Estos brutales crímenes no son sino la punta del iceberg. La violenta expoliación que Canadá lleva a cabo en esta región ilustra perfectamente cómo funciona el capitalismo imperialista, un sistema económico basado en la conquista o el dominio del mundo semicolonial por materias primas, mercados, mano de obra barata y esferas de influencia. Para los marxistas, esto también demuestra cómo el estado capitalista canadiense es un instrumento de violencia organizada, que se usa para impulsar internacionalmente la explotación y el saqueo imperialista, así como para imponer la explotación de los obreros en casa.

El sector minero canadiense es uno de los más grandes al nivel global. El 75 por ciento de las compañías mineras del mundo tienen aquí sus cuarteles generales. Esto se debe en gran medida a que tiene una de las tasas de impuesto corporativo más bajas del grupo G7 de potencias imperialistas, así como un sector de valores destinado a promover la minería. Con su clima de impunidad y sus generosos subsidios públicos, que se otorgan sin hacer demasiadas preguntas, Canadá es, en palabras del Guardian de Londres “el paraíso de la industria minera global” (24 de abril de 2013).

Canadá tiene mil 500 proyectos mineros en Latinoamérica, donde el 41 por ciento de las grandes compañías mineras operan bajo su bandera. El pillaje imperialista de estos países —y la brutal represión que implica— es una empresa conjunta entre las venales burguesías locales y sus patrones imperialistas, especialmente de Estados Unidos, pero también de potencias secundarias como Canadá. En esta división del trabajo, los imperialistas subcontratan las fuerzas militares, la policía y los escuadrones de la muerte de los gobernantes locales para asegurar que no se detenga el flujo de ganancia.

Guatemala: Bajo la bota imperialista

La minería canadiense en Guatemala tiene una historia particularmente larga y violenta, enraizada en décadas de saqueo por parte de los imperialistas estadounidenses. Para defender sus “intereses”, Estados Unidos ha patrocinado un régimen de escuadrones de la muerte tras otro. Durante una campaña de 36 años que empezó en 1960 contra una insurgencia guerrillera de izquierda, 200 mil personas —sobre todo campesinos mayas— fueron asesinadas y otras 45 mil “desaparecidas”. Aquel año, el gigante minero canadiense Inco comenzó a operar en Guatemala, a pesar de que la minería a cielo abierto estaba prohibida. Además, los insurgentes izquierdistas tenían su base de operaciones cerca del pueblo de El Estor, departamento de Izabal, donde Inco quería construir su mina de níquel a cielo abierto.

Un informe de la Universidad de York fechado en 2012, redactado por Shin Imai y dos colegas, titulado “Rendición de cuentas a través de las fronteras: La minería en Guatemala y el sistema de justicia canadiense”, documentó cómo el gobierno del régimen militar le resolvió sus problemas a Inco. Se redactó un código de minería favorable a Inco que permitía la “minería a cielo abierto” y se le concedieron generosos descuentos fiscales y un contrato por 40 años. Sobre todo, consiguió la “estabilidad” que exigía gracias al reino del terror que impuso el ejército guatemalteco. Para abrir el camino a esta mina de Inco, los pobladores indígenas fueron expulsados y entre 3 mil y 6 mil fueron asesinados.

La mina de Inco cerró en 1982 cuando cayó el precio del níquel. En 2004, otra compañía canadiense, Skye Resources, compró la mina, ahora llamada Fénix. Para los agricultores mayas que poco a poco habían empezado a reocupar el área, esto significó una ola renovada de violencia. Sirviendo a los intereses de Skye Resources, la policía y el ejército llevaron a cabo actos de gran brutalidad, incluyendo desalojos e incendios de viviendas. Entre los más horribles estuvo la violación tumultuaria de once mujeres de la comunidad maya Q’eqchi’ por parte de policías y guardias de seguridad de Fénix. Cuando la compañía Hudbay, de Toronto, compró la mina en 2008, la violencia no cesó, y los patrones mineros continuaron la expulsión de los habitantes. En 2009, los matones de seguridad de la Guatemalan Nickel Company (propiedad de Hudbay) dispararon contra los manifestantes. Un hombre fue asesinado y otro quedó paralítico. Actualmente, los tribunales canadienses están juzgando casos que involucran estos tiroteos y las violaciones tumultuarias.

Todo tiene su precio

El gobierno capitalista canadiense está profundamente entrelazado con las corporaciones mineras, a las que apoya política y financieramente. Para ello moviliza a sus embajadas, diplomáticos, ministros de gabinete y mercenarios de las firmas legales de Bay Street [centro financiero canadiense]. Sus servicios incluyen el chantaje, la intimidación económica y legal y el encubrimiento.

En México, con más de 230 explotaciones mineras canadienses, la lista de fuerzas que hay detrás de la violencia contra los líderes comunitarios y los oponentes de la minería parece el directorio de la industria minera. Los bien documentados crímenes de estas compañías no han impedido que Ottawa continúe dando apoyo incondicional a la industria. Entre los más infames está la compañía Blackfire, de Calgary, a cuyo servicio la embajada canadiense emprendió una intensa campaña de presión ante el gobierno estatal de Chiapas. Un agradecido ejecutivo de Blackfire reconoció esto en un correo electrónico fechado en septiembre de 2008 dirigido a los funcionarios de la embajada, a quienes agradecía por todo “lo que la embajada ha hecho para presionar al gobierno estatal para que nos facilitara las cosas. No hubiéramos podido hacerlo sin su ayuda” (Toronto Star, 8 de diciembre de 2014).

Tras el asesinato de Mariano Abarca en noviembre de 2009, Ottawa volvió a acudir en ayuda de Blackfire. Abarca era un líder de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que había protestado por la contaminación de los ríos y la destrucción de ganado y cosechas que la mina de Blackfire provocaba. Él sabía que estaba en la mira y había advertido: “Si algo me pasa, responsabilizo a la compañía canadiense Blackfire”. Poco después, la gobernadora general Michaëlle Jean y Peter Kent, ministro tory [conservador] del gabinete, fueron a Chiapas a controlar el daño. Ante los manifestantes enfurecidos, Jean parloteó sobre la “justicia” mientras Kent cínicamente afirmaba que las compañías canadienses en México “se consideran y reconocen prácticamente como modelos de empresas socialmente responsables”.

Los tories usan los fondos de la “ayuda al exterior” para apoyar “iniciativas comunitarias” ligadas a los proyectos mineros. Perú, uno de los países más ricos en minerales de la región, es uno de los destinatarios de esos fondos. Unos míseros 53 millones de dólares canadienses irán a “proyectos de desarrollo” de áreas con operaciones mineras canadienses, abriendo la puerta al saqueo de miles de millones de dólares en riqueza mineral por parte de esas empresas. Un tratado de libre comercio entre Canadá y Perú ha abierto todavía más al país a las incursiones de las compañías mineras.

La redituable relación triangular entre la industria minera y los gobiernos canadiense y peruano ha generado una represión sangrienta. Según declaró Rosa Huamán, dirigente comunitaria del norte de Perú, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2014, “el gobierno ha instalado un puesto de policía que sigue nuestras actividades y le rinde informes a la compañía minera y al gobierno” (Georgia Straight, 5 de diciembre de 2014). En 2011, al menos cuatro personas fueron asesinadas y 24 resultaron heridas en protestas contra una mina de plata propiedad de la Bear Creek Mining Corp. de British Columbia. Dos años después, unos 25 manifestantes contra la Candente Copper Corporation de Vancouver resultaron heridos en choques con la policía. En noviembre, cuando más de 400 manifestantes cerraron la construcción de una mina de cobre de Hudbay en los Andes del sur peruano, la policía peruana atacó a una docena de mujeres que se encontraban sentadas ante la entrada principal de las instalaciones.

En este contexto, a finales de 2014 Canadá develó una versión recalentada de su “Estrategia Empresarial de Responsabilidad Social” para la industria minera de 2009. Su objetivo era proyectar la imagen de un gobierno que supuestamente ya no le haría el juego a las pocas manzanas podridas que no cumplen con sus altos estándares. No son más que trucos de ilusionista, destinados a apaciguar a los críticos y engañar a los crédulos. En efecto, un reportero de CBC dio en el clavo al describir su objetivo: “aumentar las posibilidades de nuevos negocios de nuestras compañías de recursos en el extranjero” (14 de noviembre de 2014).

Ilusiones liberales en el capitalismo canadiense

Bajo los tories de Harper, la clase dominante canadiense se deshizo de la imagen de “Canadá la buena”. Sin embargo, el NDP [el socialdemócrata Nuevo Partido Demócrata] sigue alimentando este mito autocomplaciente. Por su parte, el sindicato acerero United Steelworkers busca presionar al gobierno en Ottawa para hacer que las compañías mineras estén sujetas a los tribunales canadienses, mientras que MiningWatch Canada ofrece panaceas liberales respecto a “asegurar que las empresas rindan cuentas”. Pero la verdadera justicia y la verdadera “rendición de cuentas” no pueden venir de los tribunales de los gobernantes capitalistas. Existe también el mito relacionado de que las fechorías sangrientas que Canadá perpetra en el extranjero son anomalías de ese país por lo demás tan bien educado. Ése fue el espíritu detrás de la asombrosa declaración de Murray Klippenstein, el abogado de Toronto en el caso de los guatemaltecos contra Hudbay, de que “jamás toleraríamos esos abusos en Canadá”.

Por el contrario, cuando la población nativa de Canadá intenta resistir —en Oka, Quebec, en Gustafsen Lake, B.C. o más recientemente en Rexton, N.B., donde el pueblo mi’kmaq intentó impedir la extracción de petróleo por medio de fracking en sus tierras sin su consentimiento— lo típico es que se encuentren con una represión policiaca masiva. Mientras De Beers extrae gigantescas ganancias de su mina de diamantes en el noreste de Ontario, el pueblo de la cercana Attawapiskat, donde el desempleo llega al 70 por ciento, no obtiene más que migajas. En Canadá y Estados Unidos, tanto como en los países al sur del Río Bravo, la vida aborigen se mide en pobreza, violencia policiaca, racismo y robo. La idea de que los imperialistas de éste o cualquier otro país puedan ser presionados para servir a los intereses de los oprimidos es ilusoria.

El imperialismo no es simplemente una política reaccionaria que adoptan los gobiernos derechistas, sino un sistema global enraizado en la sed capitalista de ganancias. En 1916, el dirigente revolucionario V.I. Lenin señaló en El imperialismo, fase superior del capitalismo, que “el imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en que ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero” y “ha terminado el reparto de toda la tierra entre los países capitalistas más importantes”. Un reducido club de potencias imperialistas ricas subordina y oprime a la vasta mayoría de la población mundial. Los países dependientes, como los latinoamericanos, “que desde un punto de vista formal, político, gozan de independencia”, “en realidad se hallan envueltos en las redes de la dependencia financiera y diplomática”. La historia de todo el resto del siglo, incluyendo dos guerras interimperialistas por la redivisión del mundo e incontables aventuras coloniales, confirman ampliamente las palabras de Lenin.

¡Por la revolución socialista en toda América!

Las operaciones mineras de la clase dominante canadiense han causado un sufrimiento extremo a las poblaciones indígenas de Latinoamérica. Nosotros defendemos vehementemente a esos pueblos contra las depredadoras compañías extractivas y sus mercenarios, así como contra las clases dominantes de la región.

Creemos que la gran riqueza mineral de Latinoamérica le pertenece a las masas trabajadoras, y en primer lugar a los obreros de la región. Bajo una economía socialista racionalmente planificada, estos recursos se usarían para erradicar el hambre y la pobreza en una sociedad de abundancia generalizada. Cuando la clase obrera gobierne toda América, el saqueo de recursos, irracional y dirigido a la ganancia, terminará y esa riqueza quedará sometida a las decisiones igualitarias y racionales de los trabajadores.

Esta perspectiva requiere de la lucha de clases internacional. En lugar de ello, los dirigentes sindicales canadienses promueven el nacionalismo de la hoja de maple, poniendo a los obreros de aquí contra sus hermanos y hermanas de otros países. Cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1991, las secciones mexicana, estadounidense y canadiense de la Liga Comunista Internacional emitimos una declaración conjunta llamando a “Alto al TLC, rapiña a México por el imperialismo EE.UU.”. Ahí explicamos que el imperialismo estadounidense quería “convertir a México en una maquiladora gigantesca, una zona franca para el ‘libre comercio’—‘libre’ de sindicatos y ‘libre’ para el capital” (Espartaco No. 2, verano-otoño de 1991). En cambio, las diatribas nacional-chovinistas que los burócratas sindicales dirigían al TLCAN servían para poner a los obreros estadounidenses y canadienses los unos contra los otros y a ambos en contra de sus hermanos y hermanas de clase mexicanos. Durante las dos últimas décadas, el TLCAN ha significado mayores ganancias y más poder para los gobernantes estadounidenses y sus socios menores canadienses mediante la sobreexplotación de los obreros mexicanos y la ruina económica de los campesinos mexicanos.

La necesidad de la lucha unida de los obreros al nivel internacional proviene directamente de la naturaleza global de la industria minera. Al igual que los mineros de Canadá, los de Latinoamérica se ven obligados a trabajar por necesidad, vendiendo su fuerza de trabajo. Los obreros que trabajan en las minas —en Canadá, México, Guatemala, Perú y el resto del mundo— tienen un enorme poder social potencial para dirigir a todos los oprimidos en la lucha anticapitalista. Las ganancias de miles de millones que afluyen a los bolsillos de los patrones mineros, cualquiera que sea su nacionalidad, provienen de la plusvalía que generan los obreros que extraen el mineral y lo envían a los puertos para su exportación.

En Perú, donde la minería representa hasta el quince por ciento del PIB, decenas de miles de obreros de la Federación Minera del Perú se fueron a huelga en mayo contra la subcontratación y una medida que permitiría despidos masivos si las compañías mineras reportan pérdidas. Ante la amenaza del despido, la huelga fue breve y de carácter limitado. Sin embargo, señaló el poder potencialmente inmenso que tienen estos obreros para interrumpir las ganancias capitalistas. Históricamente, de Chile y Bolivia hasta el norte de México, las luchas de los mineros de América Latina han estado entre las más combativas y las que han tenido mayores alcances.

En toda la región, una intensa pobreza coexiste lado a lado con una fabulosa riqueza, expresión del desarrollo desigual y combinado. Las burguesías nacionales dependen totalmente del imperialismo y son incapaces de llevar a cabo la modernización económica de la sociedad. Surcado por fronteras artificiales, el dominio burgués en la mayor parte de Latinoamérica ha alternado entre juntas militares sanguinarias y diversas formas de populismo burgués, en general apoyadas por la izquierda.

En vez de fantasear con que la burguesía del propio país oprimido, atrasada y dependiente del imperialismo, sea el vehículo de la liberación, nosotros luchamos por la perspectiva de la revolución permanente, desarrollada originalmente por el líder marxista León Trotsky. La solución completa y genuina de las tareas de conseguir la democracia y la emancipación nacional en los países de Latinoamérica sólo puede darse con el poder de la clase obrera al frente de toda la nación subyugada, especialmente de las masas campesinas indígenas. Al tomar el poder, la clase obrera no podrá detenerse en las tareas democráticas, sino que deberá continuar inmediatamente con las socialistas, incluyendo la expropiación de la burguesía como clase, la colectivización y la planificación económica. Para sobrevivir y florecer, esas revoluciones deberán extenderse a los centros del imperialismo mundial, señalando la necesaria perspectiva de la revolución obrera en Estados Unidos y Canadá.

La LCI lucha por construir partidos obreros revolucionarios e internacionalistas —parte de una IV Internacional reforjada—que vinculen las luchas obreras de las semicolonias con las de los países imperialistas. Esta perspectiva, que Trotsky señaló en “La guerra y la Cuarta Internacional” (1934) conserva hoy toda su fuerza:

“Sud y Centroamérica sólo podrán liquidar el atraso y la esclavitud uniendo sus estados en una única y poderosa federación. Pero no será la atrasada burguesía sudamericana, agencia totalmente venal del imperialismo extranjero, quien cumplirá esta tarea, sino el joven proletariado sudamericano, llamado a dirigir a las masas oprimidas. Por lo tanto, la consigna que debe guiar la lucha contra la violencia y las intrigas del imperialismo mundial y contra la sangrienta dominación de las camarillas compradoras nativas es Por los estados unidos soviéticos de Sud y Centroamérica.

“En todos lados el problema nacional se mezcla con el social. Sólo la conquista del poder por el proletariado mundial garantizará la paz real y duradera para todas las naciones del planeta”.