Huracán y desastre hecho por el hombre

Puerto Rico saqueado por el colonialismo estadounidense

¡Fuera tropas estadounidenses! ¡Cancelar la deuda! ¡Por el derecho a la independencia!

Adaptado de Workers Vanguard No. 1119 (6 de octubre de 2017).

Puerto Rico se encuentra devastado. Sus habitantes luchan por obtener lo más básico: alimento, agua potable, medicamentos, combustible, electricidad, sanidad y refugio. La catástrofe que se está desarrollando ahí no tiene nada de natural. Mucho antes de que el huracán María tocara tierra, el dominio colonial estadounidense ya le había chupado la sangre a Puerto Rico hasta llevarlo al borde del colapso. La isla, con tres millones y medio de habitantes, hoy esclavizada por los buitres de Wall Street mediante una deuda de 70 mil millones de dólares, fue privada de infraestructura y recursos, dejada en la pobreza y vulnerable e incapaz de lidiar con las fuertes tormentas que azotan el Caribe.

Ante el sufrimiento y la desesperación, Washington respondió del único modo que sabe hacerlo: con portaviones y fuerzas de ocupación. Al frente de los esfuerzos de “ayuda” se nombró a un general de tres estrellas, Jeffrey Buchanan. Para el final de la primera semana, más de 7 mil efectivos estadounidenses habían llegado a Puerto Rico, incluyendo a más de mil infantes de marina y marinos en dos buques anfibios de asalto en los mares cercanos a la isla. Guardias nacionales patrullaban las calles urbanas, mientras otros soldados se dedicaban a operaciones de limpieza. La 101a División Aérea, asesinos de élite conocidos por reprimir grandes alzamientos civiles como el del Detroit negro de 1967, sobrevuelan San Juan en helicópteros Blackhawk.

La enorme base naval de Roosevelt Roads incluso volvió a abrirse como área de maniobras. Había sido desmantelada poco después de que el Pentágono optara por abandonar su viejo campo de entrenamiento cercano a Vieques, donde los ejercicios militares y los constantes bombardeos provocaron encendidas protestas a lo largo de los años. Esos ejercicios plantean peligros hasta la fecha. Hace dos meses, la armada estadounidense detonó explosivos en Vieques sin aviso, exponiendo a los residentes a gases tóxicos. Nosotros decimos: ¡Fuera tropas estadounidenses!

Mientras los albergues se iban quedando sin suministros y se formaban largas filas para recibir lo poco que quedaba, las fuerzas armadas se movilizaron sobre todo para afirmar su control sobre la isla y contener cualquier estallido social. El objetivo de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) es preparar el camino al gobierno militar. Cuando la FEMA, que ahora forma parte de Homeland Security, acababa de nacer los funcionarios del gobierno de Reagan hicieron planes para que estableciera la infraestructura de una dictadura militar en caso de una “emergencia nacional”.

Pasaron días antes de que la FEMA, fiel a sí misma, se molestara en contactar a algunos alcaldes de las ciudades puertorriqueñas, e incluso entonces unos 10 mil contenedores llenos de alimentos y demás ayuda se quedaron en el Puerto de San Juan sin que nadie los distribuyera. Cuando la alcaldesa de la capital criticó a la FEMA por perpetuar el sufrimiento, Trump respondió con la arrogancia racista típica de los gobernantes estadounidenses, denigrando a las víctimas como “ingratos políticamente motivados” que “esperan que todo se haga por ellos”. La indiferencia criminal del gobierno federal respecto a las vidas de los súbditos coloniales, de piel oscura e hispanoparlantes, del imperialismo estadounidense hace recordar el trato que los gobernantes dieron a los negros en Nueva Orleáns tras el huracán Katrina.

Derramando lágrimas de cocodrilo por la suerte del pueblo puertorriqueño, los políticos del Partido Demócrata le piden al gobierno de Trump que “haga más”, es decir, que fortalezca la intervención militar. Un ejemplo típico es la carta del 27 de septiembre que 145 congresistas demócratas le dirigieron a Trump, instándolo a que enviara el portaviones USS Abraham Lincoln para, entre otras cosas, enfrentar los supuestos “saqueos y delitos” que cometen las “pandillas armadas”. Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York (donde viven cerca de 1.25 millones de personas de ascendencia puertorriqueña), se jacta de toda la ayuda humanitaria que su estado ha enviado a Puerto Rico…junto con más de 150 guardias estatales y nacionales para imponer la ley.

Si bien las tropas estadounidenses han participado en la “búsqueda y rescate” y distribuido algo de alimentos y suministros, su función principal no ha sido ayudar a la población de la isla, sino imponer “la ley y el orden” reaccionarios. Su tarea es cazar a los “saqueadores”, quienes en realidad son sobrevivientes que buscan con qué satisfacer sus necesidades vitales, especialmente si éstos salen después del anochecer. El gobernador derechista de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, impuso desde el principio un extendido toque de queda, precursor de la ley marcial. Ese lacayo de los imperialistas también pidió una mayor presencia militar estadounidense para detener un “éxodo masivo” al continente. Washington no podía estar más de acuerdo con ese objetivo y ha puesto personal militar en los aeropuertos comerciales.

El Demócrata y el Republicano, ambos partidos capitalistas, representan a uno de los mayores saqueadores que la historia haya conocido: la clase dominante imperialista de Estados Unidos. Ésta ha estado saqueando la riqueza de la isla desde 1898, cuando EE.UU. arrancó el control de Puerto Rico a España mediante la guerra. La colonia puertorriqueña de Washington ha servido sucesivamente como estación naval carbonífera, imperio de los magnates azucareros, base manufacturera de bajos salarios, paraíso fiscal corporativo y ahora como blanco de los parasitarios fondos de cobertura. Con casi la mitad de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza oficial, los trabajadores han tenido que cargar con la abrumadora mayoría del costo, como ocurrirá con cualquier cosa que se presente como reconstrucción bajo la supervisión de los usureros estadounidenses.

En las varias declaraciones que han emitido sobre el desastre, los demócratas se han encargado de recordarse a sí mismos y al país que los habitantes de Puerto Rico son ciudadanos estadounidenses. De hecho, bajo el actual arreglo de estado libre asociado, los puertorriqueños son ciudadanos oprimidos de segunda clase que no pueden votar en las elecciones presidenciales ni están representados en el Congreso, pero que han sido sujetos a la leva en cantidades desproporcionadas para las guerras del imperialismo estadounidense. Esa ciudadanía se concedió originalmente hace un siglo, para obligar a cerca de 20 mil puertorriqueños a servir como carne de cañón en la Primera Guerra Mundial.

Hasta la fecha, los pocos derechos políticos y la mísera ayuda federal que se les conceden a los puertorriqueños no son sino un delgado velo para encubrir la explotación colonial. A los puertorriqueños se les prohíbe administrar su propia economía, negociar sus relaciones comerciales o controlar su moneda. Aunque en general están hartos de la actual relación de estado libre asociado, los puertorriqueños han expresado opiniones contradictorias respecto a la independencia. Por un lado, los isleños tienen una fuerte identidad nacional, enriquecida por una larga historia de lucha anticolonial, que los imperialistas estadounidenses han suprimido brutalmente, incluyendo mediante el asesinato, el encarcelamiento y la tortura de independentistas. Por otro lado, muchos temen perder la posibilidad de vivir y trabajar en el continente, y de hundirse aún más en la pobreza. Según todos los informes, tras el huracán muchos puertorriqueños consideran dejar la isla como el único modo de salir adelante.

Como oponentes intransigentes de la opresión nacional y del imperialismo estadounidense, favorecemos la independencia de Puerto Rico. Sin embargo, si al ejercer su derecho a la autodeterminación, los puertorriqueños decidieran que prefieren ser un estado, apoyaríamos la voluntad de la población, tal como nos opondríamos a cualquier intento de imponer por la fuerza la independencia. Por eso enfatizamos el derecho a la independencia de Puerto Rico.

Cualquiera que sea la suma que se acabe gastando en la reconstrucción de la isla, será una gota en la cubeta de lo que realmente se necesita para modernizar a Puerto Rico. En ello no hay nada que ganar para la clase dominante estadounidense, que en general sólo invierte lo que puede recuperar como ganancia. Puerto Rico tiene que escapar de la camisa de fuerza colonial para empezar a resolver las necesidades de la clase obrera y los pobres.

Por su propia naturaleza, una lucha por deshacerse de la opresión colonial enfrentaría a los agentes locales de los imperialistas como el PNP [Partido Nuevo Progresista] del gobernador Rosselló y el PPD [Partido Popular Democrático] de su antecesor, Alejandro García Padilla, que han impuesto la austeridad en nombre de sus amos estadounidenses. Con la clase obrera al frente, una lucha por la liberación nacional podría ser una plataforma para destruir el dominio capitalista en la isla y una poderosa palanca para la lucha de clases en el Caribe, Latinoamérica y el territorio continental estadounidense, donde residen millones de puertorriqueños. Si los obreros tomaran el poder en Estados Unidos primero, inmediatamente concederían a Puerto Rico la independencia y ayuda masiva.

Ganancia capitalista y subyugación colonial

En su primer tuit post-María sobre Puerto Rico, Trump le recordó al mundo que los banqueros y especuladores financieros estadounidenses todavía van a necesitar cobrar la masiva deuda del territorio. Al hacerlo, estaba continuando con la obra de su predecesor. El año pasado, el gobierno de Obama nombró un comité de control fiscal, ampliamente vilipendiado como la “junta colonial”, para recortar los gastos de la isla: rompiendo contratos colectivos y privatizando bienes públicos de paso.

Este instrumento de subyugación colonial ha reforzado implacablemente la austeridad, incluyendo un recorte del 30 por ciento al presupuesto de atención médica, el cierre de cientos de escuelas y la disminución del salario mínimo a 4.25 dólares la hora para menores de 25 años. Ahora, con la sociedad puertorriqueña al borde del colapso total, este comité no elegido concedió mil millones de dólares en fondos de ayuda, pero el dinero simplemente se tomó de otras partes del presupuesto. Otros planes antiobreros, como las suspensiones temporales de obreros y los recortes de pensiones, siguen en la mesa.

Los acreedores estadounidenses de la isla incluso están buscando lucrar con la miseria de las masas, como lo documentó un artículo de Intercept (27 de septiembre) titulado “Dueños de la deuda puertorriqueña responden al catastrófico huracán ofreciéndole a Puerto Rico más deuda”. La deuda pesaba de manera aplastante sobre los hombros de los obreros puertorriqueños incluso antes del actual desastre. Los primeros cálculos del costo de la reconstrucción de la isla estiman que significaría duplicar el monto de la deuda. Los obreros de Estados Unidos tienen la obligación de tomar el lado de sus hermanos y hermanas de clase puertorriqueños contra el enemigo de clase que tienen en común. Para allanar el camino de la recuperación de sus hermanos y hermanas puertorriqueños tras el desastre social, los obreros de Estados Unidos deben exigir: ¡Cancelar la deuda!

Los gobernantes capitalistas estadounidenses han saqueado la isla por más de un siglo sin parar. Véase la ley Jones de restricciones al embarque, que el gobierno de Trump no suspendió sino ocho días después de María. Instituida en 1920, esta legislación proteccionista ordena que todo embarque “costero”, incluyendo entre el territorio continental de Estados Unidos y Puerto Rico, debe realizarse en buques estadounidenses o pagar elevados aranceles y derechos, que recaen en la población puertorriqueña. Este esquema de precios fijado por los magnates estadounidenses del embarque contribuyó a la crisis económica de la isla. Gracias a la legislación, el precio de los bienes del territorio continental es por lo menos el doble que en las islas vecinas, y el costo de la vida en el empobrecido Puerto Rico es más alto que en la mayoría de las ciudades estadounidenses. Esto significa que los materiales necesarios para prepararse ante huracanes y recuperarse de éstos, desde ventanas a prueba de tormentas hasta generadores, son inaccesibles para muchos.

Quizá el mayor testimonio del pillaje colonial estadounidense sea, sin embargo, la decrepitud en que se halla la compañía eléctrica, la AEE [Autoridad de Energía Eléctrica]. Con la desindustrialización de la isla en los años noventa, el capital estadounidense perdió su principal incentivo para asegurar el mantenimiento de esta infraestructura crucial. A lo largo de los años subsecuentes, muchos de los sistemas de generación y distribución fueron haciéndose peligrosamente obsoletos. Cargada con una deuda de miles de millones, la AEE fue prescindiendo cada vez más del necesario mantenimiento preventivo. Esta mezquindad incluyó saltarse las inspecciones de seguridad anuales de presas, incluyendo la de Guajataca, que hoy está al borde del colapso.

Para finales del año pasado, los puertorriqueños sufrían cuatro veces más apagones que el consumidor promedio estadounidense, y pagaban tarifas más altas que las de cualquier estado, salvo por Hawai. Según el sindicato de trabajadores de la electricidad, la UTIER, la compañía degradó sus servicios intencionalmente para preparar la privatización. Muchos obreros calificados fueron obligados a retirarse o emigrar. Entonces, el golpe preliminar de Irma apagó la mayoría de las luces, la AEE retrasó la reparación para favorecer una venta corporativa, y María dio el golpe de gracia.

Algunos acreedores de Puerto Rico prefieren que la AEE simplemente reestructure su deuda y le pase el costo a los consumidores (por décadas). Otros elementos burgueses ven una oportunidad para que se malbarate a postores privados, entre otras cosas para acabar definitivamente con la UTIER, que hasta la caída de la industria, constituía la vanguardia del combativo proletariado de la isla. Durante los últimos quince años, este sindicato ha perdido la mitad de sus miembros sin la disminución correspondiente en su carga de trabajo.

¡Por una economía planificada bajo un gobierno obrero!

Esta temporada de huracanes, el extenso daño estructural y la pérdida de electricidad también han trastocado la vida en las Islas Vírgenes estadounidenses (por no mencionar muchas otras islas del Caribe). Ahí también se ha impuesto un toque de queda, mientras el ejército estadounidense vigila la población, mayoritariamente negra, de 110 mil personas. Los irrisorios esfuerzos de “ayuda” de Washington, llevaron a un residente a describir a los isleños, quienes sufren el racismo, el desempleo y las drásticas disparidades económicas, como “los hijastros bastardos de América”. Sostenemos el derecho a la autodeterminación de esta colonia.

Una nación del Caribe, Cuba, luchó por liberarse de su total dependencia del imperialismo estadounidense, mediante la expropiación de los capitalistas en el periodo que siguió a la Revolución de 1959 y con la crucial ayuda económica y militar soviética. Un estado obrero burocráticamente deformado se consolidó con el derrocamiento del poder capitalista y se construyó una economía planificada y colectivizada, que garantizaba el empleo, la vivienda, la educación y la alimentación. Sin embargo, hoy estas conquistas se ven cada vez más amenazadas, tanto desde fuera como desde dentro.

Una muestra de las ventajas de la economía colectivizada sobre el sistema capitalista de producción para la ganancia privada es el éxito que ha tenido el estado obrero cubano al proteger a su población de los huracanes. Rutinariamente, el gobierno aporta predicciones oportunas, educa y moviliza a la población y tiene ya listos albergues, transportes, alimentación y reservas médicas. Con frecuencia, los huracanes atraviesan la isla sin producir bajas en absoluto. Este año, el huracán Irma golpeó Cuba y mató a diez personas, pero, aun así, la isla está en mucho mejores condiciones que Puerto Rico y otras del Caribe que fueron destruidas por las tormentas. El viceministro cubano de relaciones exteriores, Rogelio Sierra Díaz, incluso ofreció enviar obreros electricistas y médicos para ayudar a Puerto Rico.

El alto grado de preparación de Cuba se mantiene pese a la mala administración burocrática de la economía y a la relativa pobreza del país, que ha sido profundizada por más de cinco décadas de embargo económico estadounidense. Los trotskistas estamos por la defensa incondicional de Cuba frente a la contrarrevolución capitalista y el ataque imperialista. Esa defensa incluye la lucha por la revolución política para echar a la burocracia y poner el poder político en manos de la clase obrera. La defensa de la Revolución Cubana requiere fundamentalmente su extensión internacional mediante luchas exitosas por el poder proletario a lo largo de Latinoamérica y especialmente en las entrañas del monstruo imperialista estadounidense.

Lo que le pasó a Puerto Rico constituye una acusación tajante del inhumano e irracional sistema capitalista-imperialista y su insaciable sed de ganancias. Al mismo tiempo que la clase dominante estadounidense explota a los obreros en casa para amasar su fortuna mal habida, retrasa el desarrollo del mundo colonial y neocolonial con el mismo fin. Mientras exista el capitalismo, reproducirá la catástrofe una y otra vez.

Los marxistas luchamos por una sociedad que provea a las masas trabajadoras y que en última instancia termine definitivamente con la escasez. Sólo cuando la producción se planifique y se dirija a satisfacer las necesidades humanas y no se centre en la ganancia, podrán minimizarse las pérdidas humanas por los desastres naturales. Hará falta una serie de revoluciones obreras a lo largo del mundo para arrancar las minas, las fábricas y demás medios de producción de las manos de los propietarios privados y sentar las bases de una economía planificada y colectivizada. La lucha por el derrocamiento revolucionario del orden imperialista mundial es una cuestión de la supervivencia misma de la humanidad. En pocas palabras, como decía Rosa Luxemburg, la alternativa es el socialismo o la barbarie. Nuestra perspectiva es construir partidos leninistas-trotskistas en Estados Unidos, Puerto Rico y otros lugares, secciones nacionales de una IV Internacional reforjada, dedicada a la lucha por el poder obrero.