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Suplemento de Espartaco, Septiembre de 2010

 

Honduras: luchas masivas bajo la represión militar

ˇForjar un partido obrero revolucionario internacionalista!

El siguiente artículo ha sido traducido de Workers Vanguard No. 964 (10 de septiembre de 2010), periódico de nuestros camaradas de la Spartacist League/U.S.

Luchas sociales agudas han sacudido a Honduras, la empobrecida neocolonia de Estados Unidos, desde el derrocamiento militar del presidente populista burgués Manuel “Mel” Zelaya en junio de 2009. Alrededor de 50 mil personas protestaron en las calles de la capital, Tegucigalpa, este 1º de Mayo, y miles en todo el país se manifestaron para protestar el 28 de junio, el aniversario del golpe. El poderoso sindicato magisterial, con 65 mil afiliados, ha estado en huelga desde el 9 de agosto, luchando contra la retención por parte del gobierno de 150 millones de dólares del fondo de retiro del sindicato y contra los planes de privatizar las escuelas normales.

En solidaridad con los maestros, las federaciones sindicales han convocado a huelgas para el 7 de septiembre y el 12 de octubre, con vistas a una huelga general, para exigir un aumento del salario mínimo y oponerse a la privatización de los servicios públicos. También ha habido protestas campesinas en demanda de créditos baratos y en defensa del decreto agrario promulgado bajo Zelaya. Estas valientes expresiones de oposición popular al régimen golpista están teniendo lugar a pesar de la severa represión por el ejército, la policía y los tenebrosos escuadrones de la muerte. Decenas de opositores han sido asesinados desde el golpe, y miles han sido arrestados, secuestrados, torturados, violados o golpeados.

En medio de un amplio boicot, las elecciones de noviembre de 2009 instalaron en la presidencia a Porfirio Lobo, del Partido Nacional, en remplazo del líder golpista Roberto Micheletti, del Partido Liberal, como líder civil del gobierno apoyado por el ejército. Tras su toma de posesión en enero, Lobo amnistió a los participantes en el golpe y expulsó a Zelaya, quien había reingresado al país y recibido asilo en la embajada brasileña, mandándolo al exilio en República Dominicana. El gobierno de Obama aplaudió estos esfuerzos de “reconciliación nacional” y ha presionado fuertemente para que el gobierno de Lobo obtenga reconocimiento internacional. Mientras tanto, como han documentado diversos grupos de derechos humanos, el “nuevo” régimen hondureño intensificó inmediatamente la represión, dirigida especialmente contra los militantes sindicales, los periodistas y sus familias, así como contra los líderes y simpatizantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), un masivo movimiento populista burgués en apoyo a Zelaya que se formó inmediatamente después del golpe.

El golpe de estado de junio de 2009, llevado a cabo por el ejército hondureño, fue instigado por el imperialismo estadounidense y/o sus lacayos hondureños. La presidencia de Zelaya había tomado un carácter cada vez más populista, tras haber enfrentado agitación social marcada por huelgas, tomas de tierras y protestas. Zelaya llevó a cabo varias reformas paliativas para contrarrestar el descontento social, y en 2008 se alió con el presidente populista de Venezuela, Hugo Chávez. Estas acciones condujeron a una polarización intensificada dentro de la burguesía, entre Zelaya y sus partidarios, por un lado, y los oligarcas más recalcitrantes, el ejército hondureño y los imperialistas estadounidenses, por el otro. A los empresarios locales les escandalizó particularmente que, en diciembre de 2008, Zelaya anunciara un aumento del 60 por ciento al salario mínimo. Un referéndum consultivo respecto a la convocatoria para una asamblea constituyente, que Zelaya había programado para el 28 de junio de 2009, fue utilizado como pretexto para el golpe militar y el estado de sitio.

Esto no fue una mera pugna interburguesa en la que la clase obrera no tenía lado. Era necesario que el proletariado se opusiera al golpe —que amenazaba la capacidad de la clase obrera de organizarse por sus propios intereses y constituía un golpe contra los oprimidos— y defendiera las reformas conquistadas bajo Zelaya. Los marxistas, sin dar ningún apoyo político al gobierno populista burgués de Zelaya, teníamos la obligación de defender militarmente a Zelaya y sus partidarios contra el golpe de estado y de tomar lado con las masas en las calles, mientras luchábamos para que el proletariado emergiera bajo su propia bandera.

Es elemental para los marxistas defender los derechos democrático-burgueses y demás conquistas de los obreros y oprimidos cuando se encuentran bajo ataque. En México, en 2005, el gobierno del derechista Partido Acción Nacional (PAN) bajo Vicente Fox trató de impedir la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador del populista burgués Partido de la Revolución Democrática (PRD). Si bien ésta fue una medida judicial y no un golpe militar como el de Honduras, nuestros camaradas del Grupo Espartaquista de México se opusieron al ataque, declarando:

“El ataque de Fox y cía. habría significado un golpe preventivo derechista, con la venia del congreso, para deshacerse del candidato que la pandilla clerical foxista identifica con la ‘izquierda’. Habría agrietado la delgada capa ‘democrática’ que cubre al volátil régimen capitalista mexicano y reforzado la arbitrariedad estatal. Los espartaquistas nos opusimos a este ataque del PAN contra los derechos democráticos elementales de la población entera: esencialmente, el derecho a votar por quien le venga en gana... Tomamos esta posición sin darle ningún apoyo político al PRD y sin dejar de esclarecer en ningún momento su naturaleza de clase burguesa y por lo tanto inherentemente antiobrera.”

— “Los ataques derechistas de Fox y las tareas de la clase obrera:
¡Romper con AMLO y el PRD! ¡Forjar un partido obrero!”,
Espartaco No. 24, verano de 2005

La defensa de los militantes sindicales y los demás hondureños atrapados en medio de la represión brutal está en el interés directo del proletariado a nivel internacional. Los obreros e izquierdistas estadounidenses tienen un deber especial de defender a las masas hondureñas. Desde que fue proclamada la Doctrina Monroe, los gobernantes estadounidenses han considerado a Centroamérica y el Caribe como su propio feudo. Pese a algunas diferencias en las políticas, tanto el gobierno de George W. Bush como el de Barack Obama ayudaron a preparar el terreno para el derrocamiento de Zelaya, y luego la Casa Blanca de Obama apoyó el gobierno golpista y respaldó fuertemente el régimen de Lobo que lo sucedió. La Spartacist League/U.S. lucha por movilizar la oposición al imperialismo estadounidense con base en la oposición clasista del proletariado a los dos partidos capitalistas, el Demócrata y el Republicano.

Centroamérica y la revolución permanente

Honduras es uno de los países más pobres del hemisferio occidental y forma parte del istmo centroamericano, el cual está dividido en estados pequeños y marginales bajo la bota del imperialismo estadounidense. Hasta mucho después de la Segunda Guerra Mundial, Honduras siguió siendo la “república bananera” por excelencia, dominada por la United Fruit y la Standard Fruit. Sin embargo, hoy su economía ya no depende completamente de sus exportaciones agrícolas tradicionales. También existe un sector maquilador de industria ligera para exportación que emplea a más de 100 mil obreros. Para mantener su dominio, la pequeña y débil burguesía hondureña confía en sus cuerpos de oficiales militares bonapartistas y, de manera crucial, en el respaldo de los imperialistas estadounidenses.

El papel que los gobernantes hondureños han desempeñado en la región en nombre de los imperialistas estadounidenses pudo verse claramente en la década de 1980, cuando las fuerzas militares estadounidenses usaron Honduras —llamada el “portaaviones insumergible” de Washington— como su base de operaciones estratégica contra la Nicaragua sandinista y las fuerzas guerrilleras izquierdistas de El Salvador y Guatemala. Las guerras sucias del imperialismo estadounidense en Centroamérica formaban parte de su campaña por la destrucción contrarrevolucionaria de la Unión Soviética, un estado obrero degenerado, y por revertir las conquistas de la Revolución Cubana, mientras se declaraba que los insurgentes izquierdistas no eran sino agentes soviéticos y cubanos.

Honduras fue una base de operaciones para los contrarrevolucionarios contras, apoyados por Estados Unidos, que buscaban el derrocamiento sanguinario del gobierno sandinista, nacionalista de izquierda, de Nicaragua. La insurrección sandinista de 1979, que derrocó a la odiada dictadura de Somoza, destrozó el aparato represivo del estado capitalista conforme los guardias nacionales (y una parte de la burguesía) huían al exilio. Nosotros luchamos entonces por defender la revolución nicaragüense y llamamos a los obreros a completarla mediante la expropiación del resto de la burguesía, y a extender la revolución socialista a toda Centroamérica. Tras una década de ataques de los asesinos contras y de un bloqueo hambreador de Estados Unidos, el callejón sin salida de la estrategia sandinista, que consistía en negociar con los imperialistas y permitir que los capitalistas locales conservaran el control de la economía, desmoralizó a las exhaustas masas nicaragüenses. En 1990 un régimen burgués apoyado por Estados Unidos fue electo, marcando la consolidación de vuelta del estado burgués.

Estados Unidos también utilizó a Honduras en su esfuerzo por aplastar al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, una vasta insurgencia guerrillera de izquierda que luchaba contra la asesina junta militar apoyada por Estados Unidos. Nosotros llamamos por la victoria de los izquierdistas salvadoreños y por la revolución obrera, declarando que la defensa de Cuba y la URSS comenzaba en El Salvador. Pero la dirección frentepopulista del FMLN obstaculizó la victoria de los insurgentes. Adoptando con ahínco una alianza de colaboración de clases con una ala “progresista” de la burguesía salvadoreña, el FMLN buscó una “solución pactada” con el régimen de los escuadrones de la muerte. En 1992, las fuerzas izquierdistas terminaron por firmar un acuerdo capitulador gestionado por Estados Unidos, lo cual fue una abyecta acomodación al “nuevo orden mundial” postsoviético. Hoy, los líderes del sandinismo y del FMLN operan como políticos abiertamente burgueses al frente de sus respectivos estados capitalistas.

Durante la última década, la repulsa popular en gran parte de Latinoamérica a los gobiernos “neoliberales”, abiertamente proimperialistas, ha sido canalizada hacia el apoyo a una nueva capa de populistas burgueses, desde Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia hasta Zelaya en Honduras. Sin embargo, este viraje no es “anticapitalista”. Mientras se presentan como defensores de las masas explotadas y oprimidas, estos gobernantes buscan cooptar y contener el descontento dentro del marco del capitalismo, que necesariamente implica la subordinación al sistema imperialista mundial. Como escribió León Trotsky, codirigente con V.I. Lenin de la Revolución de Octubre de 1917, en “Los sindicatos en la época de la decadencia imperialista” (1940):

“Como en los países atrasados el papel principal no lo juega el capitalismo nacional sino el extranjero, la burguesía nacional ocupa, en cuanto a su ubicación social, una posición muy inferior a la que corresponde al desarrollo de la industria. Como el capital extranjero no importa obreros sino que proletariza a la población nativa, el proletariado nacional comienza muy rápidamente a jugar el rol más importante en la vida nacional. Bajo tales condiciones, en la medida en que el gobierno nacional intenta ofrecer alguna resistencia al capital extranjero, se ve obligado en mayor o menor grado a apoyarse en el proletariado. En cambio los gobiernos de países atrasados que consideran inevitable o más provechoso marchar mano a mano con el capital extranjero destruyen las organizaciones obreras e implantan un régimen más o menos totalitario. De modo que la debilidad de la burguesía nacional, la ausencia de una tradición de gobierno comunal propio, la presión del capitalismo extranjero y el crecimiento relativamente rápido del proletariado corta de raíz toda posibilidad de un régimen democrático estable.”

La clave para la revolución social en Honduras y en el resto de Centroamérica y Latinoamérica es que el proletariado se levante como dirigente de todos los explotados y oprimidos en oposición política a todas las alas de la clase capitalista, ya sean “neoliberales” o populistas. El ejemplo de la Revolución Rusa de 1917, una confirmación contundente de la teoría y perspectiva de la revolución permanente de Trotsky, señala el camino hacia delante.

Al tomar el poder bajo la dirección de los bolcheviques de Lenin, la clase obrera tomó en sus propias manos las tareas democráticas históricas que antes se asociaban con las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII y procedió a sentar las bases de la reconstrucción socialista de la sociedad. El gobierno obrero y campesino soviético abolió la propiedad privada de la tierra, llamando a los campesinos pobres a completar la revolución agraria contra los terratenientes, y liberó al país del yugo imperialista. El estado obrero expropió a la clase capitalista y se apoderó de los medios de producción y del sistema bancario, lo que condujo eventualmente a una economía colectivizada y centralmente planificada. Bajo la dirección de Lenin y Trotsky, los bolcheviques entendían que, para alcanzar el socialismo —una sociedad sin clases basada en la abundancia material— hacía falta extender la revolución proletaria a través de Europa y a otros países industriales avanzados.

No puede conseguirse la liberación del dominio imperialista ni un alivio real a la desesperada pobreza de las masas sin un gobierno obrero y campesino, es decir, sin la dictadura del proletariado apoyada por los campesinos. Especialmente en un pequeño país neocolonial como Honduras, tal régimen tendría que luchar por extender inmediatamente la revolución socialista a todo el istmo centroamericano y a México, con su poderoso proletariado. Esta perspectiva debe incluir la lucha por la revolución proletaria en el corazón imperialista estadounidense, que, bajo un gobierno obrero, suministraría masivos recursos económicos y tecnológicos para la superación de la pobreza y para dar un salto cualitativo en el desarrollo de todas las Américas. Lo que urge es construir partidos leninistas como secciones de una IV Internacional reforjada, cuyo propósito sea dirigir a la clase obrera a la victoria mediante revoluciones socialistas en todo el mundo.

Bajo el dominio del imperialismo estadounidense

Manuel Zelaya es un terrateniente acaudalado que en 2005 fue electo presidente siendo un político burgués convencional del Partido Liberal, el cual ha tendido a alternarse en el poder con el Partido Nacional. Durante los primeros seis meses de su mandato, Zelaya enfrentó más protestas sociales que las que habían tenido lugar en los últimos diez años. En respuesta, aprobó aumentos de sueldos e incrementó los subsidios gubernamentales a los pobres, que en Honduras abarcan dos tercios de la población. Zelaya también trató de reducir los precios de la gasolina y los altos costos energéticos de la nación presentando contratos de suministro de combustible a licitación en el mercado internacional. Esto difícilmente puede considerarse radical, pero bastó para provocar la ira de los monopolios de combustibles tanto hondureños como multinacionales.

Ante la escasez producida por la manipulación de las compañías petroleras, con las gasolineras independientes amenazando con cerrar y los camioneros prometiendo una huelga, Zelaya autorizó importaciones directas de petróleo y prometió construir contenedores petroleros de propiedad estatal a finales del verano de 2007. En enero de 2008, Zelaya se unió al pacto petrolero Petrocaribe de Hugo Chávez, lo cual le permitió adquirir petróleo en mejores condiciones. En agosto del mismo año, con la crisis económica mundial en su punto más álgido y con los precios del petróleo a la alza, Zelaya se unió a la alianza comercial y política ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) de Chávez. A cambio, Venezuela ofreció comprar 100 millones de dólares en bonos hondureños, con la idea de usarlos para construir casas para los pobres. Chávez también ofreció una línea de crédito de 30 millones de dólares para la agricultura y para cuatro millones de focos eléctricos ahorradores de energía, mientras que Cuba proyectó enviar más médicos y maestros alfabetizadores.

Los intereses empresariales hondureños se oponen al ALBA argumentando que dañaría la “libre empresa” y que interferiría con el Tratado de Libre Comercio para América Central (TLCAC) dirigido por Estados Unidos, el equivalente para Centroamérica y República Dominicana del saqueo de “libre comercio” de México bajo el TLCAN. El ex presidente conservador Ricardo Maduro advirtió: “Sería como morderle la mano al amigo que nos da de comer”. Y, en efecto, la alianza con Chávez no alegró a los representantes del imperialismo estadounidense. Según un artículo del 20 de abril publicado en la página web del North American Congress for Latin America, el entonces embajador estadounidense Charles Ford declaró en la televisión hondureña que la mayor parte de las remesas enviadas desde Estados Unidos por los inmigrantes hondureños ¡procedían del tráfico de drogas! Dado que las remesas constituyen más del 20 por ciento del PIB hondureño, esta escandalosa acusación era una amenaza no muy sutil de suspender la ayuda y aumentar las deportaciones de hondureños.

Zelaya quería que se tomara en cuenta su opinión sobre cómo y dónde opera el ejército estadounidense en Honduras. En 2006 se reunió con George W. Bush para discutir sus planes de convertir parte de la base aérea militar de Soto Cano, que aloja 550 efectivos de las Fuerzas de Operaciones Conjuntas Bravo, en un aeropuerto civil. Al mismo tiempo, se anunció la construcción de una nueva base militar, que sería “accesible” para Estados Unidos, en la región de Mosquitia en el este de Honduras. En 2009 Zelaya se sumó a la Iniciativa Mérida, supuestamente dirigida contra el narcotráfico en México y Centroamérica.

En Estados Unidos, la “guerra contra las drogas” es un instrumento de la represión gubernamental, dirigido especialmente contra los negros así como contra los chicanos y los inmigrantes latinos. En Latinoamérica, es un pretexto para extender el dominio imperialista y apoyar a regímenes a favor de EE.UU.; por ejemplo, el ejército estadounidense ha estado presente durante mucho tiempo en Colombia, vecina de la Venezuela de Chávez. Bajo la bandera de la “guerra contra las drogas”, Costa Rica autorizó recientemente la entrada de 46 buques de guerra y siete mil infantes de marina estadounidenses. En junio, mucha gente fue asesinada en Jamaica cuando Estados Unidos le exigió al gobierno que le ayudara a cazar al supuesto líder pandillero Christopher Coke. Nosotros decimos: ¡Abajo la “guerra contra las drogas”! ¡Todas las fuerzas y bases militares estadounidenses fuera de Latinoamérica y el Caribe!

La presencia de fuerzas militares estadounidenses en la región también está dirigida contra el estado obrero burocráticamente deformado cubano. La supresión del dominio de clase capitalista en Cuba, en 1960-61, condujo a enormes conquistas para los trabajadores, a pesar del gobierno de una casta burocrática nacionalista dirigida por Fidel Castro. Estamos por la defensa militar incondicional de Cuba frente al imperialismo estadounidense y la contrarrevolución interna, y llamamos por que Estados Unidos salga de Guantánamo. Al mismo tiempo, luchamos por una revolución política proletaria contra la burocracia castrista, que se opone a la perspectiva de la revolución proletaria en el continente americano, favoreciendo en cambio la búsqueda de alianzas con regímenes burgueses “amistosos”.

El imperialismo estadounidense y el golpe de estado en Honduras

La polarización de la burguesía hondureña llegó a su culminación en marzo de 2009, cuando, poco después de decretar el aumento al salario mínimo, Zelaya anunció una votación para evaluar el apoyo popular que tendría el someter a referéndum la convocatoria de una asamblea constituyente en las boletas electorales de las elecciones de ese noviembre. Los tribunales declararon que esta encuesta consultiva era ilegal y el Congreso, dirigido por Roberto Micheletti, aprobó una ley para impedir el referéndum. Mientras tanto, Zelaya le pidió al ejército que aportara la seguridad y la logística para el reparto de material electoral (la norma bajo la constitución, lo que en sí mismo da una medida del institucionalizado bonapartismo militar de Honduras).

El 24 de junio, cuando el jefe del ejército, general Romeo Vásquez, se negó a obedecer, Zelaya lo destituyó. Al día siguiente, la Corte Suprema falló que Vásquez fuera reinstalado. Ese mismo día, Zelaya dirigió a cientos de sus partidarios de Tegucigalpa a una base militar cercana para recuperar las cajas con las boletas electorales en blanco que sus oponentes querían destruir. Los rumores de un golpe se esparcieron conforme el ejército desplegaba tropas por la capital. En las primeras horas de la mañana del 28 de junio, el ejército secuestró a Zelaya, que seguía en pijama, y de la base aérea Soto Cano lo condujo en avión a Costa Rica. Ese día, los manifestantes desafiaron el estado de sitio para protestar ante el palacio presidencial. A eso siguieron grandes protestas y huelgas.

En las semanas que precedieron al golpe, el embajador estadounidense Hugo Llorens y el Secretario de Estado Adjunto Thomas Shannon Jr. se habían reunido con los oponentes políticos y militares de Zelaya, supuestamente para aconsejarles que se mantuvieran dentro de los límites constitucionales. (Llorens ya tenía alguna experiencia en golpes de estado: él fue el principal asesor de seguridad nacional de Bush respecto a Venezuela durante el fallido golpe apoyado por Estados Unidos contra Chávez en 2002.) El New York Times (30 de junio de 2009) citó a un funcionario estadounidense anónimo que dijo: “Se habló de cómo se podría retirar al presidente de su cargo, cómo podría arrestársele y con qué autoridad”. El artículo continuaba: “Pero el funcionario dijo que la especulación se había centrado en las maniobras legales para deponer al presidente, y no en un golpe de estado”.

Mientras que algunos neoconservadores del partido republicano apoyaron el golpe abiertamente, los demócratas mantuvieron una apariencia más crítica, pero con la misma meta: alcanzar la estabilidad política en Honduras como mejor manera de continuar con la explotación imperialista ilimitada. La respuesta pública inmediata de la Casa Blanca de Obama al golpe fue una estudiada neutralidad, y llamó a “todos los actores políticos y sociales de Honduras a respetar las normas democráticas”. Al día siguiente, la presión diplomática proveniente de Latinoamérica y de otras regiones llevó a Obama a cambiar de tono: “Consideramos que el golpe no fue legal y que el presidente Zelaya sigue siendo presidente de Honduras”. La Secretaria de Estado Hillary Clinton atemperó esto al negarse a contestar “sí” a la pregunta en una conferencia de prensa de si “restaurar el orden constitucional” significaba reinstalar a Zelaya en el cargo. Zelaya apeló repetidamente al gobierno de Obama para que hiciera justamente eso, sin tener éxito.

Los principales conspiradores hondureños del golpe, así como sus asesores, tienen viejos vínculos con el gobierno estadounidense y sus sangrientas guerras en Centroamérica. El general Vásquez asistió en dos ocasiones a la Escuela de las Américas del ejército estadounidense, famosa por entrenar a oficiales del ejército en la tortura y otras técnicas cruentas de contrainsurgencia. Billy Joya, uno de los asesores clave de Micheletti, encabezó el Batallón 3-16 hondureño entrenado por Estados Unidos y responsable del secuestro, la tortura y el asesinato de cientos de sospechosos de izquierdismo en la década de 1980. Los personajes estadounidenses que contribuyeron a alentar la campaña contra Zelaya incluían al siniestro Otto Reich, quien por mucho tiempo encabezara la oficina para Latinoamérica del Departamento de Estado y que en los años ochenta actuó como el brazo derecho del embajador John Negroponte para dirigir las operaciones de los escuadrones de la muerte y la contra desde la embajada en Tegucigalpa. (Reich también estuvo directamente implicado en el efímero golpe de estado contra Chávez en 2002.)

En la secuela del golpe hondureño, el gobierno de Obama orquestó un “diálogo” entre los dos bandos, poniendo a discusión el retorno de Zelaya bajo condiciones aceptables para el régimen del golpe. A finales de octubre de 2009, Zelaya y Micheletti firmaron el “Acuerdo Tegucigalpa-San José”, en el que Zelaya consentía en abandonar su propuesta de una asamblea constituyente a cambio de que se le permitiera terminar las pocas semanas que le quedaban en el cargo, con un gobierno de “unidad nacional” que concedería la amnistía a los conspiradores golpistas. Sin embargo, el régimen golpista no aceptó el regreso de Zelaya y dio largas al asunto hasta las elecciones de noviembre. Las elecciones ampliamente boicoteadas fueron festejadas por Estados Unidos y sirvieron de base para impulsar que se restituyera el reconocimiento diplomático del régimen hondureño.

El movimiento opositor FNRP

Los sindicatos han sido prominentes en las protestas desde el golpe, dejando entrever el poder potencial del proletariado hondureño. Sin embargo, la clase obrera no ha aparecido bajo su propio nombre. La oposición al golpe se aglutinó políticamente en torno al nacionalismo populista a favor de Zelaya de lo que hoy se conoce como el Frente Nacional de Resistencia Popular. La dirección del FNRP incluye líderes sindicales, izquierdistas reformistas, feministas y activistas por los derechos de los negros y los indígenas. Sin embargo, como señala un comunicado del FNRP del 12 de julio, el primer puesto del Frente Nacional está reservado para Manuel Zelaya, “reconociendo su dirección y ubicándolo al frente de este proyecto”. Disidentes a favor de Zelaya provenientes del Partido Liberal también se consideran parte del FNRP.

El manifiesto del FNRP, publicado un año después del golpe, describe la resistencia como “una combinación de fuerzas revolucionarias”. El núcleo de la política del FNRP es el populismo burgués: la oposición al neoliberalismo a favor de un mítico capitalismo nacional “progresista”. Su programa económico es por una economía “mixta” que cancele “las concesiones ilegales que se dieron bajo el modelo neoliberal en los sectores estratégicos de la vida económica del país”. Este modelo populista debe alcanzarse mediante una “lucha patriótica, pacífica y democrática” por una asamblea constituyente que “refundará el país”.

Los marxistas no damos ningún apoyo político a formaciones políticas burguesas como el movimiento de resistencia del FNRP, que subordina los intereses de clase específicos del proletariado hondureño a los de la burguesía “progresista”. Lo que hace falta es un partido obrero revolucionario, forjado en la lucha por la independencia política del proletariado frente a todos los partidos y formaciones burgueses. Al romper con el colaboracionismo de clase nacionalista del FNRP, el proletariado hondureño debe defender las demandas y aspiraciones de los campesinos y otros estratos oprimidos por derechos democráticos, revolución agraria y libertad del yugo imperialista. Estas demandas sólo pueden cumplirse mediante una revolución proletaria y socialista que se extienda a todo el continente americano.

La colaboración de clases en nombre de la “lucha democrática” y la “liberación nacional” tiene un largo y desastroso historial en Latinoamérica y más allá. Como escribimos en la “Declaración de principios y algunos elementos de programa” (Spartacist No. 29, agosto de 1998):

“El ‘frente único antiimperialista’ es la forma particular que la colaboración de clases asume con mayor frecuencia en los países coloniales y ex coloniales, desde la liquidación del Partido Comunista Chino en el Guomindang de Chiang Kai-shek en los años 20 hasta las décadas de postración de la ‘izquierda’ sudafricana ante el Congreso Nacional Africano (CNA), que se ha convertido en una fachada patrocinada por el imperialismo para el capitalismo del neoapartheid. Hoy, en América Latina, el nacionalismo ‘antiyanqui’ es la herramienta principal con la que los obreros combativos y los campesinos insurgentes son inducidos a poner sus esperanzas en los burgueses ‘radicales’. El programa de Trotsky de la revolución permanente es la alternativa a la confianza en fantasías respecto a la atrasada burguesía dependiente del imperialismo del propio país oprimido como el vehículo para la liberación.”

En contraste tajante con lo anterior, los diversos grupos de la izquierda reformistas sostienen un programa que se encuentra enteramente dentro de los límites del dominio de clase capitalista. Al día siguiente de la caída de Zelaya, el Party for Socialism and Liberation (Partido por el Socialismo y la Liberación, PSL) quiso presionar al gobierno de Obama para que actuara contra el golpe, proclamando en una pieza editorial que “la indignación global contra el golpe puede cambiar los cálculos de Washington”. Reforzando la subordinación del proletariado a su enemigo de clase burgués, el PSL, al igual que gran parte de la izquierda internacionalmente, se limita a aplaudir al FNRP y a llamar por la reinstalación de Zelaya.

Vistiendo al populismo nacionalista con algo de ropajes “trotskistas”, la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) mexicana y su organización internacional, la Fracción Trotskista (FT), reclaman ocasionalmente la perspectiva de la revolución permanente. Pero lo que hacen es distorsionar la esencia misma de la revolución permanente, que se basa en el proletariado como dirigente de todos los oprimidos en la lucha revolucionaria, independiente de la burguesía nacional y en oposición a ella. En vez de ello, esta organización se queja de que los populistas burgueses no han logrado dirigir lo suficiente una lucha “antiimperialista” contra Estados Unidos.

En una reunión internacional de la FT celebrada el mes pasado, uno de sus voceros habló de la “necesidad de construir una alternativa política revolucionaria” a las “estrategias” de los populistas burgueses, basada en la “organización independiente de los obreros” (La Verdad Obrera, 26 de agosto). Al mismo tiempo, el orador se quejó de que no sólo el Brasil de Lula y la Argentina de Kirchner, sino “también gobiernos amigos de Zelaya, como Chávez en Venezuela y Correa en Ecuador, no hicieron más que declaraciones, ¡negándose a impulsar un movimiento de masas en América Latina para derrotar a los golpistas!”

Esto es lavarle la cara a estos regímenes burgueses. Chávez, Lula y los de su calaña viven en un miedo mortal de que el proletariado surja como una fuerza independiente contra la opresión y el imperialismo, pues ello amenazaría su propio dominio de clase. Los populistas buscan maniobrar entre las diversas potencias imperialistas, y Chávez puede hacerlo más fácilmente debido a las ganancias derivadas del petróleo venezolano. Pero, independientemente de su retórica y su política, como administradores de la esclavitud asalariada capitalista, en última instancia son incapaces de romper con los imperialistas; sólo pueden renegociar los términos de su propia subordinación.

Los partidarios del FNRP de Zelaya dicen que éste “evolucionó”. Pero era y sigue siendo un político burgués, tan opuesto a la victoria de los obreros y los pobres de la ciudad y el campo como los políticos neoliberales. E, independientemente de la participación personal de Zelaya, el programa nacionalista burgués del FNRP es antitético a la independencia política de la clase obrera. En toda América Latina, lo que hace falta son partidos trotskistas construidos en la lucha política contra las muy extendidas ilusiones en el populismo y el nacionalismo. La lucha por una Federación Socialista de Centroamérica está estrechamente vinculada con la lucha obrera en México y el Caribe, así como en América del Sur y del Norte. En Estados Unidos, la clave para construir un partido obrero revolucionario es romper las cadenas que ha forjado la burocracia sindical proimperialista y que atan a la clase obrera y las minorías a los partidos del capital, y en particular al Partido Demócrata. ¡Por la revolución obrera en todas las Américas!