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	Workers Vanguard No. 1140	21 September 2018

Zona fronteriza

EE.UU. niega pasaportes a ciudadanos

Mexicanoestadounidenses bajo ataque

En un siniestro ataque racista a ciudadanos latinos nacidos en EE.UU. que viven cerca de la frontera mexicana se les están negando pasaportes o se los están quitando. Aunque el Departamento de Estado refuta las cifras, el Washington Post estima que el gobierno está cuestionando la ciudadanía de cientos, y posiblemente miles, de personas. Algunos han sido encarcelados en centros de detención y programados para deportación. Otros, quienes han viajado al extranjero con pasaportes vigentes, se encuentran varados en México, sin poder regresar a sus hogares. El gobierno está convirtiendo en apátridas a ciudadanos nacidos en EE.UU., despojándolos de derechos legales fundamentales en cualquier país. Exigimos: ¡Que les den sus pasaportes ya!

El pretexto chovinista para asediar a los ciudadanos latinos, notablemente en el Valle del Río Grande en Texas, es la imputación de que en realidad nacieron en el lado mexicano de la frontera y que sus actas de nacimiento fueron falsificadas por parteras. Obligados a “comprobar” la validez de sus actas de nacimiento expedidas por el gobierno, aquellos bajo ataque tienen que buscar pruebas que son casi imposibles de encontrar: certificados bautismales, registros de cuidado prenatal y recibos de renta de los padres de hace décadas. Independientemente de qué lado de la frontera hayas nacido, nosotros decimos: ¡todos los que están en este país deberían tener plenos derechos de ciudadanía!

Trump llegó a su mandato echando leña al fuego de la reacción nativista e intensificando la campaña antiinmigrante, desde sus desvaríos sobre un muro fronterizo hasta sus ataques contra solicitantes de asilo, y las detenciones que han separado familias. Él y su administración han perseguido descaradamente a musulmanes y también a hispanoparlantes de piel oscura, despertando una cacería de brujas contra cualquier persona que parezca ser “extranjera”. El chovinismo de un “Estados Unidos blanco” de Trump es un llamado a los reaccionarios racistas y a los abiertamente fascistas, quienes están envalentonados en sus ataques contra minorías, gente negra e izquierdistas.

Los operativos del Departamento de Estado contra los latinos que poseen pasaportes estadounidenses se remontan a las administraciones de George W. Bush y Barack Obama. Alegando que las parteras proporcionaron actas de nacimiento falsas para algunos bebés que supuestamente nacieron en México entre 1950 y 1990, Washington frecuentemente le negó pasaportes a gente de descendencia mexicana que nacieron en sus hogares o en centros de salud comunitarios cerca de la frontera. El uso de parteras es común en estas áreas, en su mayoría rurales y empobrecidas: los hospitales son pocos y están lejos, y las mujeres no pueden pagar los gastos médicos o temen la deportación. La asistencia médica de calidad, incluyendo cuidados prenatales y posnatales, debe ser gratuito para todos, independientemente del estatus legal de la persona.

En respuesta a una demanda colectiva del American Civil Liberties Union, en 2009 la administración de Obama llegó a un acuerdo afirmando que desarrollarían “nuevos protocolos” que supuestamente ya no discriminarían a gente de estados fronterizos que no nacieron en un hospital. Ahora que Trump ha reactivado el viejo programa, según los abogados de inmigración, el número de estos casos está por las nubes.

Aunque se llevaron a cabo de manera menos intensa y fanática, las campañas en contra de los latinos e inmigrantes bajo los predecesores demócratas de Trump fueron el andamio para la política que vemos hoy. Obama ideó innumerables medios legales para aplazar o negar pasaportes a ciudadanos estadounidenses, por ejemplo a aquellos que están en la lista negra de “delincuentes sexuales” o evasores de impuestos. Mientras tanto, el programa Operación Janus de Obama le quitó la ciudadanía a inmigrantes naturalizados quienes supuestamente presentaron documentos fraudulentos. Obama usó el cliché de que EE.UU. es una “nación de inmigrantes”, mientras deportaba a un número récord.

Los patanes racistas y simpatizantes del Tea Party, quienes constituyen la base de Trump, le facilitan a los demócratas posar como defensores de minorías, gente negra e inmigrantes. A principios de septiembre, un grupo de diputados introdujo un proyecto de ley para impedir la “discriminación de pasaportes” de Trump. Pero sin duda, aunque el Partido Demócrata trata de atraer a los electores latinos, es un partido capitalista que sostiene el mismo sistema imperialista de ganancias y explotación, que incluye la continua subyugación de México.

La zona fronteriza al norte del Río Grande/Río Bravo es parte de una franja enorme de territorio que se le robó a México a mediados del siglo XIX, previo al ascenso del imperialismo estadounidense. Mientras los esclavistas blancos trataban de extender la esclavitud al territorio mexicano, EE.UU. conspiró para anexar a Texas en 1845 e invadió a México. Hacia el final de la intervención de Estados Unidos en México en 1848, aproximadamente la mitad del territorio mexicano quedó en manos de EE.UU. Las zonas fronterizas de Texas fueron objeto de disputas acaloradas durante décadas, y los mexicanoestadounidenses en el área fueron sometidos al terror sanguinario y a la represión racista. Hoy en día, muchos residentes tienen familia en ambos lados de la frontera y cruzan con regularidad para trabajar, ir a la escuela o hacer compras. Hasta 2009 podían hacerlo sin pasaportes. Desde entonces, se requieren pasaportes para cruzar la frontera, y en los puestos de control a millas de la frontera de EE.UU. se tiene como blanco a los latinos, así como a los indígenas estadounidenses, a quienes se les acosa, interroga y detiene.

La Casa Blanca racista presenta a los latinos—el grupo minoritario más grande en EE.UU., y el cual está creciendo rápidamente—como una amenaza a la mayoría angloestadounidense del país. Pero este ataque no es sólo contra los latinos: que el gobierno les quite la ciudadanía pone en duda los derechos de todos los ciudadanos. La ciudadanía es en si el derecho a tener derechos—el derecho al debido proceso, a viajar, a votar. ¿Quiénes serán los próximos en la mira? Como siempre en EE.UU. racista y capitalista, un país fundado en la esclavitud de los negros, la destrucción de los derechos legales será en detrimento de la gente negra, y en última instancia, del movimiento obrero.

Los derechos de ciudadanía en EE.UU. son el producto acumulado no sólo de la Guerra de Independencia contra Gran Bretaña, sino también de las sangrientas batallas de la Guerra Civil estadounidense y las explosivas luchas de clase y sociales de los siglos XIX y XX. Los esclavistas del Sur de EE.UU. tuvieron que ser aplastados antes de que la Decimocuarta Enmienda a la constitución extendiera los derechos de ciudadanía—la cual originalmente aplicaba sólo a hombres blancos dueños de propiedad—a la gente negra y a “toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos”. (A los indígenas estadounidenses no se les otorgó la ciudadanía hasta 1924.) Después de la derrota de la Reconstrucción Radical, una combinación de terror legal y extrajudicial le negó a la gente negra sus derechos de nacimiento, impuso la segregación Jim Crow y los relegó a ciudadanía de segunda clase. Durante décadas los gobiernos estatales disputaron la validez de los certificados de nacimiento con base en la raza para imponer las leyes contra la “mezcla de razas” y la racista regla de “una gota de sangre negra”.

Aunque muchos hoy dan por hecho que la ciudadanía estadounidense es el derecho de nacimiento de cualquiera que nazca aquí, ese concepto moderno es en realidad una victoria reciente y reversible. Un siglo después de la Decimocuarta Enmienda—en el contexto del movimiento masivo por los derechos civiles y las convulsivas protestas contra la Guerra de Vietnam—la decisión de la Suprema Corte Afroyim vs. Rusk de 1967 determinó que el gobierno no puede privar a ninguna persona de su ciudadanía involuntariamente. La ciudadanía es un logro importante que se debe defender. Sin embargo, como cualquier derecho en este sistema racista, no es ningún baluarte contra la injusticia capitalista; para los negros, las minorías oprimidas y los pobres, derechos como la igualdad bajo la ley y el debido proceso son la excepción a la regla.

Despertar el odio racial y étnico es una manera en que la clase capitalista—representada igualmente por los demócratas y republicanos—mantiene a la clase obrera dividida y mina su capacidad para luchar. Los gobernantes estadounidenses tienen una larga historia de leyes de exclusión racista y deportaciones masivas de los que han nacido tanto en el extranjero como aquí. En el siglo pasado, miles de estadounidenses fueron despojados de su ciudadanía debido a su raza, nacionalidad, convicciones políticas o participación en lucha de clases militante. Durante las redadas Palmer de 1919-20, las cuales se lanzaron como una reacción temerosa a la Revolución Rusa, 10 mil personas fueron objeto de redadas, entre ellas militantes sindicalistas, personas bajo sospecha de ser comunistas e inmigrantes; más de mil fueron deportados. En los años treinta, durante un periodo de revuelta entre trabajadores agrícolas e industriales, alrededor de un millón de personas de descendencia mexicana fueron expulsadas del país en programas racistas de “repatriación”, más de la mitad eran ciudadanos estadounidenses. Durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses japoneses fueron internados en campos de concentración y enfrentaron la pérdida de la ciudadanía.

Invocar a un “enemigo interior” les ha servido durante mucho tiempo a los gobernantes de EE.UU. para aumentar su maquinaria de represión estatal contra la clase obrera, la gente negra, los inmigrantes y cualquier persona que perciban como oponente del dominio de la clase capitalista. Desde los ataques del 11 de septiembre, la bipartidista “guerra contra el terrorismo”, no sólo ha acosado a los musulmanes y a otros, también ha pisoteado los derechos de ciudadanía. Por ejemplo, está el caso del ciudadano estadounidense José Padilla, que inicialmente iba ser encarcelado indefinidamente como “combatiente enemigo” sin cargos o audiencia. O Anwar al-Awlaki y su hijo, ambos ciudadanos estadounidenses asesinados en la cruzada de “asesinatos selectivos” de Obama en Yemen.

Cualquier ataque de la clase dominante contra los más vulnerables es un medio para hacer retroceder los derechos más ampliamente, disminuyendo los salarios y empeorando las condiciones laborales para todos. Sólo la lucha de clases, que una a los negros, blancos, latinos e inmigrantes puede empezar a revertir estos ataques y romper con las divisiones fomentadas por la clase dominante. Esta lucha debe combatir centralmente la opresión negra, la cual es fundamental al capitalismo estadounidense. La Spartacist League/U.S. está dedicada a construir un partido obrero revolucionario el cual sea el defensor de la liberación negra y los derechos de los inmigrantes, como parte de la lucha para barrer con el imperialismo racista estadounidense mediante la revolución socialista. Tal partido estará en su mayoría compuesto y dirigido por negros, latinos y otras minorías, los cuales tienen poco que perder y mucho que ganar en la lucha por el poder obrero.