Joven Espartaco

diciembre de 2011

Chile: Protestas masivas exigen educación gratuita

A continuación publicamos, ligeramen te editado, un artículo de Workers Vanguard, periódico de nuestros camaradas de la SL/U.S., No. 990, 11 de noviembre de 2011.

Durante meses, Chile se ha visto sacudido por protestas masivas que comenzaron con la lucha por la gratuidad de la educación superior. Desde mayo, cientos de miles de estudiantes universitarios y de bachillerato se han mantenido en huelga, ocupando escuelas y campus alrededor del país, en tanto que la capital Santiago y el país entero han sido escenario de manifestaciones gigantescas. La furia contenida por varios años contra la arraigada desigualdad en el sistema educativo y la falta de financiamiento ha estallado. Un artículo en el sitio web de la BBC News (11 de agosto) señalaba: “La raíz del enojo de los estudiantes es su percepción de que el sistema educativo chileno es sumamente injusto; a los estudiantes ricos les otorga acceso a algunas de las mejores escuelas en América Latina, mientras que a los pupilos pobres los consigna a escuelas estatales en mal estado y con escaso presupuesto”.

El gobierno de derecha, encabezado por el multimillonario Sebastián Piñera del partido Renovación Nacional, ha respondido a las protestas con salvaje represión estatal. Con frecuencia, los manifestantes han sido víctimas de gas lacrimógeno, cañones de agua y golpizas. Miles han sido arrestados y brutalizados por la fuerza policiaca militarizada, los carabineros. El 25 de agosto, Manuel Gutiérrez, de 16 años, murió por un disparo de la policía mientras pasaba por una manifestación en Santiago.

La lucha estudiantil ha servido como polo de atracción del descontento más amplio de los trabajadores de Chile. Las familias, muchas de las cuales se han endeudado enormemente para financiar la educación de sus hijos, han salido a las calles en solidaridad con los estudiantes, protestando con cacerolazos. Los sindicalistas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se han movilizado en apoyo a los estudiantes, realizando paros de dos días en agosto y octubre y sumándose a las manifestaciones de cientos de miles. Los trabajadores han venido exigiendo mejoras en los servicios de salud pública, pensiones y derechos sindicales.

En Chile existen la educación pública y la privada, pero la educación pública no es gratuita. Las instituciones encargadas de proporcionar educación básica (primaria) y media (secundaria y preparatoria) se dividen en: colegios municipales (financiados por el estado pero con cuotas), los colegios particulares subvencionados (la mayoría tienen fines de lucro y todas reciben apoyos estatales), los que son administrados por las llamadas corporaciones de administración delegada (propiedad del estado pero administradas por instituciones empresariales) —todas las anteriores tienen cuotas diferenciadas— y los colegios particulares.

Del total de estudiantes de secundaria, cerca del 40 por ciento estudia en colegios públicos (municipales), mientras que el 50 por ciento lo hace en escuelas subvencionadas. El resto recurre a educación privada. Más de la mitad de las escuelas y la mayoría de las universidades son privadas. El 80 por ciento de los universitarios estudia en instituciones privadas creadas durante la dictadura militar. Del total de dinero que se destina a la educación superior a nivel nacional el 79 por ciento proviene directamente de las familias. Las cuotas que se cobran en nivel medio y superior son elevadas y los créditos para pagarlas conllevan altos intereses. Como señaló The Nation (18 de agosto), el salario mínimo mensual promedio es de 385 dólares, mientras que la colegiatura promedio es de 485 dólares mensuales y el promedio de la deuda de los estudiantes después de graduarse es de 40 mil dólares. Según una comparación internacional de los estándares educativos realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Chile se encuentra en el lugar 64 de los 65 países evaluados en términos de la segregación según la clase social en escuelas y universidades. Las escuelas privadas de educación básica y media, incluidas las que opera la iglesia católica, reciben subsidios del estado por medio de un sistema de vouchers (cupones). Dado que las colegiaturas se cobran adicionalmente al voucher, este sistema ha beneficiado predominantemente a las familias más ricas. Una demanda central de los estudiantes en huelga es acabar con “la educación con fines de lucro” y con el financiamiento estatal de las escuelas privadas.

Pinochet, la Concertación y la educación

La privatización de amplios sectores del sistema educativo data de la política hambreadora de “libre mercado” implementada bajo la dictadura asesina de Augusto Pinochet. Pinochet llegó al poder en 1973 a través de un golpe militar que derrocó al gobierno de la Unidad Popular (UP) encabezado por Salvador Allende, líder del Partido Socialista (PS). La UP era un frente popular clásico: una alianza de partidos obreros reformistas, principalmente el PS y el Partido Comunista (PC), con fuerzas burguesas —el pequeño Partido Radical así como algunos de la Democracia Cristiana—. El gobierno de Allende no era, como sostienen los reformistas alrededor del mundo, un “gobierno del pueblo” que estuviera introduciendo gradualmente el socialismo. Era un gobierno comprometido a mantener el capitalismo. La presencia de partidos burgueses en la coalición de la UP era una garantía para los capitalistas de que los partidos obreros no tomarían medida alguna que pudiera amenazar su sistema de ganancias.

Incluso antes de asumir el cargo, Allende firmó un acuerdo comprometiéndose a impedir la formación de fuerzas armadas “privadas”, es decir, de milicias obreras. El gobierno de Allende desarmó a los trabajadores tanto confiscando sus armas como sembrando ilusiones en un “camino pacífico hacia el socialismo”. Esto pavimentó el camino para que la burguesía aplastara a la clase obrera. Con el apoyo del imperialismo estadounidense, la junta de Pinochet asesinó a por lo menos 30 mil izquierdistas, obreros y campesinos, y envió a quién sabe cuántos miles más a campos de concentración y al exilio.

Este sangriento terror estatal, dirigido a destruir la combatividad del proletariado chileno, le permitió a la burguesía implementar el programa de austeridad económica —una “terapia de shock”— desarrollado por Milton Friedman, economista de la Universidad de Chicago. Al ver que las grandes universidades estatales eran campo fértil para la radicalización y la protesta, Pinochet redujo el financiamiento destinado a éstas y más tarde promovió la proliferación de universidades privadas.

Tras la dictadura de Pinochet, que llegó a su fin en 1990, siguieron 20 años de dominio de la coalición de “centro-izquierda” de la Concertación, que afirmaba estar restaurando la democracia en Chile. Este nuevo frente popular del PS con la Democracia Cristiana y otras tendencias recibió de la burguesía el mandato de traer a Chile “estabilidad” y crecimiento económico. Pero para los obreros, para los pobres del campo y la ciudad y para las oprimidas minorías indígenas como los mapuches, los gobiernos capitalistas de la Concertación y más recientemente el de Piñera sólo han significado la persistencia de la pobreza y la desigualdad generalizadas. Chile tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina. Al mismo tiempo está clasificado como uno de los quince países con mayor desigualdad en el mundo en un informe de desarrollo de la ONU de 2010.

¡Educación gratuita y de calidad para todos!

Los gobernantes burgueses mantienen escuelas de élite para garantizar la calidad de la educación de sus hijos y para entrenar a los administradores y técnicos que se necesitan para dirigir el sistema capitalista. Cuando se trata de la clase obrera y los pobres, los capitalistas buscan gastar en educación sólo lo que calculan que pueden recuperar en ganancias.

Un punto de referencia para los estudiantes que se manifiestan hoy en Chile es la huelga masiva de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 1999-2000. Durante nueve meses y medio, los estudiantes mantuvieron cerrada la UNAM en una dura batalla en contra de los ataques al acceso a la universidad para jóvenes obreros y pobres. Nuestros camaradas del Grupo Espartaquista de México intervinieron activamente en la huelga, señalando la necesidad de los estudiantes de aliarse con el poder social de la clase obrera y combatiendo las ilusiones en el populista burgués Partido de la Revolución Democrática. La huelga encontró apoyo entre sectores clave de la clase obrera al intersecar el amplio descontento en contra de la austeridad capitalista. Sin embargo, la dirección sindical procapitalista fue en gran medida responsable de desmovilizar a los obreros y dejar que la huelga estudiantil quedara aislada. Aunque la huelga logró evitar la imposición de cuotas —una conquista importante— al final fue aplastada por la brutal represión estatal.

En un artículo evaluando las lecciones de la huelga de la UNAM, el GEM exigió la abolición de la administración universitaria burguesa y llamó por el control de la universidad por parte de los estudiantes, profesores y trabajadores (“Un análisis marxista de la huelga de la UNAM de 1999-2000”, Espartaco No. 31, primavera de 2009). El artículo señala: “Estas consignas, junto con nuestro llamado principal por una educación gratuita y de calidad para todos, apuntan hacia la necesidad de la revolución socialista, la única manera de poner la educación y la cultura en su conjunto no sólo al alcance, sino también al servicio de las masas”.

Para que la educación sea verdaderamente accesible para todos, luchamos no sólo por abolir las cuotas y por nacionalizar las universidades privadas, sino también por admisiones abiertas —todos los que quieran estudiar deberían poder hacerlo— y por subsidios estatales para los estudiantes. Sólo será posible asegurar el acceso de todo mundo a servicios educativos y de salud de calidad y a trabajos y vivienda dignos cuando la clase obrera haya tomado control de las minas, las fábricas y los bancos, y los haya puesto al servicio de las necesidades de los trabajadores y no de las de un puñado diminuto de explotadores capitalistas. Para ello se requiere una revolución socialista que barra con el estado capitalista y expropie a la burguesía.

El poder obrero es clave

Coincidiendo con las manifestaciones estudiantiles chilenas, los mineros —el sector más poderoso y estratégico del proletariado— han llevado a cabo una serie de huelgas en los últimos meses. Chile es el principal productor mundial de cobre y la burguesía chilena y sus patrones imperialistas han obtenido ganancias masivas con el alza en los precios del cobre en años recientes. En julio, los trabajadores de las minas estatales Codelco, las cuales producen más del diez por ciento del cobre del mundo, llevaron a cabo un paro de 24 horas en contra de medidas encaminadas a la privatización. Un poco después, en ese mismo mes, más de dos mil mineros paralizaron por dos semanas La Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, exigiendo mejores salarios y prestaciones. La huelga le costó 30 millones de dólares diarios a BHP Billiton y sus socios.

A finales de octubre los obreros de Collahuasi, la tercera mina de cobre más grande del mundo, se fueron a huelga por el pago de bonos. Esta huelga siguió a la del año pasado —la más larga que haya habido en una mina privada en Chile— en la que los obreros resistieron por 32 días contra sus patrones de Xstrata y Anglo American. Durante las recientes acciones el dirigente del sindicato minero, Cristian Arancibia, dijo: “Además de nuestras demandas como trabajadores de una transnacional tan poderosa como Collahuasi, también esta movilización es una forma de expresar nuestro respaldo a las demandas del movimiento estudiantil, en nuestra calidad de padres y apoderados de miles de jóvenes que están dando un ejemplo en la lucha por las reivindicaciones sociales” (www.radio.uchile.cl, 29 de octubre).

Es el poder social de obreros como éstos, capaces de detener el flujo de ganancias, lo que debe ejercerse en la lucha por educación gratuita y de calidad para todos. Los estudiantes son una capa pequeñoburguesa en la sociedad, sin relación directa con los medios de producción y en consecuencia, con poco poder social propio. Sin embargo, sus luchas pueden ser un catalizador para luchas sociales y de clase más amplias. Así sucedió en Francia en mayo de 1968, cuando las protestas estudiantiles fueron el precursor inmediato de una huelga general de millones de obreros que condujo a una situación prerrevolucionaria. Posteriormente, los obreros fueron vendidos por los falsos dirigentes reformistas del Partido Comunista Francés (ver “France, May 1968” [Francia, mayo de 1968], Workers Vanguard Nos. 972, 974 y 976, 21 de enero, 18 de febrero, 18 de marzo). El punto es que los estudiantes radicales no vean a la clase obrera simplemente como un aliado en su lucha, sino como la única clase que, gracias a su posición única en la producción capitalista, tiene el poder de derrocar al sistema basado en la ganancia.

Las principales organizaciones estudiantiles están dirigidas por miembros del PC y el PS, así como ocurre con la CUT. Estos falsos dirigentes reformistas son un obstáculo fundamental para movilizar el poder social de la clase obrera, promoviendo la misma política frentepopulista que llevó a la sangrienta derrota de 1973. El PC y el PS predican la traicionera idea de que, a través de reformas democráticas, el capitalismo chileno puede actuar en interés de los trabajadores y los oprimidos. Un ejemplo es el llamado de los dirigentes estudiantiles al gobierno de Piñera para que financie la educación gratuita incrementando los impuestos sobre las ganancias mineras, renacionalizando una porción mayor de la industria del cobre y recortando el presupuesto militar, ¡como si el problema fuera que la burguesía no sepa de dónde sacar el dinero para financiar la educación! Aunque las protestas estudiantiles han empujado a Piñera a dar un poco más de dinero estatal para la educación, su verdadera respuesta fue el proyecto de ley que presentó al Congreso mientras se sentaba a “negociar” con los dirigentes estudiantiles. La ley propuesta impone sentencias de cinco años de prisión para los estudiantes que ocupen escuelas o bloqueen el tráfico, junto con varias otras medidas represivas.

Ilusiones en la democracia burguesa

Según el sitio web del Guardian de Londres (7 de octubre), Camila Vallejo, dirigente juvenil del PC, “dijo que los estudiantes se están preparando desde ahora para hacer que el gobierno la pague en las próximas elecciones”. De cara a las elecciones municipales el año entrante y las presidenciales en 2013, los camaradas de Vallejo en el Congreso han estado discutiendo una potencial alianza electoral con los dirigentes del Partido por la Democracia, una parte integral de la coalición de la Concertación. A pesar de toda la retórica del PC contra Piñera y la Concertación, es evidente que el PC está buscando canalizar el descontento en las calles hacia una nueva alianza electoral izquierdista.

El PC y muchos otros de la izquierda también llaman por una nueva constitución y un plebiscito sobre la reforma educativa. La constitución actual data de 1980, cuando Pinochet estaba en el poder, y mantiene muchas de las restricciones sobre las libertades democráticas de su régimen al tiempo que se dirige específicamente contra los obreros, prohibiendo que los empleados estatales se vayan a huelga e impidiendo que los dirigentes sindicales sean miembros de partidos políticos. Mientras que los trotskistas nos oponemos a esta clase de disposiciones reaccionarias y apoyamos las luchas obreras contra ellas, los dirigentes reformistas del PS y el PC buscan canalizar el justo odio de los obreros contra la herencia de la dictadura de Pinochet en ilusiones en la democracia burguesa.

La protección de los derechos de la propiedad capitalista frente a las amenazas del proletariado está consagrada en todas las constituciones burguesas. Mientras las minas, las fábricas y los bancos permanezcan en manos de la clase capitalista, Chile seguirá siendo una dictadura del capital. Esta dictadura es defendida por el aparato represivo del estado capitalista: el ejército, la policía, los tribunales y las cárceles. Las trampas democráticas del parlamento, referendos y constituciones son usadas por la burguesía para ocultar que el estado capitalista es una máquina que sirve para la represión violenta del proletariado. Como explicó V.I. Lenin, dirigente de la Revolución de Octubre de 1917: “La burguesía se ve obligada a recurrir a la hipocresía y a calificar de ‘gobierno de todo el pueblo’ o democracia en general, o democracia pura, a la república democrática (burguesa) que, en la práctica, es la dictadura de la burguesía, la dictadura ejercida por los explotadores contra los trabajadores”(“‘Democracia’ y dictadura”, diciembre de 1918).

La sangrienta derrota del “camino pacífico al socialismo” de Allende proporciona una muy vívida confirmación de la enseñanza de Karl Marx de que “la clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus propios fines” (La guerra civil en Francia, 1871). La conclusión de Marx fue que el estado capitalista no puede ser reformado, sino que tiene que ser destruido a través de la revolución proletaria. Siempre fieles a su adoración de la democracia burguesa, los líderes del PC y el PS se han distanciado de los llamados “encapuchados” en las manifestaciones estudiantiles, quienes son denunciados como “violentos” por la propia burguesía chilena que está bañada en sangre. Es necesario que el movimiento obrero salga en defensa de todos los manifestantes, exigiendo la liberación de aquellos encarcelados y el retiro inmediato de los cargos.

Lecciones del frente popular

Los trabajadores y la juventud en Chile tienen que entender que demoler la “herencia de Pinochet”, por lo que llaman muchos izquierdistas, requiere también demoler la herencia de Allende. El frente popular de la UP llegó al poder en 1970 mientras Chile era sacudido por una oleada de huelgas obreras y ocupaciones de tierras por parte de trabajadores agrícolas y campesinos sin tierra. Lejos de significar un paso hacia el socialismo, las modestas reformas del gobierno de Allende estaban dirigidas a detener esta oleada de luchas.

La nacionalización en 1971 de las minas y de parte de la industria ligera que estaba en manos de extranjeros desató una nueva oleada de lucha de la clase obrera. En respuesta, la UP recurrió a la represión y a la austeridad, tratando de apaciguar cada vez más a los oponentes derechistas del frente popular. En 1972, poniéndose de rodillas ante las movilizaciones reaccionarias de varios sectores de la pequeña burguesía, Allende invitó a algunos dirigentes militares a ser parte del gobierno. Nombró Comandante en Jefe del ejército a Pinochet, quien había masacrado a los mineros del cobre en huelga en el pueblo de El Salvador en 1966.

Allende predicaba la fe en la supuesta “neutralidad” del ejército “democrático” al mismo tiempo que prometía no tocar a los cuerpos de oficiales burgueses. Empujó una ley que autorizaba cateos militares en busca de armas, supuestamente dirigida contra “extremistas” de izquierda y de derecha. Como era de esperarse, fue usada exclusivamente en contra de los sindicatos, los trabajadores fabriles y los partidos obreros, mientras los grupos fascistas acumulaban arsenales. En 1973, Allende retiró la escala móvil de salarios para los trabajadores de la mina de cobre El Teniente, de propiedad estatal, y así desató una huelga que fue reprimida por la policía antimotines. Además, colocó dos provincias mineras bajo control militar.

Hacia el final del régimen de Allende, el rechazo a su política antiobrera había llevado a los trabajadores de las áreas industriales alrededor de Santiago a formar “cordones industriales” (cuerpos de coordinación distrital de los comités de fábrica). Estas formaciones embrionarias de poder obrero indicaron que Chile había entrado en una situación prerrevolucionaria en la que la coalición colaboracionista de clase en el poder ejercía cada vez menos control sobre la clase obrera. Esta situación era similar a la de Rusia en 1917. La diferencia en los resultados —victoria para el proletariado en Rusia, derrota en Chile— se reduce a la ausencia, en el segundo caso, de un partido de tipo bolchevique que estuviera comprometido a llevar a los obreros al poder.

Para ocultar que fue su política de colaboración de clases lo que condujo a la derrota, el PS y el PC siguen pintando el golpe de Pinochet como obra de fascistas y reaccionarios en alianza con la CIA. Aunque no hay duda alguna de que ésas fueron las fuerzas que dirigieron y fomentaron el golpe, todos los sectores importantes de la clase capitalista chilena, incluyendo a los “moderados” de la Democracia Cristiana y a los oficiales “constitucionalistas” del régimen de la UP, estuvieron involucrados de un modo u otro en el golpe. De esa manera, la responsabilidad de la aniquilación física de un sector entero de la clase obrera recae enteramente sobre los hombros de los falsos dirigentes del PS y el PC y de los supuestos partidos marxistas en Chile y alrededor del mundo que dieron apoyo, no importa cuán crítico, a la UP, tal como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno. El régimen estalinista de Cuba comparte también responsabilidad: su programa de “socialismo en un sólo país” lo llevó a apoyar a la UP y a oponerse al llamado por expropiar a la burguesía. Fidel Castro llegó incluso a sermonear a los mineros en huelga de El Teniente, para que “se sacrificaran más” por el bien de la patria.

La Tendencia Espartaquista fue la única en la izquierda internacional que se opuso desde el inicio a otorgar apoyo político alguno a la UP. Como escribimos en “Frente popular en Chile” (noviembre-diciembre de 1970, publicado en español en Cuadernos Marxistas No. 3):

“Es el deber más elemental de los marxistas revolucionarios el oponerse irreconciliablemente al frente popular en las elecciones y no tener absolutamente ninguna confianza en él una vez en el poder. Cualquier ‘apoyo crítico’ a la coalición de Allende sería una traición a la clase, abriendo el camino para una derrota sangrienta del proletariado chileno cuando la reacción doméstica, auxiliada por el imperialismo internacional, esté lista”.

Escribiendo acerca del frente popular español de la década de 1930, el líder bolchevique León Trotsky explicó que la subordinación del proletariado a la burguesía garantiza la derrota, señalando que esto representa “toda la experiencia histórica, al menos desde 1848. La historia moderna de las sociedades burguesas está plagada de frentes populares de toda especie, es decir, de las más diversas combinaciones políticas aptas para engañar a los trabajadores” (“Lección de España: última advertencia”, 17 de diciembre de 1937).

Los combativos obreros y jóvenes de Chile tienen que ser ganados a la lucha por forjar un partido obrero revolucionario en oposición a todas las alas de la burguesía. Un partido así debe actuar, en palabras de Lenin, como “tribuno del pueblo”, defendiendo los derechos de todas las capas oprimidas de la sociedad —las mujeres, los homosexuales, los jóvenes, los mapuches, etc.—. Un partido de vanguardia podrá ser forjado sólo a través de una aguda lucha contra el nacionalismo —la falsa conciencia predominante, reforzada por la dominación imperialista, que ata a los explotados y oprimidos a la burguesía chilena—. La lucha por el poder proletario en Chile debe estar basada en la perspectiva de la revolución socialista a lo largo de América Latina y en el centro imperialista estadounidense, donde la crisis económica mundial ha golpeado duramente al proletariado multirracial. Lo que se necesita es reforjar la IV Internacional de Trotsky, partido mundial de la revolución socialista.