Workers Vanguard No. 1159

23 August 2019

 

Puerto Rico

Por un partido obrero revolucionario

¡Abajo la Junta colonial!

¡Por el derecho a la independencia!

Puerto Rico enfrenta una crisis política después de que algunas de las protestas más grandes en su historia forzaron la renuncia del odiado gobernador Ricardo Rosselló el mes pasado. La chispa que encendió la llama fue la filtración del registro de mensajes privados entre Rosselló y sus compinches, los cuales exudaban intolerancia, misoginia y burla hacia los pobres. Para los 3.2 millones de ciudadanos que residen en un territorio que se encuentra bajo la bota de la dominación colonial estadounidense, los agravios van más allá: austeridad brutal, desempleo masivo; y escuelas, hospitales y el sistema de transporte en deterioro. Ahora, los amos estadounidenses, con la ayuda de los políticos burgueses puertorriqueños, están planeando abiertamente intensificar su férreo control sobre su colonia. En primer lugar, están imponiendo los dictados del consejo de control fiscal de Wall Street, conocido como la “Junta”, para hacer pagar a las masas empobrecidas miles de millones de dólares de deuda a los mismos capitalistas estadounidenses quienes arruinaron la economía del país.

Después de cinco días de gobierno del sucesor designado por Rosselló, Pedro Pierluisi, un abogado de la Junta, la nueva ocupante de la mansión del gobernador, La Fortaleza, es la antigua secretaria de justicia Wanda Vázquez, otra compinche de Rosselló. Washington tiene en la mira a Jenniffer González, una partidaria de Trump y comisionada residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de EE.UU., en caso de que Vázquez encuentre oposición generalizada. Vázquez, notoria por encubrir la corrupción del gobierno en su puesto previo, es repudiada por haberse rehusado a investigar el desvío de fondos y ayuda para aliviar los estragos del huracán María. Ese desastre en 2017 estuvo marcado por el desdén criminal y chovinista de los gobernantes estadounidenses hacia los puertorriqueños: más de 4 mil fueron abandonados para morir en la secuela de María y sectores completos de la cadena de islas permanecen devastados hasta ahora.

Desde que se apoderó del territorio caribeño durante la Guerra Hispano-Estadounidense hace 121 años, el imperialismo de EE.UU. ha saqueado Puerto Rico, explotado a sus trabajadores y luego, devastado. Aunque Puerto Rico ha sido designado eufemísticamente desde 1952 como un “estado libre asociado” para dar la ilusión de autogobierno, hasta el día de hoy el gobierno de EE.UU. lleva la batuta, controlando todo desde la moneda y las comunicaciones hasta las relaciones comerciales y los embarques. Esta subyugación colonial es una versión actual de white man’s burden [la carga del hombre blanco], por la cual la potencia imperialista blanca domina a sus súbditos de piel oscura con la excusa de “civilizarlos”. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses de segunda clase, y aquellos que viven en Puerto Rico están privados de voto en las elecciones federales (incluso su representante en el congreso no tiene voto oficial) pero son mantenidos por completo como rehenes del poder federal, incluyendo al FBI y el ejército. Exigimos: ¡Todas las tropas y agentes federales de EE.UU. fuera de Puerto Rico ahora!

Esperando apaciguar la agitación reciente y volver a la normalidad, demócratas y republicanos llamaron a Rosselló a dimitir. El 2 de agosto, la Casa Blanca anunció que suspendería, a manera de castigo, 8 mil millones de dólares en ayuda federal a Puerto Rico debido a los disturbios políticos. Mientras que Trump es una personificación abierta de la arrogancia racista y la avaricia capitalista, los demócratas representan a la misma clase imperialista dominante. Fue Barack Obama quien implementó la ley PROMESA de 2016 mediante la cual se nombró al consejo de control fiscal de banqueros y directores de empresas, extraídos de compañías que se han beneficiado directamente de décadas de estafas financieras, para seguir desangrando y matando de hambre a Puerto Rico. Declarando cerca de 74 mil millones de dólares sólo en bonos de deuda, la junta es una agencia tiránica de recaudación para los acreedores buitres y toma sus decisiones a puerta cerrada.

Aunque algo de calma ha regresado a las calles por ahora, los puertorriqueños están más que hartos. Lo que es vital es que la clase obrera emerja como líder de los desempleados, los estudiantes y todos los oprimidos del país, particularmente las mujeres quienes sufren de violencia y un estatus degradado. La clase obrera es la fuerza con el poder social y el interés histórico para poner fin tanto a la opresión colonial como a la miseria capitalista mediante la revolución socialista.

Los obreros en EE.UU. y en Puerto Rico comparten un enemigo de clase en común: los gobernantes capitalistas estadounidenses. También hay un vínculo de carne y hueso: los puertorriqueños constituyen un componente clave de la clase obrera organizada en varias ciudades de EE.UU., donde son sujetos a abuso racista por las fuerzas del estado capitalista. La clase obrera estadounidense debe tomar lado con sus hermanos y hermanas de clase y exigir: ¡Cancelar la deuda de Puerto Rico! El oponerse al sistema entero de peonaje de deuda respondería a la ira justificada de los puertorriqueños sobre las maquinaciones secretas de la Junta, la cual se rehúsa a divulgar sus planes de austeridad.

Favorecemos la independencia de Puerto Rico como parte de nuestra oposición al imperialismo estadounidense. Al mismo tiempo, estamos conscientes de que la mayoría de los puertorriqueños se sienten ambivalentes sobre la independencia. Al tiempo que detestan su estatus colonial y tienen un fuerte sentido de nacionalidad, se les permite vivir y trabajar legalmente en EE.UU., como lo hacen más de 5 millones, sin la misma amenaza de deportación o detención por el I.C.E. que enfrentan los inmigrantes latinos. Debería ser decisión de las masas puertorriqueñas decidir cómo quieren ejercer su autodeterminación nacional. Por tanto, insistimos en el derecho a la independencia de Puerto Rico.

Nuestro objetivo es construir un partido leninista de vanguardia en Puerto Rico que pueda intervenir en las luchas en contra de la opresión colonial, luchando por dirigirlas no sólo contra los amos estadounidenses, sino también contra sus lacayos burgueses locales, con la meta de establecer el dominio de la clase obrera. Sólo el proletariado en el poder puede comenzar a sentar las bases materiales para emancipar a las masas puertorriqueñas de la subyugación imperialista.

Una república obrera puertorriqueña enfrentaría enormes obstáculos y enemigos poderosos, centralmente la burguesía estadounidense. El dominio proletario en Puerto Rico tendría que ser extendido internacionalmente. Lo que se plantea es forjar partidos leninistas en el centro imperialista y en todo el Caribe como parte de una internacional revolucionaria. Un partido obrero multirracial en EE.UU. ganaría a los obreros estadounidenses a avanzar las luchas por la liberación nacional de Puerto Rico que son indispensables para derribar el orden capitalista en casa.

Por una perspectiva de lucha de clases

La consigna popular de protesta “que se vayan todos” era una expresión de la intensa desconfianza hacia los títeres leales a Washington, incluyendo tanto al gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), partidario de la anexión como estado, como al históricamente partidario del “estado libre asociado” Partido Popular Democrático (PPD). La alcaldesa de San Juan del PPD, Carmen Yulín Cruz, participó en las manifestaciones, declarando su oposición a la corrupción y a la Junta. Pero por más de seis años como jefa del ejecutivo de la capital, ella ha supervisado las medidas de austeridad y comanda la fuerza policial represiva de San Juan. Cruz, quien ha sido blanco de la cólera de Trump y copresidenta de la campaña de Bernie Sanders, está promocionándose como una populista para capitalizar el descontento generalizado hacia su aspiración electoral para ser gobernadora en 2020.

Muchos políticos de los dos principales partidos en Puerto Rico están directamente afiliados a los partidos burgueses estadounidenses que dominan lo que consideran su “patio trasero” colonial. (Rosselló y Cruz son ambos demócratas.) En EE.UU. los demócratas “progresistas” como Sanders apuntan a renovar la imagen del partido y con eso manejar la misma maquinaria de dominación imperialista. Un obstáculo importante para que la clase obrera se movilice en su propio interés es la mentira de que los demócratas —quienes mantienen el mismo orden dirigido por las ganancias como los republicanos— pueden ser presionados para actuar en nombre de los explotados y los oprimidos. Esta estrategia es promovida por gran parte de la izquierda y la burocracia sindical, esta última constituye un estrato del Partido Demócrata.

En Puerto Rico durante los últimos años las movilizaciones masivas de estudiantes, maestros y otros, así como las huelgas obreras, han sido llevadas a cabo en contra de amenazas de privatización, cierre de escuelas, robo de pensiones y recortes presupuestales. Los sindicatos UTIER de trabajadores electricistas y FMPR de maestros han estado en la primera línea de las protestas contra la destrucción de los sindicatos y los recortes, y ambos jugaron un papel en el paro de un millón de personas el 22 de julio para destituir a Rosselló. Pero en vez de colocarse a la cabeza de las masas oprimidas y desposeídas, el proletariado fue disuelto en “el pueblo” por sus falsos líderes sindicales, lo cual sirve para desaparecer el poder social único de la clase obrera, cuyo trabajo hace funcionar a la sociedad.

Los dirigentes sindicales contienen a la clase obrera combativa con la noción nacionalista de que “todos somos puertorriqueños”, lo que se traduce en unidad con los capitalistas locales y sus representantes políticos. Después de la toma de protesta de Vázquez como gobernadora, una formación de sindicatos, que incluía a UTIER y FMPR, publicó una apelación formal al gobierno. Un comunicado de prensa del 17 de agosto describe cómo los líderes sindicales llamaron al nuevo gobierno a “definir una posición de defensa de los intereses del pueblo puertorriqueño frente a la Junta de Control Fiscal” y “se atiendan los reclamos de justicia laboral y social”.

Las masas trabajadoras no tienen nada en común con el gobierno capitalista. Lo que se requiere es una dirección de lucha de clases de los sindicatos que actúe con esta perspectiva, oponiéndose a todos los políticos y partidos que apoyan al capitalismo —desde el PNP y el PPD hasta el Partido Independentista Puertorriqueño pequeñoburgués—. Tal dirección estaría comprometida con ayudar a construir un partido obrero revolucionario.

Una perspectiva nacionalista también se puede ver en las apelaciones frecuentes a los policías como compañeros trabajadores y víctimas de los recortes presupuestales. La policía, conocida como “la uniformada”, no es un conjunto de trabajadores o de aliados potenciales, sino una parte central del estado burgués. Su papel es el de rompehuelgas, y sus asociaciones no tienen lugar en el movimiento sindical. Incluso si vienen de un origen pobre u obrero, los policías son los violentos encargados del funcionamiento del sistema de subyugación colonial y los matones de los patrones. Cuando los policías se movilizan por salarios y pensiones, lo hacen para estar en mejores condiciones para reprimir. Desde sus orígenes en 1899, el año después de que el ejército de EE.UU. invadió y tomó posesión del país, la policía puertorriqueña ha ayudado a mantener a los súbditos coloniales de Washington bajo su bota, incluyendo la guerra sangrienta de décadas contra los independentistas.

En medio de la crisis actual, algunos izquierdistas han impulsado alternativas que simplemente buscan reformar el orden colonial y el dominio capitalista. Tal es el caso de los reformistas alrededor de la publicación estadounidense Left Voice, afiliada a la Fracción Trotskista-Cuarta Internacional. Aunque afirman oponerse al régimen colonial y estar por la revolución socialista, Left Voice plantea la convocatoria por una “asamblea constituyente libre y soberana” que “permitiría a la clase obrera, al calor de la lucha, desarrollar sus propios cuerpos de autoorganización” (“A Revolutionary Perspective for Puerto Rico” [Una perspectiva revolucionaria para Puerto Rico], 3 de agosto). Ellos afirman que una asamblea constituyente “debe discutir y tomar decisiones democráticas sobre las grandes transformaciones estructurales que requiere el país para imponer su liberación nacional, terminar con el saqueo imperialista y reconstruir su economía”.

De hecho, el llamado por una asamblea constituyente es un obstáculo para que la clase obrera desarrolle el tipo de conciencia y organización revolucionaria de clase necesarias para su propia emancipación. Una asamblea constituyente es un gobierno burgués, y su llamado ha sido usado históricamente para descarrilar la revolución proletaria. Sólo después de que la clase obrera haya tomado el poder estatal y establecido un gobierno obrero podrá decidir cómo reconstruir la sociedad para beneficio de la vasta mayoría de la población, incluyendo la provisión de empleos, así como de vivienda, educación y servicios de salud de calidad.

En última instancia, sólo la extensión internacional de la revolución socialista puede satisfacer las necesidades básicas de las masas: el fin de la pobreza, libertad del yugo imperialista, igualdad social para las mujeres y otros estratos profundamente oprimidos como los gays y los transexuales. Para nosotros en las entrañas de la bestia imperialista estadounidense, la lucha por la liberación nacional de Puerto Rico es especialmente importante. Como enfatizan las “21 condiciones” de membresía en la entonces revolucionaria Internacional Comunista, adoptadas en 1920, es el deber de los comunistas “apoyar todo movimiento de liberación nacional en las colonias no sólo en palabras sino en los hechos”. Esta tarea incluye infundir “en los corazones de los trabajadores de su país una actitud verdaderamente fraterna hacia el pueblo trabajador en las colonias y hacia las naciones oprimidas”.