Lázaro Cárdenas, Michoacán:

La patronal recula ante los mineros

En una revigorizante exhibición de su poder, la Sección 271 del sindicato minero (SNTMMSRM) se fue a huelga en marzo pasado contra el gigante acerero ArcelorMittal. Por más de un año, el productor más grande de acero en el mundo ha estado amedrentando a los obreros en Lázaro Cárdenas con que algunos de ellos tendrán que ser sacrificados para mantener las obscenas ganancias de la compañía (la fortuna del director general de ArcelorMittal asciende a unos 13 mil 100 millones de dólares). Tras muchos meses de negociaciones y en respuesta al despido de más de 300 empleados, 3 mil 500 obreros de la planta acerera detuvieron la producción al mediodía del viernes 4 de marzo, importándoles poco la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), emitida una hora antes, que negaba la autorización gubernamental a la huelga.

Al ver que los obreros no se dejaron intimidar por la JFCA, el gobierno amenazó con enviar a sus matones armados para salvaguardar la seguridad en la planta y sus alrededores. Los obreros saben exactamente lo que eso significa, dado que dos de sus compañeros cayeron en defensa de su huelga de hace diez años a manos de las fuerzas gubernamentales. En esta ocasión, el sindicato se movilizó rápidamente, consiguió cartas de apoyo de poderosas organizaciones obreras al nivel internacional y dirigió una marcha de unas 10 mil personas, que incluía otros contingentes sindicales (notablemente los maestros del SNTE/CNTE), el 12 de marzo. Finalmente, el sindicato levantó la huelga, habiendo conseguido la reubicación de 125 de los obreros sindicalizados despedidos y el retiro voluntario de 81, los cuales recibirán un bono de 100 mil pesos. También obtuvieron que no hubiera represalias y el pago completo de salarios caídos.

El sindicato minero tiene una larga historia de confrontaciones con los patrones mineros. El hecho de que los mineros reciban mejores salarios que la mayoría de los obreros en México es un reflejo de que están organizados en un sindicato y que están dispuestos a luchar duro. Igualmente, los patrones entienden que sus ganancias se derivan del trabajo de los mineros, los acereros y otros que contribuyen en la producción del acero. A los patrones les gustaría destruir el sindicato y pisotear a los obreros a placer. No lo han logrado, aunque no ha sido por falta de ganas.

El 19 de febrero de 2006, una explosión en una mina de Pasta de Conchos, Coahuila, ocasionó la muerte de 65 mineros. En la secuela de este asesinato industrial, y en un intento transparente de desviar la responsabilidad lejos de sí mismo y de los patrones mineros, el gobierno lanzó un ataque rompesindicatos, destituyendo al dirigente nacional del sindicato minero, levantándole cargos y congelando las cuentas bancarias del sindicato. Después de que otros funcionarios sindicales fueran aprehendidos, Napoleón Gómez Urrutia huyó a Canadá. Tras repetidos paros obreros en protesta a través del país, la huelga de 2006 en Lázaro Cárdenas, que duró más de cuatro meses, le propinó a los patrones y al gobierno una humillante derrota: los obreros obtuvieron su aumento, se les pagaron los meses que duró la huelga, y la compañía tuvo que reconocer a Gómez Urrutia como secretario general del sindicato.

Nos oponemos al arbitraje obligatorio en las luchas entre el trabajo y el capital. El gobierno pretende parecer, a través de la JFCA, un intermediario neutral que ayuda en las negociaciones laborales. Nada puede estar más lejos de la verdad. El gobierno es el comité ejecutivo de la clase capitalista (los dueños de las minas, las plantas manufactureras y los bancos), y hace todo lo posible para defender la capacidad de los capitalistas para explotar a los obreros. Eso incluye usar a sus fuerzas armadas y policía para romper huelgas, usar sus tribunales y cárceles para ir tras dirigentes sindicales, y aprobar leyes contra todo lo que la clase obrera necesita hacer para defenderse y proteger sus intereses.

El principal propósito de la Ley Federal del Trabajo (LFT), vigente desde principios de los 30, era legitimar la intervención del estado burgués en las luchas obreras y proporcionar un marco “legal” para mantener el régimen de explotación capitalista. En cualquier caso, la burguesía ha estado mellando los limitados derechos contenidos en la LFT con las reformas laborales que han hecho más fácil que los patrones evadan otorgar prestaciones, terciaricen los empleos y se deshagan de obreros.

Una de las cuestiones en la huelga reciente era la contratación de obreros no sindicalizados en la planta y dejar puestos sindicalizados vacíos. Esto es un intento transparente de debilitar al sindicato y disminuir los costos laborales, ya que los obreros no sindicalizados tienen muchos menos derechos y prestaciones. En abril de 2001, la Suprema Corte declaró que los artículos de la LFT que permitían la cláusula de exclusión en los contratos colectivos eran anticonstitucionales. El derecho de un sindicato a exigir que todos los trabajadores de una empresa dada sean miembros del sindicato es un arma importante en el arsenal obrero contra los patrones que buscan dividir a la clase obrera y debilitar sus organizaciones contratando mano de obra no sindicalizada.

Al nivel internacional, ha habido un incremento de trabajo temporal y externo, lo cual ha servido para disminuir al movimiento obrero, pero también ha encendido varios tipos de luchas sindicales. Por todo el mundo —desde los intermediarios laborales en Sudáfrica y la proliferación de contratos temporales para obreros jóvenes en Europa hasta el remplazo de trabajos sindicalizados a través del outsourcing— existe una necesidad urgente de sindicalizar a los no sindicalizados y luchar contra la estrategia patronal de “divide y vencerás” mediante la lucha de clases conjunta.

La burguesía también impulsa ideología nacionalista en su intento de evitar que los obreros se unan a través de las fronteras. De hecho, para maximizar su fuerza en contra de las enormes corporaciones globales, la clase obrera —ya sean acereros en México, o mineros del hierro desde Canadá a Sudáfrica— debe estar unida contra su enemigo común. La defensa de los intereses de clase del proletariado debe imbuirse del programa de solidaridad y lucha internacionales que Marx y Engels inscribieron en la bandera del movimiento comunista hace más de 160 años: “Proletarios de todos los países, uníos”.

La burocracia sindical sirve para atar a la clase obrera a la burguesía a través de uno u otro partido capitalista, es decir, a través de ilusiones en que el sistema capitalista de explotación puede ponerse al servicio del proletariado. Al contrario, la clase obrera se debe movilizar independientemente de la burguesía. ¡Romper con el PRD y Morena! ¡Por un partido obrero!

Sólo de esta manera podrá el proletariado luchar por sus intereses históricos: el derrocamiento del capitalismo y el establecimiento de una sociedad en la que la producción esté destinada a satisfacer las necesidades humanas.