Ciudad de México: El circo antidemocrático de la asamblea constituyente

Mediante una reforma de enero pasado, el Distrito Federal se convirtió en una entidad federativa más. Esta reforma no extiende los derechos democráticos de la población: desde hace 20 años los habitantes de la ciudad tienen derecho a votar por sus gobernantes capitalistas y legisladores. Entre los principales puntos de la reforma está el que ahora el jefe de gobierno de la ciudad podrá nombrar a los jefes de la policía y los tribunales. El congreso local podrá decidir el límite de la deuda pública. El nombre oficial de la ciudad es ahora Ciudad de México, como de hecho se le ha llamado durante siglos. Esta reforma merecía la indiferencia de la clase obrera y los oprimidos.

Como consecuencia de la reforma, el 15 de septiembre comenzó a trabajar una asamblea constituyente local. La población sólo tuvo derecho de votar por 60 de los 100 diputados a la asamblea. Otros 28 fueron designados por el congreso federal, y Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera nombraron a seis cada uno. Mancera formó una junta de “notables” para redactar una propuesta de constitución sobre la cual trabajará la asamblea. No es de sorprender que el nivel de abstención en la elección a la constituyente superara el 70 por ciento.

Democracia obrera vs. democracia burguesa

La democracia burguesa no es más que una máscara que pretende ocultar la dictadura del capital con la ilusión de que, a través del sufragio, hasta el ciudadano más pobre participa en el gobierno. Nuestro objetivo no es sólo el derrocamiento revolucionario del poder ejecutivo y la destrucción del aparato de coerción (ejército, policía, tribunales y cárceles) que conforma el núcleo del estado capitalista; buscamos al mismo tiempo la disolución del parlamento y la abolición de todo el edificio de la democracia burguesa mediante la revolución socialista. Queremos remplazar la dictadura del capital y la democracia burguesa con la dictadura del proletariado gobernada por la democracia obrera soviética, donde los obreros y los campesinos gobernarían ellos mismos a través de los soviets (asambleas legislativas y ejecutivas al mismo tiempo) sobre la base de la colectivización de todos los medios de producción y el establecimiento de un estado proletario —destacamentos armados de obreros, campesinos y pobres urbanos— que defienda a la clase obrera como nueva clase dominante contra la burguesía y sus lacayos. A esto llamamos un gobierno obrero y campesino. En el camino a este fin, los comunistas podemos participar en cuerpos legislativos burgueses como opositores para hacer agitación y propaganda revolucionarias encaminadas a convencer a los obreros y campesinos de que el parlamento merece ser disuelto por ellos mismos.

Sin embargo, los llamados del grueso de la izquierda por una “asamblea constituyente revolucionaria” se contraponen a nuestra perspectiva revolucionaria. Una asamblea constituyente, incluso la más “democrática”, es un parlamento burgués. En la era de la decadencia imperialista, la burguesía tiene un carácter reaccionario, tanto en el mundo semicolonial como en los países capitalistas avanzados —no puede haber un parlamento burgués revolucionario—. El llamado por una asamblea constituyente se contrapone a la perspectiva de la revolución permanente de León Trotsky: las aspiraciones de los trabajadores a los derechos democráticos y nacionales y a la emancipación social no pueden realizarse bajo el dominio burgués; se requiere barrer con el capitalismo y extender las conquistas revolucionarias a los centros del imperialismo mundial (ver Spartacist [Edición en español] No. 39, diciembre de 2013).

“Anticapitalismo” democrático burgués

La transparente burla de la “asamblea constituyente” no parece haber despertado mayores ilusiones en la población, excepto en el caso de los autoproclamados “trotskistas” del Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS). A principios de 2016, echaron la casa por la ventana para obtener las 74 mil firmas requeridas para presentar candidatos “independientes” a la asamblea constituyente. De hecho, apenas en 2014 el MTS había ya movilizado todas sus escasas fuerzas durante meses de campaña para obtener reconocimiento gubernamental como “Asociación Política Nacional”. El que una organización de algunas decenas de militantes vaya de campaña en campaña en busca de curules dice mucho de la perspectiva reformista de estos supuestos marxistas. Es un modelo a escala del cretinismo parlamentario de su partido madre en Argentina, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el cual está inmerso en un frente podrido electorero y cuenta con algunos diputados que se dedican al “trabajo práctico” legislativo reformista —y obtiene por ello un millonario subsidio del estado capitalista— (ver “El FIT argentino: Alquimia reformista y cretinismo parlamentario” en Espartaco No. 42, octubre de 2014).

La campaña del MTS para la constituyente estuvo diseñada para hacerse pasar por una versión mexicana de los populistas burgueses de Podemos en España: se hicieron llamar “anticapitalistas”, un engañoso término hoy en boga que significa oposición no al capitalismo, sino a algunos de sus “excesos” neoliberales; adoptaron también la verborrea antimarxista de “la casta”, como si la sociedad estuviera dominada no por una clase —la burguesía—, sino por los complots de un oscuro grupo. Todo su programa electoral estaba inscrito en el marco de la democracia burguesa “radical” coronada por el llamado a una “asamblea constituyente libre y soberana” (¿libre de quién, de “la casta”?).

El estado me lo dio, y el estado me lo quitó

El “anticapitalismo” del MTS no obstó para que éste recibiera de “la casta” (el INE) un jugoso subsidio de más de 900 mil pesos para su campaña. El MTS no ganó la elección, pero sí se gastó el dinero, y el estado exigió sus cuentas. Estos ineptos seudomarxistas, quienes (ocasionalmente) dicen que van a reorganizar a la sociedad entera y dirigir una economía planificada internacional, fueron incapaces de llevar su propia contabilidad, en la cual reconocen que hubo “errores y omisiones”. De modo que este patético fiasco electorero le ha costado al MTS una multa de más de 600 mil pesos, y ahora grita a los cuatro vientos que el estado quiere hacer de ellos un ejemplo para acallar “la voz de los trabajadores”. Nos oponemos a cualquier ataque del estado burgués contra el MTS, sus bienes y sus candidatos “independientes” (Sergio Méndez y Sulem Estrada), así como nos oponemos a toda la legislación que hace extremadamente difícil que las organizaciones de la clase obrera se presenten en las elecciones. Pero también nos oponemos, como cuestión de principios, a tomar dinero del estado, cuya intención es siempre comprarte —el que paga los mariachis escoge el son—. Y no puede uno dejar de mencionar que el PTS durante años ha estado recibiendo del estado burgués argentino mucho más de lo necesario para pagar la multa de sus camaradas mexicanos.