Autodefensa vs. vigilantismo

Las “policías comunitarias” y la “guerra contra el narco”

¡Por la despenalización de las drogas!

A lo largo del último año han surgido diversos “grupos de autodefensa” o “policías comunitarias” en áreas rurales de Guerrero y Michoacán principalmente. Estos grupos toman como modelo a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Guerrero, fundada en 1995, en tanto que fuerza policiaca, por comunidades mayoritariamente indígenas de la zona de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero. La adopción, casi universal, de estos esquemas de “seguridad alternativa” por parte de la izquierda tiene raíz en una perspectiva liberal subrreformista que, lejos de luchar por la destrucción del estado burgués mediante la revolución socialista y la erección de un estado obrero, procura darle un maquillaje democrático al estado patronal. Mientras no sea derrocado el capitalismo, todo grupo avocado al “combate al crimen” actuará como auxiliar del estado capitalista y tendrá, a fin de cuentas, un contenido fundamentalmente reaccionario.

Narcoviolencia, miseria y opresión

La propagación de estos grupos en comunidades pobres y principalmente rurales e indígenas es una respuesta desesperada a la violencia de las mafias de los cárteles, la brutalidad policiaco-militar en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico” y la criminalidad en general, asociada a la creciente miseria. Esta “guerra contra el narcotráfico” —que para el año pasado había costado ya la vida a unas 60 mil personas— nada tiene que ver con “proteger” a la población; la policía, el ejército, los tribunales y las cárceles —el núcleo del estado capitalista— existen para mantener la dictadura del capital. Y todo mundo sabe que, desde las secretarías de estado hasta los policías de a pie, el aparato estatal capitalista mexicano está profundamente compenetrado con los cárteles de la droga. El fin principal de la “guerra contra el narco” es fortalecer los poderes represivos del estado capitalista. Aunque la ocasional redada contra algún gran traficante en su mansión podrá acaparar los titulares, la “guerra contra el narcotráfico” significa la siembra de terror en los barrios y pueblos pobres de todo el país, de Baja California a Chiapas y Yucatán.

En Guerrero, la brutalidad cotidiana de las fuerzas represivas del estado capitalista ha estado dirigida contra las comunidades indígenas, los combativos profesores y normalistas y los diversos grupos guerrilleros izquierdistas a lo largo de los últimos 50 años. Dominado históricamente por una mafia particularmente brutal y retrógrada de latifundistas, políticos burgueses corruptos y empresarios, Guerrero epitomiza la naturaleza racista y clasista del atrasado capitalismo mexicano. Los más de medio millón de indígenas del estado —nahuas, mixtecos (ñuu savi), tlapanecos (me’phaa), amuzgos (suljaa’)—, así como la considerable población negra, viven en la más completa miseria. Los vecinos Cochoapa el Grande y Metlatónoc, en la Montaña, tienen el porcentaje más alto del país de población en situación de pobreza extrema: 82.6 y 77 por ciento respectivamente. Según cifras de la década pasada, 46 por ciento de los indígenas del estado mayores de 15 años carecía de ingresos, la mitad de la población indígena era analfabeta y el 97 por ciento de la población de la Montaña carecía de drenaje; menos de la mitad de la población del estado contaba con electricidad y el 96 por ciento de la población indígena no tenía acceso a servicios de salud. Para la burguesía mexicana, los campesinos indígenas, especialmente en la Montaña de Guerrero, son simplemente población excedente. Es pues en este contexto más amplio —no sólo la relativamente nueva “guerra contra el narco”— de ancestral miseria y violencia extremas que han surgido los “grupos de autodefensa”.

¡Abajo el vigilantismo!

Es entendible la desesperación de estas comunidades ante la renovada oleada de violencia. Los comunistas no somos liberales sentimentales que predican una “cristiana preocupación” por los criminales lúmpenes brutalizados que van por las calles y caminos matando, mutilando, violando y robando a ciudadanos desafortunados. Sin embargo, rondar el territorio en busca de presuntos criminales no es autodefensa, sino vigilantismo. Al tiempo que sostenemos el derecho de los individuos a defenderse de manera eficaz, nos oponemos tajantemente a cualquier forma de vigilantismo: no llamamos a las masas trabajadoras a implementar “la ley y el orden” racistas de la patronal y los latifundistas.

A fin de cuentas, la solución a las galopantes tasas de criminalidad es el derrocamiento del sistema capitalista que engendra miseria y crimen. Mientras tanto, es una reacción elemental el que la población entera (no sólo los ricos, policías y criminales) tenga acceso a las armas de fuego para procurar protegerse de esta odiosa irracionalidad social. E igual de elemental es el llamado por la despenalización de las drogas. Al eliminar las enormes ganancias que derivan de la naturaleza ilegal y clandestina del narcotráfico, la despenalización reduciría también el crimen y otras patologías sociales asociadas con éste.

Es precisamente la criminalización de todo lo relacionado con las drogas lo que ha dado pie a la formación de brutales mafias. Todo mundo sabe que miles de campesinos pobres, a lo largo y ancho del país, siembran marihuana y amapola, que después venden a los capos. Sin embargo, para la CRAC-PC no sólo el sembrar y vender, sino incluso el consumir marihuana es “un delito fuertemente sancionado” (María Teresa Sierra, “Construyendo seguridad y justicia en los márgenes del Estado: La experiencia de la policía comunitaria de Guerrero, México”, agosto de 2010, en policiacomunitaria.org, sitio de la CRAC-PC), e impone también penas a la simple posesión de drogas y la drogadicción.

Autonomía y “seguridad”

Al tiempo que ha procurado cooptarla, el estado burgués ve con recelo a la CRAC que, aunque colabora con él, no necesariamente funciona bajo su autoridad, y no deja de ser un grupo armado de campesinos pobres indígenas. Los comunitarios han arrestado a policías comunes y corrientes que incursionan en su territorio, y se han movilizado contra los planes del gobierno y empresas mineras para despojarlos de sus magras tierras. Más recientemente, un sector de la CRAC se movilizó con el magisterio guerrerense en la lucha de éste contra la “reforma” educativa.

La CRAC-PC es ampliamente percibida como una fuerza garante de autonomía regional contra la opresión racista y los constantes abusos del estado, y parece gozar de apoyo significativo entre las comunidades de la región. Nos oponemos a cualquier ataque o usurpación contra estas comunidades indígenas por parte del estado burgués para reafirmar su control de la zona. Pero una fuerza policiaca regional autónoma —sea formal o de facto— sigue siendo una fuerza policiaca subordinada al dominio del capital.

Si bien exigimos que el estado burgués respete los pactos y disposiciones que otorgan autonomía a algunas comunidades, no hacemos nuestro el llamado por la autonomía, dado que es, a fin de cuentas, utópica bajo el capitalismo. Las regiones autónomas, con derechos limitados a la tierra, entran frecuentemente en conflicto con terratenientes y posibles empresas industriales, como es el caso en Guerrero. Sólo un gobierno obrero y campesino —la dictadura del proletariado apoyada por el campesinado, donde obreros y campesinos dirigirán los destinos de la sociedad mediante los soviets o consejos— podría otorgar y garantizar una verdadera autonomía para las comunidades indígenas, como parte de un esfuerzo consciente y planificado por eliminar la ancestral miseria rural y la contradicción entre la ciudad y el campo.

Entendemos, de manera más fundamental, que el campesinado es incapaz de presentar por sí mismo una alternativa al sistema de explotación capitalista. El campesinado es una capa heterogénea pequeñoburguesa; el interés objetivo del campesinado como estrato social está en la propiedad privada de la tierra. Debido a estas características, el campesinado —y la pequeña burguesía entera— es incapaz de plantear un programa revolucionario propio: siempre sigue a una de las dos clases fundamentales del capitalismo —el proletariado o la burguesía—.

La izquierda y el embuste reaccionario de la “seguridad ciudadana”

La CRAC-PC encarna el programa del teólogo católico Javier Sicilia, cuyo movimiento liberal burgués de hace unos años se centraba en proporcionar al estado capitalista una “nueva estrategia de seguridad ciudadana” para “enfrentar de raíz al crimen organizado” (ver Espartaco No. 34, otoño de 2011). Y a la cola de la burguesía liberal va la totalidad de la izquierda. Así como entonces la seudotrotskista Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) saludó al de Sicilia como “un gran movimiento democrático”, hoy se ilusiona con los nuevos “grupos de autodefensa”, en los que ve “formas populares de organización de la seguridad” que, según ella, “cuestiona[n] directamente al Estado” (“Sobre las policías comunitarias y los ‘grupos de autodefensa’”, Estrategia Obrera, 4 de abril). La LTS se queja, por otro lado, de que las policías comunitarias “tienen la limitación de restringirse a los marcos de la ley”.

El problema fundamental de la CRAC y demás grupos por el estilo no es que se limiten “a los marcos de la ley”, sino que su razón de existir misma es implementar “la ley y el orden” del estado burgués. Es falso que las policías comunitarias “cuestionen directamente al Estado”; lo único que cuestionan es su eficacia en el “combate al crimen”. Aunque ha tenido una relación de “estira y afloja” con el estado y ha denunciado a “grupos de autodefensa” competidores por aceptar pagos del gobierno, el hecho es que a lo largo de su existencia la CRAC-PC ha tratado una y otra vez de obtener patrocinio estatal como policía autónoma —y a menudo lo ha logrado—. Desde finales de los 90, el entonces gobernador interino Aguirre Rivero entregó a la CRAC armas y un vehículo (Verónica Oikión Solano, et al., Movimientos armados en México, siglo XX [México DF: El Colegio de Michoacán, CIESAS, 2008]). Hace un año, Aguirre (ahora ya como gobernador perredista elegido) se deshizo en elogios a la CRAC y prometió la entrega de más de 200 fusiles AR-15 (los cuales parece que nunca entregó), radios y uniformes (Milenio, 29 de mayo de 2012). Este año le dio a los comunitarios millón y medio de pesos, mil 200 uniformes y cuatro camionetas (La Jornada Guerrero, 22 de enero de 2013).

En abril pasado el magisterio local formó una alianza con la CRAC de Tixtla que dio origen al Movimiento Popular Guerrerense (MPG). Nos oponemos a este tipo de bloque: la CRAC, aunque tiene sus contradicciones —de hecho, hay un traslape entre la CRAC y el magisterio—, es una fuerza policiaco-vigilantista enteramente ajena al movimiento obrero, y debería ser un reflejo elemental el deslindarse de organizaciones cuyo fin expreso es el “combate al crimen”. Sin embargo, ante el nuevo conflicto entre la CRAC y el estado que esta alianza propició, fue la CRAC quien rompió el bloque: unas semanas más tarde, tres de las cuatro “Casas de Justicia” de la CRAC se deslindaron del MPG y el magisterio “hasta tomar nuevos acuerdos” (La Jornada Guerrero, 1° de mayo).

Poco después, Aguirre Rivero se reunió con autoridades de la CRAC para limar asperezas; el gobernador sentenció, en referencia a la fallida alianza, que “los que quieran hacer política, que se vayan a un partido político, pero que no contaminen a la CRAC, (que) nació con propósitos nobles”. Acto seguido, entregó tres ambulancias, anunció la construcción de cuatro casas de justicia para la CRAC —cada una con un costo, según él, de 5.7 millones de pesos— y prometió: “les voy a incrementar el subsidio de 500 mil a un millón de pesos”. Un coordinador de la CRAC se limitó a exigir “un plan de seguridad con su gobierno, conjuntamente con la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Novena Región Militar” (La Jornada, 17 de mayo). ¡He ahí su “cuestionamiento directo al estado” —y su “negativa” a aceptar dinero del gobierno—!

No deja de ser llamativo el entusiasmo de la LTS ante el surgimiento de “nuevos grupos de autodefensa con métodos más radicales que la CRAC, que llegaron a ocasionar la muerte de personas en sus retenes”. La LTS aclara que “la CRAC se ha deslindado de ellas [sic] planteando que obedecen a la política de Aguirre Rivero y que incluso que [sic] pueden estar ligados a grupos criminales” y concluye: “Sin negar la posibilidad de que estos u otros sectores pudieran ser eventualmente cooptados, lo que hoy se ve es que son sectores más decididos a repeler los ataques del narco en sus comunidades”. La LTS no se molesta en explicar a qué grupos se refiere ni a quién mataron, pero en cualquier caso su posición es el colmo de la estupidez reformista, un ejemplo de sed de sangre vicaria —algo fácil de escribir desde alguna oficina en la Ciudad de México— y un llamado velado por linchamientos.

He aquí un ejemplo de ese tipo de “radicalismo”: en enero pasado un “Movimiento Ciudadano” de Atliaca, Guerrero, mató a un joven chofer, Benito García Hernández —a quien ni siquiera se le comprobó delito alguno—. García Hernández fue detenido en un retén y, según estos mismos autonombrados “policías comunitarios”, lo mataron —de tres disparos, uno de ellos a la sien— porque “trató de huir” (La Jornada Guerrero, 25 de enero). “Radical” combate al “crimen”, sin duda. En su celo vigilantista, la LTS por supuesto omite en su artículo cualquier mención de su posición formal por la “legalización de las drogas”.

La opresión de la mujer y los “usos y costumbres”

Al centro de los escritos favorables a la CRAC está el concepto de “usos y costumbres” que sirve de base para las decisiones de ésta. Según estos informes, la CRAC ha implementado un sistema judicial basado en la “reeducación” que contrastaría con el “ojo por ojo” de la “justicia” burguesa. Quizá, pero ello no elimina la arbitrariedad de sus decisiones ni el carácter reaccionario del atraso campesino. El concepto de “usos y costumbres” incluye, entre otros componentes retrógrados, un endoso tácito de la opresión de la mujer, en esencia como propiedad de los maridos, padres o hermanos. Si la condición de la mujer en los países capitalistas más avanzados muestra los límites de libertad y progreso social bajo el capitalismo, en los países de desarrollo capitalista tardío, como México, la aguda opresión y degradación de la mujer está profundamente arraigada en la “tradición” precapitalista y el oscurantismo religioso. Esta opresión alcanza niveles simplemente grotescos en el campo. En Cochoapa el Grande, 90 por ciento de las mujeres son vendidas en matrimonio; en Metlatónoc la cifra alcanza el 40 por ciento. Según el presidente municipal perredista de Cochoapa, “la venta de niñas en esa localidad...[se da] por costumbres y consentimiento social” (La Jornada, 3 de diciembre de 2011). Y la venta de esposas no es, para nada, algo peculiar de Guerrero.

Hace ya unos años, una asamblea de mujeres exigió que la CRAC prohibiera la venta de esposas. No sabemos si la CRAC como tal ha aceptado esa propuesta. Lo que sí sabemos es que entre las “faltas” que castiga con “reeducación” se encuentra la “falta de respeto a los padres” (Jesús Antonio de la Torre Rangel, “Sistema comunitario de justicia de la Montaña de Guerrero. Una historia actual de derecho antiguo”, 2006, en policiacomunitaria.org). ¿Qué hará la CRAC cuando una mujer se niegue a ser vendida, “faltándole” así “al respeto” a sus padres? ¿Qué hará la CRAC cuando una mujer le “falte al respeto” a su marido? ¿Adulterio, prostitución, aborto? No tenemos respuesta a estas preguntas, pero tenemos tan pocas ilusiones en la “justicia” campesina como en la burguesa. Según incluso una de los pocos apologistas de la CRAC que presta atención al tema, “la justicia comunitaria sigue siendo una justicia que no contempla en la práctica los derechos de las mujeres” (María Teresa Sierra, “Las mujeres indígenas ante la justicia comunitaria. Perspectivas desde la interculturalidad y los derechos”, Desacatos No. 31, septiembre-diciembre de 2009).

Los comunistas nos oponemos decididamente a este concepto de “usos y costumbres” que idealiza el atraso campesino. Los revolucionarios son los campeones más consistentes de los derechos democráticos elementales de la mujer, como el aborto legal y gratuito y el “pago igual por trabajo igual”. Al mismo tiempo, entendemos que la opresión de la mujer está arraigada en el sistema capitalista y se propaga a través de la familia, la iglesia y el estado. Por ende, luchamos por la liberación de la mujer mediante la revolución socialista.

¡Por un gobierno obrero y campesino!

La eliminación de la miseria rural y de la ancestral opresión especial de los indígenas requiere una revolución socialista que destruya al estado burgués y erija un estado dedicado a defender a la clase obrera como nueva clase dominante; requiere la expropiación de los expropiadores para encauzar la economía no ya a la producción de ganancias para unos cuantos, sino a la satisfacción de las demandas de la población. La clase obrera, debido a su relación con los medios de producción, es la única con el interés histórico y el poder social para acaudillar a las masas oprimidas en la lucha por la revolución socialista. Los espartaquistas luchamos por introducir esta conciencia en la clase obrera y forjar un partido obrero leninista-trotskista, capaz de dirigir una alianza entre el proletariado industrial urbano y el campesinado pobre. Pero, tanto para la supervivencia misma de la revolución proletaria ante los imperialistas como para efectivamente empezar a eliminar la pobreza en el campo así como en la ciudad, se requiere la extensión internacional de la revolución, especialmente al coloso del norte. Sólo en el contexto de una economía planificada internacional podrá alcanzarse un desarrollo industrial comparable al de los países avanzados; sólo así podrá ponerse fin al aislamiento del campo y hacer disponibles todos los avances tecnológicos, culturales y de toda índole para las masas trabajadoras urbanas y rurales.

En un momento de auge revolucionario —una situación de poder dual— milicias obreras y de campesinos pobres étnicamente integradas, con autoridad reconocida entre las masas de los barrios y los pueblos indígenas, ciertamente lidiarían de manera firme y justa con la violencia lumpen. Mientras tanto, los esquemas de “seguridad ciudadana” bajo el capitalismo son un embuste liberal que sólo sirve para alejar a las masas obreras y oprimidas de la perspectiva de tomar su destino en sus propias manos mediante la revolución proletaria.