Workers Vanguard, suplemento en español No. 10

28 de agosto de 2018

¡Por lucha de clases, ninguna confianza en los demócratas!

El caso Janus: Ataque al movimiento obrero

El siguiente artículo ha sido traducido de Workers Vanguard No. 1133, 4 de mayo de 2018.

El caso de la Suprema Corte Janus vs. AFSCME busca directamente destruir los sindicatos del sector público, lo que plantea una amenaza a todo el movimiento obrero. Un fallo en contra de la AFSCME (Federación Americana de Empleados Estatales, de Condado y Municipales, por sus siglas en inglés) prohibiría la práctica conocida como agency shop en el sector público, que obliga a los empleados que se niegan a unirse al sindicato a pagarle a éste una “cuota de representación”. El sindicato los representa tal como lo hace con su membresía. Semejante fallo revocaría la decisión del caso de 1977 Abood vs. Detroit Board of Education, que permitía el agency shop, haciendo con ello el “derecho al trabajo” la ley para todos los empleados públicos. Dado que el voto decisivo está en manos del magistrado conservador Neil Gorsuch, un abogado empresarial nombrado por Donald Trump, es casi seguro que el fallo será en contra del sindicato.

El caso Janus es financiado por una camarilla ferozmente antisindical que incluye a los millonarios hermanos Koch y al grupo de presión de extrema derecha American Legislative Exchange Council. El gobernador republicano de Illinois e inversionista Bruce Rauner presentó la demanda original en nombre de Mark Janus, un trabajador social que no quería unirse a la AFSCME. El caso se basa en el argumento espurio de que la obligación de pagar cuotas de representación “viola” la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda. Esto no es más que una fachada del intento de llevar a la AFSCME y a otros sindicatos del sector público a la bancarrota y de quitarles afiliados. La misma maniobra de distracción fue central en un caso anterior, Friedrichs vs. California Teachers Association, que intentaba revocar las cuotas sindicales obligatorias pero no llegó a ningún lado.

Janus es el ataque más reciente en una batalla de décadas que los gobernantes capitalistas han librado contra el movimiento obrero organizado, durante la cual el porcentaje de trabajadores sindicalizados ha caído a apenas poco más del 10 por ciento, cerca de la mitad de lo que era en los años ochenta. Los trabajadores públicos están en la mira de los odia-sindicatos porque constituyen la mayor concentración de trabajadores organizados del país. Su porcentaje de sindicalización del 34 por ciento es cinco veces mayor que en el sector privado.

Un fallo contra la AFSCME golpearía especialmente a los trabajadores negros, que están ampliamente representados en estos sindicatos. Los negros tienen 30 por ciento más posibilidades de trabajar en el sector público que los blancos y, para muchos de ellos, un empleo sindicalizado en el transporte, el saneamiento o el servicio postal significa una de las pocas salidas posibles de la pobreza generalizada. En los 28 estados con leyes de “derecho al trabajo”, los salarios son menores y los empleados tienen menos posibilidades de tener seguro médico y prestaciones de retiro. La cláusula del “derecho al trabajo”, que permite a los estados aprobar leyes que prohíban la afiliación sindical obligatoria, forma parte de la Ley Taft-Hartley que fue aprobada en 1947 con el apoyo de los racistas Dixiecrats (demócratas) del sur antisindical. La Taft-Hartley también prohíbe las tácticas combativas en las huelgas y abrió la puerta a la purga de rojos en los sindicatos.

Son los propios falsos líderes sindicales quienes han pavimentado el camino al ataque de Janus. Al abandonar los métodos de la lucha de clases con que los sindicatos se construyeron y contando en cambio con el gobierno capitalista, los tribunales y el Partido Demócrata, la burocracia sindical simplemente ha bajado la cabeza ante los implacables ataques contra los sindicatos. En 2011, decenas de miles de trabajadores sindicalizados, tanto empleados públicos como de otras ramas, se manifestaron en el Capitolio Estatal de Wisconsin para repeler el ataque del gobernador republicano Scott Walker contra los derechos de negociación colectiva de los sindicatos públicos. Los obreros se mostraron dispuestos a irse a huelga para defender sus sindicatos. Pero los burócratas de la AFL-CIO los desmovilizaron para impulsar en cambio una campaña por la remoción de Walker (y su remplazo por un demócrata). Esto selló la derrota de los sindicatos y abrió las compuertas al “derecho al trabajo” en lo que habían sido bastiones sindicales del Medio Oeste y otros lugares.

Hoy, al oponerse a Janus, los “estadistas sindicales” que dirigen los sindicatos se presentan a sí mismos como una de las fuerzas esenciales de contención de la lucha obrera. Vendiendo el argumento dominante entre los líderes sindicales contra Janus, la presidenta de la American Federation of Teachers (AFT, Federación Estadounidense de Maestros), Randi Weingarten, advirtió que un fallo contra el sindicato ¡quebrantaría la “paz laboral”! Dejando claro el papel de los actuales dirigentes sindicales como dóciles sirvientes de los patrones, en su declaración amicus del 19 de enero a la Suprema Corte, Weingarten afirmó que “La ley actual [el fallo de Abood] ha mantenido la paz laboral por cuatro décadas al equilibrar los intereses de los trabajadores y los empleadores”.

Así, atados a las leyes patronales, los líderes sindicales les ruegan a los políticos demócratas que preparen nuevas leyes que mitiguen los efectos del fallo adverso de Janus. Con un ojo puesto en su campaña para reelegirse el próximo noviembre, el gobernador demócrata de Nueva York Andrew Cuomo ha emitido medidas que supuestamente desvían los efectos más devastadores de Janus, ganándose así los encendidos elogios de los funcionarios sindicales del estado. Cuomo hizo esto ratificando las enmiendas a la Ley Taylor estatal, que prohíbe las huelgas en el sector público. Lejos de preparar a los sindicatos para las duras batallas que harán falta para revocar la Ley Taylor, los líderes sindicales coquetean con el mismo mecanismo que mantiene a sus afiliados encadenados.

En cada oportunidad, los falsos líderes sindicales manifiestan su apoyo al sistema capitalista, mientras disfrutan las ventajas y privilegios de los puestos sindicales, incluyendo posiciones en el Partido Demócrata. Cada vez que hay elecciones, millones de dólares de fondos sindicales y millones de afiliados son movilizados para obtener votos para el “mal menor” burgués. Esto se hace claro conforme la “resistencia” anti-Trump se enfoca en las próximas elecciones legislativas. Los líderes sindicales apuestan la suerte de sus sindicatos en los tribunales y en ayudar a los demócratas a ser electos a puestos del gobierno. Una Suprema Corte dominada por los demócratas probablemente rechazaría la demanda de Janus, por la sencilla razón de que los demócratas reconocen el papel que cumple la burocracia sindical en mantener a los esclavos asalariados a raya.

Pero cuando los obreros se salen de cauce y comienzan a luchar por sus intereses de clase, los demócratas, tanto como los republicanos, sacan el mazo. En 1947, Harry S. Truman en una farsa vetó la ley Taft-Hartley, sabiendo bien que el Congreso dejaría su veto sin efecto, y luego, al año siguiente, la aplicó contra los mineros y otros obreros en huelga. En 1978, Jimmy Carter invocó la Taft-Hartley contra los mineros del carbón, que participaban en una dura huelga que duró 110 días. Bill Clinton usó la Railway Labor Act (Ley Laboral Ferroviaria) catorce veces para prohibir potenciales huelgas en los ferrocarriles y las aerolíneas. Por su parte, Barack Obama destrozó eficazmente al sindicato automotriz United Auto Workers mientras rescataba a los patrones automotrices y los bancos. Incluso el aplastamiento de la huelga de controladores aéreos de PATCO en 1981 por parte de Ronald Reagan, una derrota obrera que marcó un parteaguas, se llevó a cabo siguiendo un plan que había diseñado su predecesor, Carter.

¡Por una dirección clasista del movimiento obrero!

Las décadas de servilismo de la burocracia sindical ante los capitalistas y sus gobiernos han servido para erosionar la conciencia sindical básica y desmoralizar a los obreros. Las fuerzas reaccionarias detrás del caso Janus se apoyan en la frustración de los obreros que renuncian a sus sindicatos para no tener que pagarles cuotas a los burócratas. Esto sólo puede llevar a un debilitamiento catastrófico del movimiento obrero. Los sindicatos siguen siendo las organizaciones de defensa básica de la clase obrera y no deben equipararse con las políticas traidoras de sus líderes. La efectividad de los sindicatos depende de su capacidad de llevar a cabo acciones mediante su poder colectivo; los obreros que abandonan su sindicato se vuelven reservas potenciales de esquiroles.

El caso Janus plantea a quemarropa la cuestión de defender los sindicatos. Como escribimos tras el fallo del caso Harris vs. Quinn de 2014, que excluía a los asistentes de salud a domicilio de la obligación de pagar cuotas de representación, pero las sostenía para otros trabajadores del sector público: “Los marxistas defendemos el agency shop contra el ataque de los patrones. Pero estamos por el closed shop, donde los trabajadores deben ser miembros del sindicato antes de ser contratados” (“Supreme Court Clobbers Home Health Care Workers Unions”, WV No. 1049, 11 de julio de 2014). Nuestro artículo continuaba: “Lo que hace falta es luchar por sindicatos que abarquen a todos los trabajadores de una compañía o industria, uniéndolos en la lucha común contra los patrones por mejores salarios, prestaciones y condiciones de trabajo.”

Los ataques de los capitalistas a los sindicatos van de la mano con el implacable recorte de programas sociales como los servicios de salud, la educación y todo aquello que suene a ayudar a los trabajadores y los oprimidos. Los empleados públicos encontrarían muchos aliados entre los desempleados, las personas negras, los latinos, los inmigrantes y todos aquellos a quienes los gobernantes capitalistas sacrifican, si abanderan la lucha por servicios de salud de calidad para todos, por educación gratuita, por transporte público gratuito y otras demandas como ésas.

Esta perspectiva requiere una lucha política para forjar una nueva dirección en los sindicatos, una dirección clasista que entienda que los intereses del trabajo y los del capital son irreconciliables. Una dirección así lucharía por sindicalizar a los no sindicalizados. Esa batalla significa combatir la opresión de las personas negras como una casta de raza y de color, que constituye el fundamento del dominio capitalista en este país. Una dirección clasista de los sindicatos estaría enraizada en el entendimiento de que la lucha por la liberación negra está inextricablemente ligada a la causa de los obreros y asumiría la defensa de los trabajadores nacidos en el extranjero, exigiendo el fin de las deportaciones y plenos derechos de ciudadanía para todos los inmigrantes.

Una dirección combativa de los sindicatos estaría comprometida a dar la lucha en las líneas de piquete; armada con un programa comprometido a liberar a la humanidad del sistema social basado en la producción para la ganancia y no para las necesidades humanas. La lucha por revitalizar el movimiento obrero debe entenderse como parte de la lucha por construir un partido obrero multirracial cuyo fin sea barrer con el orden capitalista de la esclavitud asalariada mediante una revolución proletaria que establezca el poder obrero.

¡Ninguna ilusión en el estado capitalista!

Una expresión grotesca de la lealtad de los burócratas sindicales con el capitalismo estadounidense y su estado es la mentira que cuentan los líderes de la AFSCME y del sindicato de trabajadores de servicios SEIU de que los policías y los custodios también son “obreros” y deben ser incluidos en los sindicatos. Este también es el caso de los burócratas que dirigen el International Longshore and Warehouse Union (ILWU, Sindicato Internacional de Muelles y Almacenes), cuyo Local 65 incluye a la policía portuaria de Los Ángeles... precisamente la que sería usada para romper una huelga en el puerto. Los policías son matones a sueldo de los gobernantes capitalistas, y tienen a su cargo reprimir al movimiento obrero y aterrorizar a los guetos y barrios. Entre las víctimas de estos supuestos “compañeros de sindicato” están los afiliados negros y de otras minorías del mismo sindicato, así como sus familias. ¡Policías y custodios fuera de los sindicatos!

Temiendo que Janus provoque una caída mayor en el número de afiliados, y con ella una merma en su poder político y económico, los funcionarios sindicales han estado esforzándose por volver a inscribir miembros mediante “campañas educativas”. Los locales del Amalgamated Transit Union (ATU, Sindicato de Transportistas Unificado) han combinado este método con la distribución de cuotas por deducción, esperando minimizar el daño financiero que siga a Janus.

Nos oponemos a que el estado capitalista prohíba las cuotas por deducción y a que intervenga de cualquier manera en los asuntos sindicales. Pero todo el sistema de cuotas automáticas, que se deducen de los sueldos, le entrega a los patrones el control de las finanzas sindicales, dándoles un instrumento para chantajear al sindicato. El sistema se originó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando, a cambio del juramento de “no hacer huelgas” para impulsar la producción de guerra, los líderes sindicales del CIO negociaron la “seguridad sindical” con el National War Labor Board. Bajo esta fórmula, los miembros de los sindicatos se veían obligados a pagar las cuotas, usualmente bajo el sistema de cuotas por deducción. Este acuerdo tenía como premisa la subordinación de los sindicatos al estado capitalista. Bajo una dirección clasista, los delegados sindicales cobrarían las cuotas, lo que ayudaría a hacer que la dirección rindiera cuentas ante las bases.

Toda batalla obrera importante ha mostrado la necesidad de que los sindicatos cuenten con su propio poder independiente, incluyendo el control de sus finanzas. Al calor de la huelga de los transportistas en Nueva York en 1980 que duró once días, al Local 100 del Transport Workers Union (TWU, Sindicato de Trabajadores del Transporte) le retuvieron sus cuotas por deducción. Sólo se le devolvieron seis meses después, cuando los líderes sindicales habían renunciado a los estándares de trabajo y seguridad. Después de una huelga de tres días del Local 100 en 2005, las cuotas por deducción fueron abolidas en un intento de llevar a la bancarrota al sindicato, y fueron reimplantadas tres años después a cambio de un compromiso de no hacer huelgas.

Un ejemplo contrario fue el esfuerzo que hizo el National Union of Mineworkers británico (Sindicato Nacional de Mineros) por conservar sus fondos de reserva durante su heroica huelga de 1984-85. Primero, el sindicato dispersó los fondos en diferentes bancos y se los encargó a líderes obreros de toda Europa como medida para prevenir que los tribunales los incautaran. Cuando el gobierno de Margaret Thatcher ubicó esos fondos, el sindicato empezó a conducir sus transacciones en efectivo.

Los sindicatos industriales de este país se construyeron mediante duras batallas de clase en desafío a las leyes antisindicales. Los liberales y los reformistas sindicales afirman que fueron establecidos por la gracia del presidente Franklin D. Roosevelt y por leyes que formaban parte del New Deal, como la Ley Wagner de 1935. De hecho, si bien la Ley Wagner concedió algunos derechos legales a los sindicatos de la industria privada, excluía específicamente a los trabajadores del sector público. Al crear mecanismos de supervisión estatal sobre las elecciones sindicales y otras actividades, la Ley Wagner tenía como propósito central minar la lucha de clases. Fue promulgada como respuesta a las históricas huelgas generales de 1934 en Minneapolis, San Francisco y Toledo.

Esas batallas sindicales, que alentaron el crecimiento de los sindicatos industriales del CIO más tarde en esa década, estuvieron dirigidas por rojos: partidarios de la trotskista Communist League of America en Minneapolis, el American Workers Party de A.J. Muste en Toledo y el Partido Comunista en San Francisco. Las huelgas fueron prácticamente guerras civiles en las que la masa de obreros se enfrentó a los rompehuelgas y sus protectores policiacos. Los líderes huelguistas tuvieron que vérselas con los conservadores burócratas sindicales de la AFL, que actuaban en nombre del gobierno y habían impuesto divisiones de oficio, étnicas y raciales para minar las luchas obreras. Como escribimos en una serie de artículos de WV, reimpresos en nuestro folleto de 2015 Then and Now: “Lo que marcó la diferencia fue que los obreros habían sido política y organizativamente armados por líderes que entendían que el único camino posible a la victoria pasa por la movilización de su poder como clase contra el enemigo de clase capitalista”.

Reformismo “de base”

Unos cuantos izquierdistas han planteado el argumento, por perverso que parezca, de que un fallo contra la AFSCME en el caso Janus podría de hecho revitalizar los sindicatos al retirar un obstáculo burocrático a la combatividad. Esta es la línea de “Haz tu propia lucha de clase” (“Do-It-Yourself Class Struggle”) del representante de la United Federation of Teachers (UFT, Federación Unida de Maestros) Kevin Prosen en el número del 2 de marzo de la publicación Jacobin, un proyecto de la organización Democratic Socialists of America (DSA). Prosen escribe que “al destrozar las instituciones del movimiento sindical”, la derecha también pudo haberle “quitado los frenos a formas mucho más explosivas de actividad obrera”.

Destruir los sindicatos no ha llevado a una “renovada volatilidad” entre los obreros, como Prosen predice que hará el fallo de Janus. Por el contrario, la aplicación de leyes antisindicales ha diezmado a los sindicatos del sector público. Cuando la negociación colectiva fue abolida en Wisconsin en 2011, la tasa de sindicalización del sector público se desplomó a la mitad, del 50 por ciento al 23 por ciento en 2016.

Janus fue un tema central del evento Labor Notes Conference realizado en Chicago a principios de abril, que atrajo unos tres mil militantes sindicales y de izquierda. Partidarios de la publicación socialdemócrata Labor Notes, así como de la organización International Socialist Organization (ISO) y otros grupos reformistas, hablaron mucho del activismo de base (o “de abajo a arriba”) como la respuesta al sindicalismo empresarial de la alta burocracia sindical. Sin duda, no estaría nada mal que hubiera más combatividad obrera en este país. Pero la clave para movilizar a los obreros en su propio interés de clase es romper las cadenas políticas que los atan a la clase explotadora. Los partidarios de Workers Vanguard fueron los únicos participantes en la conferencia que levantaron la consigna de romper con los demócratas y construir un partido obrero clasista.

Desde la inauguración de la conferencia hasta su clausura, los mismos grupos que aplaudieron la organización “de abajo a arriba” —los DSA, Socialist Alternative, et al.— también aplaudieron a Bernie Sanders, un político capitalista cuyo disfraz “socialista” le ha permitido arrear a jóvenes y obreros descontentos de vuelta al corral demócrata (véase “Bernie Sanders: Imperialist Running Dog”, WV No. 1083, 12 de febrero de 2016). Y los propios DSA forman parte del Partido Demócrata. Pese a hablar tanto de una “rebelión” obrera, estos grupos comparten el mismo marco de los sindicalistas empresariales, buscando cuando mucho mejores condiciones bajo este decrépito sistema de explotación. Políticamente, esto se reduce a atar el destino de los sindicatos a los demócratas “amigos de los obreros” y a confiar en los tribunales y otros brazos del estado.

Las recientes huelgas de maestros en West Virginia y otros estados gobernados por republicanos hicieron que los participantes en la conferencia de Labor Notes celebraran las “revueltas en los estados republicanos”. Los partidarios de WV fueron aplaudidos cuando señalaron que también en la misma ciudad demócrata donde se celebraba la reunión los obreros estaban en la mira, y que el gobierno de Obama también había dirigido ataques contra los sindicatos de maestros y la educación pública, con la complicidad de los farsantes sindicales. Y la ISO, pese a sus ocasionales quejas de que los sindicatos se apoyan demasiado en los demócratas, también ha sido cómplice. Parlotean sobre “una resurrección de la actividad de base” para contrarrestar a Janus, pero cuando esa actividad empieza a hacerse sentir, la historia cambia. En 2016, el partidario de la ISO Jesse Sharkey, quien hoy dirige el sindicato de maestros de Chicago, canceló una huelga que la membresía esperaba con ansia e impuso un contrato entreguista, traicionando a las mismas bases a las que representa.

La lucha sindical combativa puede asestarle importantes golpes a la explotación y la austeridad. Pero la clave está en hacer que la clase obrera cobre conciencia de su papel histórico como sepulturera del sistema capitalista y de toda la sociedad de clases. Esa conciencia no emerge espontáneamente de las luchas cotidianas de la clase obrera, que no desafían por sí mismas el modo de producción capitalista, sino que debe llevarse al proletariado desde fuera por medio de un partido obrero revolucionario. Hablando desde el auditorio en un panel sobre trabajadores del transporte público, un militante sindical combativo y partidario de WV lo puso claramente: “Lo que necesitamos es romper con la colaboración de clases. Necesitamos reconstruir el tipo de sindicalismo radical que entendía que los obreros no tienen nada en común con los patrones. Y en el camino hacia allá, necesitamos construir un partido obrero, un partido nuestro, multirracial, que luche por los derechos de los negros y los inmigrantes, y por un gobierno obrero”