye apenas el 4.2 por ciento de la población de Arizona, el estado ha sido por mucho tiempo bastión del racismo contra los negros. Barry Goldwater, cinco veces senador por Arizona y candidato republicano a la presidencia en 1964, votó contra el Civil Rights Act [Ley de los Derechos Civiles] de 1964. Durante décadas, Goldwater fue un ícono de la reacción de derecha contra los derechos de los negros, los sindicatos y todos y cada uno de los programas de asistencia social. En la década pasada, Arizona ha estado al frente de la reacción antiinmigrante, dando origen a las milicias vigilantes de los minutemen que patrullan las fronteras contra los “ilegales”.

Actualmente, Sharpton —un embaucador político que se movilizaba contra las tiendas de abarrotes propiedad de los coreanos en Brooklyn antes de convertirse en un político del Partido Demócrata más “respetable”— declara con bombo y platillo que “llevaremos Freedom Walkers [Caminantes de la Libertad] a Arizona, igual que los Freedom Riders [Viajeros de la Libertad] fueron al sur profundo hace 50 años” (New York Daily News, 26 de abril). Las valientes luchas por los derechos civiles de los años 60 llevaron a la eliminación de la segregación formal Jim Crow en el sur. Pero la premisa de la libertad negra fue traicionada por los dirigentes del movimiento por los derechos civiles, que ataron su destino al Partido Demócrata y fueron comprados a cambio de concesiones simbólicas y unas cuantas “caras negras en puestos elevados”. Hoy día, el objetivo de la referencia de Sharpton a estos heroicos viajeros de la libertad es reforzar el dominio del racista capitalismo estadounidense en su careta del Partido Demócrata.

Uno de los oradores principales en la manifestación de 50 mil personas a favor de los derechos de los inmigrantes que tuvo lugar en Los Ángeles el Primero de Mayo fue el alcalde demócrata de la ciudad, el latino Antonio Villaraigosa. Una pancarta decía: “Nosotros los latinos somos los judíos del siglo XXI”. Tan sólo dos semanas antes, una pandilla de nazis amantes de Hitler llevaron a cabo una manifestación antiinmigrante y a favor del odio racial en Los Ángeles para “recuperar el suroeste”. Centenares de policías de L.A., movilizados por la oficina del alcalde, los protegieron contra una protesta de unos mil antifascistas. Los falsos dirigentes sindicales, en una ciudad en la que los trabajadores inmigrantes han estado al frente de la organización sindical durante las dos décadas pasadas, hicieron caso omiso de esta letal provocación fascista. Los fascistas debieron haber sido detenidos por una combativa movilización de masas compuesta por trabajadores y oprimidos, dirigida por el movimiento obrero. La falta de acción sindical condujo a una derrota total para la clase obrera; se trata del fruto amargo de la lealtad de la burocracia sindical al Partido Demócrata.

La clase obrera necesita su propio partido, un partido obrero revolucionario multirracial. La Spartacist League/U.S. tiene como propósito forjar un partido así, que, a través de la educación y en el curso de agudas luchas de clase, logre concientizar a la clase obrera no sólo de su poder social, sino también de su interés histórico como sepulturero del dominio violento y depravado del imperialismo capitalista. Para construir un partido así en EE.UU., es crucial entender la relación inextricable entre la lucha por la emancipación del trabajo, la defensa de los derechos de los inmigrantes y la causa de la liberación negra. Cuando la riqueza de este país se encuentre en manos de la clase obrera que la produjo, empezaremos la construcción de una economía socialista planificada que proporcionará las bases materiales para la erradicación de la opresión negra. Un gobierno obrero, fundamentado en el programa del internacionalismo revolucionario, comenzará a hacer justicia ante los crímenes históricos del imperialismo estadounidense, por ejemplo, devolviéndole a México ciertas áreas predominantemente hispanoparlantes a lo largo de la frontera. Un gesto así sería el repudio más agudo posible de las políticas socialpatriotas del actual movimiento obrero estadounidense y una demostración concreta del programa internacionalista para aplastar el orden mundial imperialista.

Como escribimos en una declaración conjunta de 2006 entre la SL/U.S. y nuestros camaradas del Grupo Espartaquista de México (GEM), escrita para intervenir en las movilizaciones masivas a favor de los derechos de los inmigrantes que tuvieron lugar ese año: “La clase obrera multirracial estadounidense es potencialmente el aliado más poderoso de los obreros mexicanos. La SL/U.S. y el GEM están dedicados a forjar partidos obreros revolucionarios en ambos lados de la frontera como parte de la lucha por reforjar la IV Internacional de Trotsky, partido mundial de la revolución socialista”.■